El crimen del parque Paraíso reabre la herida de San Blas: drogas, deterioro y años de quejas vecinales

El parque Paraíso hace mucho tiempo que dejó de hacer honor a su nombre, cada vez más degradado por el trapicheo de drogas, el consumo y la suciedad acumulada. El asesinato de hace dos semanas, cuando un joven de 20 años murió apuñalado en el pecho tras una discusión por drogas ha encendido la alarma mediática y política por la violencia callejera. Sin embargo, para los vecinos de la zona no se trata de un episodio aislado, sino la expresión más extrema de un problema que lleva años enquistado en el entorno de Simancas y San Blas.

“El problema no es el parque, es el barrio”, resume Vicente Pérez, presidente de la Plataforma Vecinal San Blas-Simancas. Según este portavoz vecinal, problemáticas como el tráfico y consumo de droga en el parque, los narcopisos en los edificios, la suciedad y la basura abandonada en las calles y la falta de cuidado urbano vienen a sumarse a la vulnerabilidad social, ofreciendo el retrato de uno de los distritos más degradados y "abandonados" de la capital.

"Estamos hablando de uno de los barrios más vulnerables de Madrid", lamenta Pérez, con "más analfabetismo, más paro y los peores indicadores socioeconómicos". Se trata, pues, de "una acumulación de problemas", subraya el presidente de la plataforma, en el que la seguridad es uno más, aunque no el principal. "La seguridad es un problema, pero yo creo que eso también se magnifica demasiado", defiende Pérez. Recuerda que el parque sigue lleno de vecinos por las tardes, con gente paseando, corriendo o en bici, y defiende que el foco debería ponerse en “la degradación” y en esta sucesión de factores que han ido castigando al barrio.

El propio Ayuntamiento de Madrid incluye a Simancas y Gran San Blas dentro de sus Planes Integrales de Barrio y sitúa a San Blas-Canillejas como el duodécimo distrito más vulnerable de la ciudad por su composición social y nivel económico. Para Pérez, esa vulnerabilidad explica que la situación no pueda resolverse solo con más patrullas en las calles. Son necesarias, apunta el portavoz, políticas de prevención de la drogodependencia y de reinserción, además de más inversión en educación, sanidad y servicios sociales.

Aquí es donde el crimen del parque ha vuelto a abrir una grieta entre las administraciones madrileñas. Tras el asesinato, la Delegación del Gobierno en Madrid convocó una reunión con Ayuntamiento, Comunidad y asociaciones vecinales para abordar un plan integral en el entorno del parque, a la cual el Ejecutivo regional no acudió. Su argumento fue que la seguridad ciudadana corresponde “de manera directa y exclusiva” a la Delegación del Gobierno y que la convocatoria buscaba “eludir” responsabilidades.

La Delegación, por su parte, anunció que aumentará entre un 8% y un 10% la plantilla policial en San Blas-Canillejas durante 2026, pero, en la misma línea que los vecinos, insistió en que la solución no puede limitarse al refuerzo de agentes. El delegado, Francisco Martín, defendió que hacen falta medidas sanitarias y sociales que dependen del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Días después, Delegación remitió cartas a ambas administraciones para pedir “información actualizada” sobre las actuaciones previstas o en marcha en el entorno del parque.

Desde Cibeles, el alcalde José Luis Martínez-Almeida acusó al delegado de llegar tarde y de intentar “diluir responsabilidades”. El regidor reclamó que “ponga en la calle a Policía Nacional” y sostuvo que el Ayuntamiento ya cuenta con un plan para el parque Paraíso, aunque con una pata “coja”: la seguridad ciudadana, que atribuye al Gobierno central. La concejala del distrito, Almudena Maíllo, también pidió “más presencia policial inmediata”, aunque reconoció que en la zona se ha incrementado la sensación de inseguridad por consumidores de droga, trapicheo y narcopisos, y aseguró que el Ayuntamiento trabaja desde 2023 en medidas urbanísticas, intervención social y atención a drogodependencias.

Los vecinos, mientras tanto, ven el intercambio de reproches con cansancio. Para Pérez, "el dato más importante es que la Comunidad no apareciera" en el encuentro a cuatro bandas, pese a estar invitada. "Se borró de la reunión diciendo que los temas de seguridad no son competencia suya", critica, "pero es que la reunión no era solo para hablar de seguridad". También reprocha al Ayuntamiento que enviara a la concejala de distrito sin capacidad suficiente para comprometer medidas en áreas clave. “Una persona que está gobernando una ciudad no puede ir a una reunión para oír”, zanja.

La Plataforma Vecinal San Blas-Simancas reclama un plan con las tres administraciones, inspirado en experiencias anteriores de coordinación institucional frente a la drogodependencia. Su presidente recuerda que en los años ochenta ya hubo un programa conjunto en el que participaron administraciones gobernadas por partidos distintos y que, sostiene, permitió poner en marcha medidas que funcionaron.

Su queja es que ahora la bronca política bloquea cualquier intento de respuesta compartida. El asesinato del 5 de mayo ha colocado de nuevo a San Blas en los titulares, pero en el barrio la demanda va más allá de una reacción puntual tras un crimen. La Plataforma mantiene reuniones abiertas todos los martes y ha convocado una manifestación para el 28 de mayo. “Vamos a continuar la denuncia, la presión y la movilización”, advierte Pérez.