Los ocho encausados por las protestas de La Vuelta en Becerril de la Sierra piden que se archive su causa y acusan al Gobierno de "hipocresía"

'Las 8 de Becerril', como se denominan las activistas de la Asamblea de Vivienda de Villalba encausadas por las protestas pro palestina durante La Vuelta Ciclista España de 2025 a su paso por el municipio madrileño de Becerril de la Sierra, han exigido el archivo de la causa contra ellos y han acusado al Gobierno de "hipocresía" por animar al "boicot" pero permitir que se les investigue.

En una rueda de prensa este miércoles frente a la Fiscalía General del Estado, tres de los ocho encausados han anunciado la campaña 'Las 8 de Becerril' puesta en marcha desde la Asamblea de Vivienda de Villalba y un 'crowdfunding' para intentar recaudar "mínimo" 20.000 euros para cubrir costes del proceso judicial.

Su abogado, Diego Redondo, ha denunciado que la causa supone un "escarmiento" contra las protestas propalestinas y que puede acarrear "importantes penas de prisión". También ha detallado que el próximo 21 de octubre han sido citados a declarar en un juzgado de Collado Villalba, remarcando que niegan los hechos de manera rotunda. "Estamos preparados para lo peor y esperamos lo mejor", ha asegurado Pablo González, que fue detenido en la jornada del pasado 13 de septiembre, en la penúltima etapa de La Vuelta Ciclista España.

González ha asegurado que su detención fue arbitraria y que la Guardia Civil empleó la fuerza: "Me detuvieron a mí como podrían haber detenido a cualquier compañera. Tengo mi parte de lesiones y en la detención me aplastaron la cara contra la cuneta y me rompieron las gafas". Los hechos, según han recordado, se enmarcaron dentro del boicot contra el equipo Israel Premier Tech durante la competición ciclista. Concretamente, en las acciones llevadas a cabo por distintos grupos, dos personas de descolgaron de un puente con una pancarta y "unas cien" cortaron la carretera.

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Un "juicio político"

El abogado ha asegurado que se trata de "un juicio político", aunque ha insistido en que no ha sido politizado por su parte, sino por la de "un Estado hipócrita que anima al boicot y la movilización y luego encausa a activistas", en sus casos por presuntos atentado y resistencia contra la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos.

De esta manera, han criticado unánimemente la "hipocresía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "instó al boicot, pero solo al que él quería", y han asegurado que, "dadas las circunstancias", harán del juicio algo político. También han defendido que las protestas fueron pacíficas y que la "desobediencia civil" es una "herramienta en cualquier democracia". Por ello, han exigido el sobreseimiento y archivo de la causa.

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Daniel Canales, miembro del área de investigación de Amnistía Internacional España, ha asegurado que "protestar no es un delito" y ha mostrado su esperanza de que "este procedimiento no tenga más recorrido". Respecto a la aprobación de una ley en la Asamblea de Madrid que permitiría a la Comunidad presentarse como acusación particular en casos como los disturbios de La Vuelta de 2025, el letrado ha asegurado no tener constancia de que el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso tenga "intención de personarse como acusación" y ha dicho que "las palabras solo fueron un titular político". En esta línea, ha reiterado que, de ser así, "sería otra limitación más del derecho a la protesta". "Sabemos lo que se hizo", ha concluido Redondo.