COMUNIDAD DE MADRID
La Consejería de Educación y las profesionales de Infantil se reúnen sin visos de acuerdo: "No creemos que se desconvoque la huelga"
El Gobierno madrileño traslada al Ministerio la responsabilidad de bajar las ratios mientras las educadoras denuncian falta de voluntad política de la administración regional

Concentración de educadoras infantiles madrileñas en huelga indefinida frente a la Consejería de Educación. / Marcos Villaoslada - EFE

Cuando la huelga indefinida que vienen protagonizando las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid ha entrado ya en su séptima semana, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno regional, Mercedes Zarzalejo, recibe esta tarde a representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), la entidad que, con el respaldo del sindicato CGT, sostiene el paro en los centros con alumnos de entre 0 y 3 años. Una reunión a la que Zarzalejo se comprometió el pasado jueves en un vídeo publicado en redes sociales y del que no se prevé que salga un acuerdo para la desconvocatoria de la huelga.
Desde la Consejería se traslada que las principales reivindicaciones de las educadoras atañen a cuestiones que, entienden, son competencia del Ministerio, como la bajada de ratios -el número de alumnos por aula-, o que dependen, en el caso de las mejoras salariales, de la negociación colectiva entre sindicatos y patronal. En la Plataforma entienden, por el contrario, que la Consejería tiene mucho más margen de maniobra. "Estamos contentas de que al final [la consejera] haya reconocido que tiene que escuchar lo que tenemos que contar, pero la expectativa no es muy alta", señala Lucía Martínez, una de sus portavoces. "La desconvocatoria de la huelga dependerá de lo que proponga, pero no creemos que sea hoy".
Las educadoras infantiles madrileñas iniciaron el pasado 7 de abril una huelga indefinida por la "dignidad" de su profesión. Reclaman, entre otras cuestiones, además de la bajada de ratios y una mejora de los sueldos, en algunos casos el salario mínimo interprofesional, el establecimiento de la pareja educativa, es decir, la presencia de dos educadoras en cada aula; el reconocimiento de su categoría profesional como personal docente en lugar de personal laboral, o la adopción del calendario escolar que rige el segundo ciclo de Educación Infantil (alumnos de 3 a 6 años). A diferencia de los colegios, las escuelas infantiles abren en el mes de julio.
En cuanto a las ratios, el decreto de mínimos de la Comunidad de Madrid, en vigor desde 2008, establece que debe haber un máximo de ocho niños por aula de 0-1 años; 14 por aula de 1-2 años, y 20 por aula de 2-3 años. La Plataforma entiende que son condiciones incompatibles con un trato personalizado para las "criaturas", como les gusta referirse a los alumnos, y abogan por ratios más alineadas con otros países europeos: cuatro bebés, seis niños de 1-2 años y ocho niños de 2-3 años.
"Fuimos la primera administración que nos reunimos con representantes de este colectivo", alegaba ayer Zarzalejo en referencia a una reunión mantenida el pasado 25 de marzo, no con ella sino con el director general de Educación Infantil, Primaria y Especial. "Escuchamos sus reivindicaciones y hemos estado seis semanas trabajando en reuniones con sindicatos y con la patronal, con los firmantes del convenio colectivo nacional que regula sus condiciones de trabajo, hemos revisado las contrataciones que dependen de la Comunidad de Madrid en gestión indirecta y hemos solicitado dos veces reunirnos con la ministra de Educación. [En la reunión de este jueves] daremos cuenta de todos estos nuevos avances".
Negociación colectiva
En relación con las mejoras salariales se entiende en la Comunidad de Madrid que es una cuestión de la negociación colectiva. La red de unas 400 escuelas infantiles públicas de la región se divide entre las que gestiona directamente la Comunidad y las que se gestionan de manera indirecta vía contratación, y las condiciones son muy distintas entre unas y otras. Las educadoras y maestras de las escuelas de gestión directa tienen sueldos hasta 500 euros superiores de media. Las de gestión indirecta se rigen básicamente por el convenio colectivo, que se firmó el pasado junio, con una mejora en las tablas salariales.
