SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Detenido un hombre por estafar 50.000 euros al hacerse pasar por arquitecto y prometer legalizar obras en suelo protegido del sureste de Madrid
La Guardia Civil le atribuye un delito continuado de estafa y cuatro delitos urbanísticos por actuar en parcelas de Chinchón, Colmenar de Oreja y Valdilecha
Agentes de la Guardia Civil. / Archivo
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La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de estafar cerca de 50.000 euros a propietarios de parcelas situadas en terrenos no urbanizables de protección en los municipios madrileños de Chinchón, Colmenar de Oreja y Valdilecha, a quienes ofrecía supuestas gestiones para legalizar obras.
Según ha informado la Guardia Civil, el investigado, residente en Madrid, comenzó en 2022 a ofrecer servicios técnicos, administrativos y de intermediación para la legalización de construcciones y la actualización de expedientes urbanísticos en este tipo de suelos, donde la edificación de viviendas está prohibida o fuertemente restringida.
El detenido aseguraba falsamente a los propietarios que podía obtener licencias urbanísticas o tramitar declaraciones responsables válidas para las obras. Para ello, cobraba cantidades económicas por actuaciones que, según la investigación, carecían de título habilitante y se habían ejecutado sin licencia urbanística ni declaración responsable válida.
Al arrestado se le atribuyen un delito continuado de estafa y cuatro delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. La investigación forma parte de la denominada operación Cimientos, desarrollada por la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid contra la proliferación de construcciones ilegales en distintos municipios de la región. Esta operación, realizada en varias fases con el apoyo de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, ha permitido en los últimos cinco años investigar o detener a 291 personas como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio.
La Guardia Civil recuerda que las construcciones ilegales contribuyen al deterioro del medio natural, dificultan una adecuada gestión de vertidos y residuos y pueden suponer un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente cuando se levantan en zonas inundables o con peligro de incendios.
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