CONSEJO DE GOBIERNO
Madrid abre un nuevo frente con el Gobierno por la Ley de Integridad Pública: "Es un salvoconducto para la corrupción"
El Gobierno madrileño presenta alegaciones contra el anteproyecto d eley presentado en febrero por el Ejecutivo

El consejero de Presidenica, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. / COMUNIDAD DE MADRID
Efe
La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles la presentación de alegaciones contra el anteproyecto de Ley orgánica de Integridad Pública al entender que representa "un salvoconducto para que la corrupción siga campando a sus anchas" tanto en el Gobierno de Pedro Sánchez como en el PSOE.
El texto del anteproyecto fue aprobado en febrero por el Consejo de Ministros y, con él, el Gobierno afirmó querer combatir la corrupción, con medidas como impedir que un condenado por corrupción pueda acceder a beneficios penitenciarios o a la libertad condicional si no ha devuelto de forma íntegra las cantidades sustraídas, con intereses.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid considera que consagraría "las prácticas opacas, fraudulentas y corruptas" realizadas por Sánchez y el PSOE, según ha trasladado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
García Martín ha denunciado que la norma sustituye la escritura pública ante notario que refleja la estructura societaria de una empresa por un documento privado electrónico, lo que a su juicio compromete la labor de las notarías "como barrera frente al blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude".
En este sentido, ha subrayado que los notarios "no solo dan seguridad jurídica a las operaciones", sino que también "permiten saber quién está realmente detrás de las empresas", algo "fundamental para perseguir el crimen organizado" y que supone "una herramienta clave" en investigaciones policiales y judiciales.
La Comunidad también estima que la norma incrementa las "cargas burocráticas" de empresas y administraciones y cuestiona la creación de una agencia independiente de integridad pública, pues prevé que acabará convertida en un "apéndice" del Gobierno y "colonizada por el correspondiente comisario político".
García Martín ha concluido que, en un contexto "de corrupción generalizada", nada de lo que hace el Gobierno "es casual", y ha añadido que en el "ideal" de país que Sánchez contempla "le sobran todos y cada uno de los controles".
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