La Comunidad de Madrid solo ha concedido una ayuda a morir de las 40 solicitadas por motivos psíquicos

La Comunidad de Madrid ha recibido 40 solicitudes para la prestación de ayuda a morir por motivos de salud mental o patología mental desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, el 25 de junio de 2021. De todas ellas, únicamente una ha sido atendida.

Así lo ha señalado la directora general asistencial del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Almudena Quintana Morgado, durante su intervención en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Raquel Barrero Alba sobre el papel de los servicios de salud mental en la valoración de estos pacientes.

Según ha explicado Quintana Morgado, de las 40 solicitudes recibidas en las que se alegaban motivos de salud mental, 33 fueron "informadas desfavorables por el médico responsable", seis permanecen en estudio y una "ha culminado en la realización de la prestación".

La responsable del Sermas ha subrayado que "las solicitudes basadas exclusivamente en sufrimiento psíquico no constituyen una vía ordinaria dentro del sistema", sino que corresponden a "casos excepcionales sometidos a un escrutinio clínico y ético especialmente riguroso".

"Estamos ante un procedimiento con un altísimo nivel de exigencia clínica, ética y jurídica, especialmente en los casos vinculados a salud mental", ha remarcado Quintana Morgado, que ha definido el proceso como "extraordinariamente restrictivo y garantista".

La directora general ha recordado que la prestación de ayuda para morir forma parte de la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS) y está regulada por una ley estatal "que establece un procedimiento garantista con requisitos muy precisos".

El papel de los profesionales de salud mental

En los casos de sufrimiento psíquico, antecedentes o sospecha de trastorno mental, o cuando exista cualquier elemento que pueda generar dudas sobre la autonomía de la decisión, Quintana Morgado ha explicado que se exige "una evaluación especialmente rigurosa", con participación de profesionales de salud mental.

El objetivo, ha añadido, es valorar "la capacidad de decisión del paciente, de analizar la posible influencia de facto psicopatológicos y de descartar situaciones de impulsividad y de acción suicida u otras alternativas terapéuticas aún disponibles".

"La intervención de salud mental cuando se produce tiene precisamente como finalidad reforzar la protección del paciente y asegurar la solidez clínica y ética de la decisión, y no ante un procedimiento automático ni generalizado", ha afirmado.

Por su parte, la diputada de Vox Raquel Barrero Alba ha expresado su oposición a que "el Estado decida quién tiene que vivir o morir, en base a que una vida no sea digna" y ha advertido de que la eutanasia es "una práctica cuyo resultado es irreversible, es decir, la muerte de una persona".

Barrero ha defendido que "la obligación de garantizar un control estricto no es opcional, es imprescindible" y ha alertado del "crecimiento sostenido" en el número de eutanasias desde la entrada en vigor de la ley, así como del "contagio social".

"Cuando se despenaliza un delito, quien promueve esta despenalización lo que busca es normalizarlo socialmente", ha sostenido la diputada, que ha reclamado “protocolos” en este ámbito.

Ante estas afirmaciones, Quintana Morgado ha insistido en que no existe "un escenario de riesgo generalizado", sino "un procedimiento altamente regulado, con muchos niveles de control y con una aplicación extremadamente restrictiva en los supuestos vinculados a salud mental".