De los desahucios masivos al alquiler imposible, 15 años del 15M en materia de vivienda: "Los techos son para vivir, no para especular"

15 años después de que la Puerta del Sol se erigiera en epicentro de la contestación ciudadana del 15M, la crisis de la vivienda continúa simbolizando una de las principales fracturas sociales en nuestro país. Lo que en 2011 supuso una denuncia contra los desahucios y la especulación inmobiliaria, ha derivado década y media después en un escenario marcado por la mercantilización del espacio urbano y una progresiva expulsión de residentes de los barrios tradicionales. Distritos como Lavapiés, Malasaña o Tetuán han experimentado la gentrificación, mientras el precio medio del alquiler no ha dejado de crecer muy por encima de los salarios. Pese a los avances normativos y la incorporación del debate sobre el derecho a la vivienda en la agenda institucional, plataformas vecinales y organizaciones de inquilinos sostienen que las reivindicaciones que emergieron en las plazas en 2011 siguen vigentes en una capital donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido, para amplias capas de la población, en una aspiración imposible.

“Fue tremendo, horrible. Cada día te enterabas de un nuevo desahucio. Aquí y allá. Gente que abandonaba sus hogares con las pocas bolsas que podían cargar. Al principio sentíamos impotencia, no sabíamos qué hacer, pero poco a poco surgió la resistencia. Se creó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la que la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) tuvo un importante papel. Empezamos a organizarnos, a derivar familias a las asambleas y a aprender a defendernos, a encarar aquellos dramas”, relata Quique Villalobos, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM. Estuvo al pie del cañón desde, prácticamente, el primer día. Con precaución, esperanza y curiosidad al mismo tiempo, dice, comenzó a participar en reuniones y asambleas: “Entendí que era una buena oportunidad de reclamar un cambio en nuestra sociedad, imprescindible aún a día de hoy”. Llegaron las concentraciones frente a los desalojos, las negociaciones con la comisión judicial y enfrentamientos continuos con la policía, que Villalobos recuerda “con dolor”. 

“Una de las peores etapas de nuestra democracia, en la que el Estado no estuvo a la altura de las circunstancias, posicionándose del lado de los bancos y dejando a la gente tirada cuando más lo necesitaba”, reivindica. Fue tras aquella acampada en la Puerta del Sol cuando las agrupaciones en barrios comenzaron a representar un referente para el movimiento: “Mucha gente volvió a creer que la organización colectiva mueve montañas”. Según defiende, los desahucios no se han erradicado, sino que se han trasladado a los alquileres: “Ha sido una sangría continua. De los 50.000 en 2010 a los más de 70.000 en toda España, la evolución fue creciente. Hasta 2017 no bajaron de 65.000 anuales. En la capital han descendido, pero nunca menos de 1.700 al año. Con la caída del Escudo Social el mes pasado todo va a cambiar. Nos espera un recrudecimiento del problema en la segunda mitad del año. La sociedad actual criminaliza a las personas que sufren estos desalojos, con campañas mediáticas pagadas por empresas de seguridad”.

Desalojos invisibles

La victoria de la FRAVM en estos 15 años se traduce en las más de 300 iniciativas barriales presentes en iniciativas y negociaciones con las administraciones: “Eso es lo que ha posibilitado que existan huertos urbanos, una contestación a las talas masivas, a las terrazas desaforadas, a los macroconciertos y la eventificación de la ciudad, a planes urbanísticos, etcétera”. La crisis de la vivienda tiene una base económica que deja fuera a quien no puede asumir el coste, llevándose por delante primero a quienes menos recursos poseen. Villalobos tiene claro que, de producirse un movimiento similar al de hace 15 años, las reivindicaciones cambiarían: “La creación de un gran parque de vivienda pública, social y asequible hasta alcanzar estándares europeos. También la imposibilidad de descalificación de vivienda protegida o la puesta en el mercado de las que estén vacías, la prohibición de los desahucios sin solución habitacional, el control de precios o la regulación de las viviendas de uso turístico y los alquileres temporales”. 

“El perfil del inquilino también se ha transformado desde entonces. Durante la crisis inmobiliaria, los malos de la película eran los bancos que se quedaban con las viviendas y quien se movilizaba era el bueno. Desde 2015 se empezó a demonizar la figura del okupa mediáticamente, generando un estigma en el imaginario colectivo y llevándola a la del inquilino a través del término inquiokupa, que da a entender que vivimos a costa de los propietarios”, defiende Carlos Castillo, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Actualmente, cree, hace falta una movilización masiva por el derecho a la vivienda, que se desborde y exija un cambio real de modelo en las instituciones: “Todo esto beneficia a unos pocos frente a la explotación de otros muchos. La vivienda tiene que ser para vivir, no para especular”. También presente en las primeras asambleas, recuerda que el alquiler no estaba entre los problemas principales: “No hablábamos de ello. Los precios eran más o menos asequibles y se encontraba una alternativa fácilmente”. 

