Madrid se abre a aceptar el Plan Estatal de Vivienda pese a las críticas: "Somos un Gobierno responsable y serio"

Pese a las abiertas críticas vertidas contra el Plan Estatal de Vivienda, la Comunidad de Madrid se ha mostrado hoy abierta a aceptarlo. Así lo ha manifestado este mediodía el consejero Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. "En ningún momento hemos dicho que no lo vayamos a asumir", ha trasladado. "Somos un Gobierno responsable y serio" ha señalado para reclamar al Ejecutivo central que sea un plan solvente. El plan supone una inversión en Madrid de 1.113 millones de los que la Comunidad tendría que asumir el 40%.

"Nosotros somos un Gobierno responsable, somos un Gobierno serio y no vamos a negarnos en principio a aportar la cantidad que a nosotros nos corresponde. Lo que sí que queremos es que se haga de una manera seria y solvente", ha señalado. "Lo que no puede ser es que todo el entramado y todo lo que se va a hacer en este nuevo Plan de Vivienda, la ministra de Vivienda no lo consulte con las comunidades autónomas y que nos enteremos en cierta manera en el día de ayer por la prensa, eso no es un gesto bueno teniendo en cuenta que las comunidades autónomas vamos a aportar el 40% de lo que se va a poner".

Rodrigo ha asegurado que el hecho de que la Comunidad de Madrid tenga que aportar el 40% del importe movilizado no supone un obstáculo. "Nosotros, desde luego, no tenemos ningún reparo y vamos a reactivar el dinero para solventar la situación política de vivienda que tenemos actualmente", ha afirmado, no sin dejar antes la pelota en el alero del Ministerio ante la falta de Presupuestos Generales del Estado. "Tenemos una indecisión", ha indicado, sobre de dónde van a salir los recursos que aportará el Gobierno central.

Otra de las cuestiones de conflicto en torno al Plan Estatal de Vivienda es la obligación de mantener de forma permanente la protección a las viviendas construidas con este carácter. "La Comunidad de Madrid tiene ya una ley aprobada en su momento por el cual las viviendas que son propiedad y gestionadas por la propia Comunidad de Madrid no se pueden vender", ha enfatizado el consejero".

En el caso de las viviendas que se puedan construir al amparo del futuro Plan Estatal, cofinanciadas por el Gobierno y la Comunidad de Madrid, Rodrigo ha trasladado su disposición a que sean públicas con carácter permanente si así se acuerda entre ambas administraciones. "Ahora bien las que dependen del Gobierno de Madrid será el Gobierno de Madrid quien determine si la protección es permanente o no, no porque nos lo imponga el Estado".

El consejero madrileño ha lamentado, por otra parte, el retraso en la política de vivienda del Gobierno central. El Plan Estatal, ha dicho, debería tener una vigencia de 2026 a 2030 y todavía tiene que ir a la Conferencia Sectorial, donde se verá el reparto de fondos definitivo entre comunidades autónomas, para volver después al Consejo de Ministros. "Yo calculo que no se tomará una decisión efectiva, por lo menos, hasta el último semestre de este año. Vamos mal, vamos tarde y el problema de la vivienda es fundamental", ha resaltado.

Ayer Rodrigo ya adelantó las críticas al Plan Estatal de Vivienda con los argumentos de que llegaba tarde, se había aprobado sin contar con las comunidades autónomas y resultaba "inviable" al exigir un esfuerzo inversor por parte de las comunidades autónomas que en algunos casos significaba multiplicar por seis las cantidades destinadas.

Además, reprochaba que la aportación de recursos estatales se condicionase a aplicar la Ley de Vivienda o al establecimiento del carácter permanente de las viviendas de protección oficial, algo que consideraba anticonstitucional. "O haces lo que el Gobierno quiere o no hay dinero", enfatizaba.

"Ayuso cree que daña al Gobierno cuando no aplica la Ley de Vivienda, pero daña a un millón y medio de personas que viven de alquiler en Madrid y que podría ver sus alquileres congelados y evitar subidas abusivas", deslizaba, por su parte la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Desde el atril de la Real Casa de Correos, el consejero madrileño ha reprochado hoy que en la Comunidad de Madrid el Gobierno no ha puesto "un solo ladrillo" en ocho años, y ha contrapuesto a ello las políticas de vivienda regionales. Hoy mismo el Consejo de Gobierno regional ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, que prevé aumentar hasta en 18.000 el número de pisos protegidos sin consumir nuevo suelo.