Ayuso gana el primer asalto en la batalla judicial sobre la declaración como Lugar de Memoria de la Real Casa de Correos

La Comunidad de Madrid ha celebrado como una victoria la decisión conocida este lunes de la Audiencia Nacional de suspender cautelarmente la declaración como Lugar de Memoria Democrática de la Real Casa de Correos, pero esa victoria está lejos de ser definitiva. El Gobierno ha anunciado que recurrirá la resolución, pero más allá de que ese recurso prospere, lo que ha hecho la Audiencia Nacional es aceptar la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid, no se ha pronunciado aún sobre el fondo del asunto. Sobre ello penden, además, otros dos recursos, uno de la Comunidad de Madrid y otro del Gobierno, en el Tribunal Constitucional.

La cuestión es otro de los frentes abiertos entre las dos administraciones. Al amparo de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno inició en octubre de 2024 los trámites para declarar como Lugar de Memoria la extinta Dirección General de Seguridad (DGS), órgano franquista responsable de torturas a centenares de opositores al régimen que tuvo su sede en el edificio que desde 1985 acoge la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Desde el Gobierno de Ayuso se entendió como un ataque directo, un intento de vincular de alguna manera al Ejecutivo regional y a la propia presidenta madrileña con la represión franquista. Por ello se inició una triple ofensiva política, legal y judicial contra esa declaración, que entre otras cuestiones conlleva la instalación de "placas, paneles o algún distintivo memorial interpretativo".

Entre las acciones emprendidas por la Comunidad de Madrid se presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el acuerdo de incoación del expediente. Se entendía desde la administración regional que invadía competencias autonómicas y que, en cuanto titular del bien, corresponde exclusivamente a la Comunidad de Madrid, no al Gobierno, proceder a tal declaración. Ese recurso, admitido a trámite en marzo de 2025, está pendiente de resolución.

Por otro lado, desde el Ejecutivo de Ayuso se buscó un blindaje legal del edificio introduciendo durante la tramitación de una ley sobre mejora de la gestión pública una enmienda para añadir un artículo para establecer expresamente que que la instalación permanente de cualquier placa o distintivo en la Real Casa de Correos “requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

Contra esa reforma legal fue el Gobierno central el que planteó un recurso ante el Constitucional, admitido a trámite en abril del año pasado y también pendiente de pronunciamiento.

Entretanto, el expediente incoado en octubre de 2024 se dio por concluido en octubre de 2025. Fue entonces cuando la Comunidad de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional al entender que había transcurrido el plazo de un año contemplado en la ley para su resolución.

La apertura del expediente se realizó el 16 de octubre de 2024 y se publicó en el Boletín Oficial del Estado del día 24 de ese mes. El cierre con que se declaraba la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria ocurrió el 20 de octubre de 2025, con publicación en el BOE del 22 de octubre. La Comunidad de Madrid apunta a que las fechas a considerar son las de apertura y cierre del expediente; el Gobierno alega que son las de publicación de uno y otro acto en el BOE.

Mientras se resolvía el recurso, la Comunidad de Madrid solicitaba como medida cautelar la suspensión del acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por el que declaraba la Real Casa de Correos Lugar de Memoria Democrática. Esa suspensión cautelar es la que ha concedido la Audiencia Nacional, aunque todavía no se ha pronunciado sobre el fondo. Tampoco lo ha hecho el Tribunal Constitucional en relación con los recursos planteados por ambas administraciones.

La batalla política

El pulso legal, por tanto, sigue abierto, al tiempo que al sacudir de estos vaivenes se recrudece la batalla política. Desde el Gobierno se aduce que un distintivo en la fachada de la Real Casa de Correos que recuerde que allí estuvo la DGS no interfiere ni en la actividad administrativa ni en la imagen de la institución que hoy tiene en el edificio su sede, esto es la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Se trata de hacer justicia con las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar. Toda persona que se considere demócrata debería defender que sea Lugar de Memoria, aunque sea por humanidad", tuiteaba este lunes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Replicaba la propia Ayuso en su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Madrid. "A mí lo que me parece profundamente inhumano es anular a las víctimas de una parte de una contienda entre hermanos”, señalaba en alusión a la Guerra Civil, "y que pretendan de esta manera repartir carnés de humanos y de demócratas y borrar a la mitad de las víctimas".

"Me parece profundamente sectario, y más en una región donde hubo más de 15.000 víctimas. Si empezamos así, no pararíamos con el Frente Popular", añadía, dispuesta a no ceder a nadie su posición en vanguardia a la hora de plantear la guerra cultural contra el Gobierno y la izquierda en el mismo discurso en que llamaba a su tropa a defender gestión "pero también unos valores que sustentan esta forma liberal de ver la vida".