“Lo eran los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias. Quienes la solicitaron antes de 2008 con condiciones que se tornaron imposibles. Los bancos se las quedaban en subasta pública, a pesar de que ya hubieran pagado 90.000 euros”. Aunque la PAH detuvo las primeras expulsiones en 2010, sus actuaciones entonces eran anecdóticas, algo que cambió tras el 15M. “Ambos movimientos crecieron de la mano, se reforzaron mutuamente. Los primeros lemas ya auguraban una queja a la dificultad de acceso a la vivienda para jóvenes y clases bajas”, suma. Los desahucios descienden en 2015, cuando los precios de los alquileres comienzan a despegar y la problemática cambia por completo: “Quien sufre desahucios actualmente es gente que viene de un ciclo de mucha movilidad. Personas que llevan encadenando contratos y cambiándose de casa durante años por el precio. Son desalojos invisibles. Hay mayor precarización, menor horizonte de mejora y la compra parece cada vez más lejana”.

Relevo generacional

Castillo atribuye a las administraciones públicas la responsabilidad total. “Toda la legislación creada desde 2013 ha ido orientada a revalorizar las viviendas devaluadas tras la crisis como activos financieros en forma de alquiler. Esto ha hecho que la vivienda a día de hoy sea un elemento de inversión y no un derecho”, crítica. El 15M no fue más que un catalizador que amplió el poder de incidencia de numerosas luchas que ya estaban iniciadas, cohesionando el movimiento entre todos los barrios madrileños. “La distribución territorial fue el paso previo para desalojar la Puerta del Sol tras la acampada. Hubo un pacto con la Delegación de Gobierno para hacerlo de forma pacífica. En apenas dos meses, cada barrio dividió a sus vecinos en grupos de trabajo sectoriales. Queríamos estar juntos, era muy ilusionante, casi adictivo”, recuerda Laura Barrio, activista y fundadora de la Asamblea de Vivienda de Usera, que llegó a la concentración por casualidad. 

“Hasta entonces no tenía interés por los movimientos sociales, pero esto me abrió un mundo que cambió mi vida”, confiesa. Barrio recuerda el miedo de las familias cuando recibían un primer aviso o burofax: “Abandonaban las casas aterrorizados sin saber que tenían dos o tres años por delante de litigio. Ese fue nuestro primer trabajo, concienciar a la gente de que se podía pelear”. La activista tiene la sensación de, constantemente, estar paliando consecuencias del mercado, que avanza a mayor velocidad: “En estos 15 años no se ha implementado ninguna medida estructural que atienda la situación. ¿Qué ha pasado con el millón de familias desalojadas desde 2008 en España? Acabaron yéndose a un alquiler y habrán sido desahuciadas dos o tres veces desde entonces, viviendo en pisos de peor calidad y con menos ahorros”. Es esta situación la que ha provocado la salida de miles de personas del mercado regulado de la vivienda, que viven sin contratos o en habitaciones compartidas.

“De un día para otro pueden echarte y no tienes derecho a ningún tipo de ayuda. La burbuja tiene que pincharse. Lo va a hacer, eso es una certeza. Como sociedad podemos elegir que lo haga de manera violenta y causando destrozos o de forma controlada y conteniendo las consecuencias”, añade. Desde Usera propusieron una Ley Autonómica de Vivienda, pues, según confirma, la Comunidad de Madrid es la única región que carece de ella, pese a tener todas las competencias en la materia. Laura pone el foco en las nuevas generaciones, asegurando que tendrán que ser ellas quienes alcen la voz “porque les va la vida en ello”. “El núcleo duro de muchos movimientos como el ecologismo o el feminismo, está sostenido por las mismas generaciones que consiguieron las pensiones o la sanidad, gente de 60 o 70 años. Están cansadas de pelear y no se ve el relevo generacional”, lamenta.

Medidas legislativas

Javier Crespo, portavoz de PAH Madrid, echa la vista atrás y enumera algunas medidas legislativas aprobadas desde entonces que han paliado los desahucios. Por un lado, el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, que establece el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda; la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario; y la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. “Desgraciadamente, capítulos enteros de esta última ley no se están aplicando, al caer en el ámbito de competencias autonómicas y haberse declarado insumisas a ello las gobernadas por el Partido Popular”, alega Crespo. Esa insumisión, dice, tiene una consecuencia directa en la imposibilidad de muchas familias de hacer frente a las subidas de precio reclamadas por los propietarios.

“La aparición de los fondos de inversión, muchos de ellos radicados en paraísos fiscales y cuyo único fin es la especulación, ha cambiado radicalmente el panorama. También la turistificación de Madrid y la gentrificación de sus barrios, que ha convertido esas zonas en prohibitivas para el ciudadano normal, haciéndolas solo aptas para turistas, clases altas y grandes tenedores”, concluye. Los cuatro coinciden en que lejos de mejorar, la situación que se vivió aquel mes de mayo en las calles del centro, ha empeorado con el paso de los años. La problemática es la misma y los afectados siguen siendo el denominador común entre el antes y el ahora. Si el cambio no llega, la burbuja explotará. Otra vez.