La Comunidad de Madrid cifra en 12.300 millones la deuda del Gobierno con la región

En la habitual confrontación que la Comunidad de Madrid mantiene con el Gobierno central, el asunto de la financiación es uno de los asuntos recurrentes. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acusa al Ejecutivo central no solo de infrafinanciar a la región, sino de adeudarle cantidades que le deberían haber sido transferidas. En concreto, calculan desde Sol, hasta 12.367 millones de euros desde 2019, una cifra que supone en torno al 40% de los presupuestos autonómicos para 2026.

El montante supone unos 1.800 millones de euros más que en octubre de 2025, la última ocasión en que la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo realizó el cálculo, e incluye desde inversiones no ejecutadas o la financiación por parte autonómica de servicios que corresponden a la Administración General del Estado como la atención sanitaria de la población reclusa a cuestiones como lo que se entiende una distribución injusta de los fondos europeos Next Generation o el retraso en las entregas a cuenta, los fondos que reciben de manera adelantada las comunidades autónomas del sistema de financiación para costear los servicios cuyas competencias tienen a su cargo.

Solo en lo que va de año, el retraso en la actualización de las entregas a cuenta ha supuesto para la Comunidad de Madrid dejar de ingresar más de 750 millones de euros, afirman desde Sol. Esas entregas se formalizan en transferencias mensuales. El año pasado, el Gobierno anunció una subida de las entregas a cuenta para la Comunidad de Madrid para 2026 hasta los 22.007 millones de euros, un 7,3% más que en 2025.

Sin embargo, esa actualización no se ha hecho todavía efectiva. Entre enero y marzo se ha operado con una prórroga de las cantidades reconocidas para 2025, lo que supone 129,45 millones de euros mensuales menos respecto a lo que corresponde en aplicación del sistema para 2026 conforme al anuncio del Gobierno, según señalan en el Gobierno de Ayuso. En abril, en cambio, tras decaer los sucesivos decretos en los que se contemplaba la prórroga de la actualización de 2025, entre otras cuestiones como la prórroga de la paralización de los desahucios de personas vulnerables, la referencia pasaron a ser las entregas a cuenta de 2023, último con Presupuestos Generales del Estado aprobados. Una consecuencia más, denuncian en la Comunidad de Madrid, de no aprobar presupuestos que significó dejar de percibir en ese mes de abril algo más 376 millones de euros con respecto a lo que se habría recibido de haberse formalizado ya la actualización de las entregas a cuenta para 2026.

Carta al ministro de Hacienda

En total, en lo que va de año, aseguran desde el Gobierno regional, entre los 129 millones de euros mensuales de enero a marzo, y los 376 millones de euros de abril, los más de 750 millones de euros indicados, una merma, señalan en la Comunidad, que irá creciendo mientras la situación no se resuelva. La consejera de Economía madrileña, Rocío Albert, envió el pasado 29 de abril una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que reclamaba la aprobación "de inmediato" de un real decreto para la actualización de las entregas a cuenta conforme a las cantidades comunicadas para 2026.

Esas cantidades, que no son discrecionales sino el resultado de la aplicación del vigente sistema de financiación autonómica, acaban llegando a las comunidades autónomas. El año pasado, por ejemplo, fue en julio. Pero desde la administración regional se apunta que ese retraso termina por ser problemático. La Comunidad de Madrid, que rechaza acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiarse y recurre a los mercados, calcula en 4,7 millones de euros el coste del pago de intereses y rentabilidad perdida como consecuencia de haber tenido que recurrir a financiación de emergencia por el retraso en la actualización de las entregas a cuenta.

En el Ejecutivo madrileño se entiende, además, que la solución sería sencilla. "Se podría presentar un real decreto el 1 de enero que solo incluya las actualizaciones a cuenta para todas las comunidades autónomas, que no es una cuestión de ideología", trasladan fuentes del departamento de Albert, que lamentan, además, que la carta enviada por la consejera al ministro no haya tenido respuesta.

