La Comunidad de Madrid aprobará en junio su Ley de Medidas Urgentes de Vivienda

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado hoy luz verde al proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, la iniciativa con la que el Gobierno regional pretende acelerar e incrementar la construcción de vivienda, en concreto de vivienda protegida. El texto se remitirá a la Asamblea en los próximos días, con la intención de que pueda estar aprobado en el mes de junio.

Lo han confirmado al alimón el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras madrileño, Jorge Rodrigo, y el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, este mediodía en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. "Como muy bien dice el encabezamiento de la propia ley que hemos aprobado hoy de medidas urgentes, nuestra intención es llevarlo a la Asamblea de Madrid y que la tramitación sea por lectura única", ha señalado Rodrigo.

Esta fórmula, que tiene que ser aprobada en votación por la propia Asamblea, pero que no encontrará obstáculo al respecto dada la mayoría absoluta del PP en la cámara, permitirá que la ley pueda estar en vigor en el mes de junio, según ha apuntado García Martín.

La norma, con el nombre completo de Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública, parte de la idea fuertemente arraigada en el Gobierno regional de que el problema de la vivienda es esencialmente de escasez de oferta. "Para combatir y solventar el problema de la vivienda, solo hay una solución y es construir vivienda, construir vivienda y construir vivienda", ha verbalizado hoy Rodrigo. Y en ese sentido busca operar el proyecto de ley hoy aprobado.

Para materializar ese aumento de oferta de vivienda protegida, se apuesta por aumentar un 20% la edificabilidad (el número de metros que se pueden construir en una parcela) y un 30% la densidad (el número de viviendas por terreno edificable) en los terrenos destinados a vivienda con algún tipo de protección pública.

Por otra parte, se flexibilizan los usos del suelo. La Comunidad de Madrid ya había autorizado la transformación de inmuebles de oficinas en viviendas con algún tipo de protección. De esa forma, afirman fuentes regionales, se ha conseguido generar más de 8.000 nuevas viviendas, de las cuales, ha desvelado hoy Rodrigo, se han entregado más de 3.600. Por ello se va a ampliar el plazo de esta medida excepcional por otros dos años. Pero además, se va a abrir esta posibilidad a suelo terciario de hospedaje y dotacional privado. Todo ello, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, lo que permitirá agilizar procesos.

Además, se introducen otras medidas de simplificación burocrática. Con todo ello, calculan en los despachos de Maudes, donde tiene su sede la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, en un plazo de cuatro años se habilitarán unas 18.000 casas protegidas sin necesidad de consumir nuevo suelo.

Desde el Gobierno regional se fijan en 70.353 el número de viviendas protegidas cuya promoción se ha iniciado en la región a lo largo de esta legislatura y que se encuentran en este momento en distintas fases de ejecución. De ellas, el 40% (unas 30.000) corresponden al sector privado en virtud de las obligaciones que acarrean las disposiciones de reserva de suelo. Otro 20%, hasta 14.211, han sido promovidas por municipios. El resto, un 37,2%, con un total de 26.142 viviendas, por la Comunidad de Madrid, según las cifras facilitadas por el propio Gobierno regional.

De esas 26.000 viviendas, más de la mitad, 13.924 corresponden al Plan Vive, la fórmula público privada de alquiler asequible de la que el Gobierno de Ayuso hace bandera. Unas 5.000 se han entregado ya. El resto corresponde a las más de 8.000 generadas en suelo de oficinas; a las más de 2.000 de nueva construcción y casi 300 adquiridas por la Agenda de la Vivienda Social; otras 250 financiadas por el Programa de Inversión Regional, y otras 1.180 en el marco de convenios con municipios con el uso de fondos europeos.

La aprobación del proyecto de ley coincide con la aprobación, ayer, del Plan Estatal de Vivienda, en el Consejo de Ministros. Criticado desde el Gobierno regional, Rodrigo ha señalado, no obstante, que no renuncia a suscribirlo. "Nosotros somos un Gobierno responsable, somos un Gobierno serio y no vamos a negarnos en principio a aportar la cantidad que a nosotros nos corresponde. Lo que sí que queremos es que se haga de una manera seria y solvente", ha señalado.