Desde la Comunidad se defiende que este año se han elevado un 9% los módulos de financiación en la red de gestión indirecta según se van licitando nuevos pliegos para, entre otras cuestiones, que los adjudicatarios hagan frente a las actualizaciones salariales. La cuestión, trasladan desde la PLEI, más allá de que sigue siendo un salario que no se ajusta a su desempeño (1.432,22 euros), es que esa mejora no está llegando a algunas trabajadoras de escuelas indirectas con pliegos licitados antes de la mejora del convenio colectivo y aún vigentes o prorrogados. La diferencia viene a ser de unos 200 euros en algunos casos en los que se sigue abonando el salario mínimo interprofesional.
"El problema no es con la Comunidad de Madrid", mantiene Zarzalejo. "Las posturas que se tendrán que acercar o alejar son las de este colectivo [la Plataforma] con los sindicatos representativos que fueron parte firmante con la patronal del convenio colectivo". La Plataforma reclama, en cualquier caso, que las administraciones, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, que gestiona su propia red de escuelas infantiles, en su caso todas de forma indirecta, no prorroguen los contratos firmados con pliegos anteriores a la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo.
El otro gran choque tiene que ver con el número de alumnos por aula. "Desde la modificación, en 2020, de la Ley Orgánica de Educación [la LOMLOE] las ratios del primer ciclo de Educación Infantil son competencia del Estado", sostiene la consejera madrileña. "Desde entonces, nosotros no podemos modificar nuestro decreto de 2008". En ese sentido remitió una carta al Ministerio de Educación hace unas semanas. Desde Madrid se pide la convocatoria de una conferencia sectorial en que se aborde con las comunidades el asunto de la bajada de ratios y de su financiación.
"La consecuencia directa de la bajada de ratios es la pérdida de plazas, y no estamos dispuestos a perderlas", señalaba ayer Zarzalejo. "La creación de nuevas plazas conlleva una financiación y la Comunidad de Madrid ha hecho un gran esfuerzo económico. El Ministerio tiene que ayudarnos a las comunidades autónomas, es su obligación financiar este tipo de ayudas".
"Voluntad política"
El mismo día que las educadoras madrileñas iniciaron su huelga el pasado 7 de abril, con una concentración de unas 1.000 personas vestidas de amarillo ante la sede del Ministerio de Educación, la ministra Milagros Tolón invitó a sus portavoces a subir a su despacho y se comprometió a estudiar una bajada de ratios. Desde entonces, representantes de la Plataforma y del Ministerio han mantenido algunas reuniones. En un comunicado, el 21 de abril, el Ministerio anunciaba que iniciaría los trabajos para revisar las ratios del 0-3 antes de verano.
"Hasta entonces, es competencia de las comunidades autónomas establecer las ratios en esta etapa educativa", se añadía en la nota. "No hacerlo se debe exclusivamente a una falta de voluntad política".
Es la misma falta de voluntad política que la PLEI achaca a la consejera madrileña. "Lo que dice la LOMLOE es que el Gobierno determinará las ratios 'en colaboración con las comunidades autónomas'. Y, en cualquier caso, claro que se pueden mejorar. En otras comunidades las ratios están mejoradas. El propio Ayuntamiento de Madrid las mejora", insiste Martínez.
El consistorio de la capital establece en sus pliegos de contratación la obligación de respetar una proporción máxima de ocho bebés, 13 alumnos de 1-2 años y 16 alumnos de 2-3 años por aula, además de fijar la presencia de pareja educativa, dos educadoras por aula. La pareja educativa está contemplada en las escuelas de la red autonómica de gestión directa, pero no se establece como requisito en los pliegos de contratación para la gestión indirecta.
Así las cosas, no se prevé que de la reunión de hoy emerja algún acuerdo. La Plataforma ha convocado una concentración a las puertas de la Consejería mientras se desarrolle la reunión. Y hay también prevista para el sábado una marcha desde Atocha hasta la Puerta del Sol a la que acudirán educadoras infantiles desde otras comunidades autónomas. "Se están fletando autobuses, y esperamos que sea algo potente", avanza Martínez.
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