El Fondo de Competitividad y el debate de la dependencia

Foco habitual de rifirrafes entre las dos administraciones, la actualización de las entregas a cuenta no son, no obstante, la principal cantidad entre los 12.300 millones de euros que la Comunidad de Madrid dice que el Gobierno le adeuda. La mayor parte de esa suma corresponde a los 4.513 millones de euros que la región habría dejado de recibir desde 2019 del Fondo de Competitividad, uno de los mecanismos del actual sistema de financiación autonómica previstos para compensar a comunidades que, en términos de población ajustada, reciban fondos por debajo de la media o por debajo de su capacidad fiscal, con un límite. Madrid ha denunciado históricamente que ese fondo y ese límite están diseñados de tal forma que le perjudica.

Otra de las reclamaciones que incluye la Comunidad de Madrid en esa cifra de 12.367 millones que asegura le debe el Gobierno tiene que ver con los fondos europeos Next Generation. A la región, señalan en Sol, se le asignaron el 11,2% de esos fondos cuando por población Madrid supone el 14,5% de toda España y, por peso del PIB, la economía madrileña suma el 20% de la renta nacional. Se entiende por ello que a la Comunidad deberían haber viajado 993 millones de euros más de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La financiación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) encarna otro de los asuntos espinosos en las reclamaciones de la Comunidad de Madrid. Desde el Ejecutivo regional se le reclaman al central en este punto 2.668 millones de euros desde 2019. Se argumenta desde Sol que la Administración central está obligada a financiar el 50% del sistema de dependencia y las comunidades autónomas, el 50% restante. En estos momentos, la cantidad que aporta el Gobierno central cubre en la Comunidad de Madrid el 27,9%, de ahí el desfase de 2.668 millones que se apunta.

En puridad, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece que "la aportación de la comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado". Llegar al 50% de la financiación del SAAD antes del final de la legislatura sí que fue, no obstante, uno de los compromisos contemplados en el acuerdo de gobierno de 2023 entre PSOE y Sumar y reiterado en más de una ocasión por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, si bien a un año del plazo dado se está lejos.

Sin comprometer la bajada del IRPF

A los 12.367 millones de euros se cargan también inversiones y actuaciones no realizadas por valor de 1.580 millones de euros del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 millones de euros de obras pendientes en las depuradoras de La China, Butarque y Sur. También se achaca una deuda desde 2019 con el Consorcio Regional de Transportes de 417 millones de euros.

En materia de Sanidad se reclaman 149 millones de euros, entre ellos 85 millones de euros en tres años por el pago de algunos medicamentos, 28 millones de euros del Fondo de Cohesión Sanitaria por tratamientos a pacientes de otras comunidades autónomas no compensados, 27 millones de euros por atención sanitaria a reclusos que correspondería financiar a Instituciones Penitenciarias, o 7,5 millones de euros por atención a pacientes ucranianos. Y también hay reclamaciones por cuestiones derivadas de la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, hasta 60 millones de euros, o educativas.

En la cantidad no ha incluido el Gobierno madrileño los efectos de aplicar medidas decididas por el Gobierno "sin presencia de las comunidades autónomas" como la subida del sueldo de los funcionarios, con un impacto en el sector público autonómico de 887,7 millones de euros para 2025 y 2026, otros 778 millones para 2027 y 300 millones más para 2028 hasta un total de casi 2.000 millones, o la reducción de su jornada a 35 horas semanales, con un coste aún no calculado. "Nos estamos encontrando con que es la regla común, el 'yo decido y tú pagas'", critican fuentes regionales.

El agujero de 12.367 millones que, aseguran, deja el Gobierno no va a comprometer la prestación de los servicios públicos en la región, trasladan las mismas fuentes, si bien ha obligado a acudir a los mercados financieros y elevar el endeudamiento. Tampoco afectará, subrayan, al cumplimiento del programa electoral de Ayuso, del que ya se ha ejecutado o está en ejecución más del 90%, y en particular a su promesa de una nueva bajada del 0,5% en el tramo autonómico del IRPF para 2027. "Como son deudas que vienen desde 2019, tenemos previsiones y anticipaciones", avanzan.