Madrid rechaza el Plan Estatal de Vivienda del Gobierno: "Llega tarde y es inviable"

Rechazo de la Comunidad de Madrid al Plan Estatal de Vivienda que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Para el Gobierno de Ayuso, la estrategia del Ministerio de Vivienda, que supone la movilización de 7.000 millones de euros hasta 2030, "llega tarde", es "inviable" desde el punto de vista de la financiación y se ha hecho "a espaldas de las comunidades autónomas", cuyas competencias pretende "recentralizar".

Así lo ha trasladado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras del Gobierno regional, Jorge Rodrigo, a través de un vídeo difundido en la red social X en el que asegura que la iniciativa esta al servicio de la agenda ideológica del Ejecutivo, esencialmente reforzar la Ley de Vivienda, a la que en Sol se muestra feroz oposición, "ampliar el control del mercado" e "intervenir los alquileres". "Favorece la financiación si se declaran zonas tensionadas", apunta Rodrigo en referencia a uno de los aspectos más discutidos por los populares de la Ley de Vivienda, la posibilidad de establecer límites a los precios en el alquiler en las zonas donde se observan mayores subidas. "O haces lo que el Gobierno quiere o no hay dinero", enfatiza.

No es el único aspecto que critica el consejero de Ayuso. Rodrigo también expresa su total rechazo a otra medida contemplada en el plan, la declaración permanente de la protección de las viviendas construidas con carácter de vivienda protegida. Actualmente, en la Comunidad de Madrid las viviendas protegidas pueden pasar al mercado libre transcurrido un tiempo, en ocasiones en 15 años. El Gobierno pretende blindar esa protección, pero en Madrid se ve la medida contraproducente. En el vídeo Rodrigo asegura, de hecho, que es una medida que ya ha sido declarada inconstitucional.

"Es un plan que llega tarde. Han perdido prácticamente un año entero en su tramitación en un momento en el que el problema de la vivienda es urgente", abunda Rodrigo. Además, denuncia que se ha hecho "de espaldas" a las comunidades autónomas sin ser aprobado, asegura, en la conferencia sectorial. "Lejos de ser un marco de colaboración es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas", apostilla.

También rechaza la financiación. El Plan Estatal de Vivienda supone inyectar más de 7.000 millones de euros para la construcción y adquisición de vivienda, ayudas para la rehabilitación o para el alquiler, entre otras medidas. En el caso de la Comunidad de Madrid serían unos 1.13 millones. Pero establece que debe ser cofinanciado. El Estado aporta el 60% de los recursos y las comunidades el 40%.

"La financiación es directamente inviable", mantiene Rodrigo. "El Estado dice que aporta el 60%, pero obliga a las comunidades autónomas a multiplicar por seis su esfuerzo. Y parte de ese dinero ni siquiera está garantizado porque depende de unos presupuestos que no existen".

Además, censura que "se pretende controlar los datos del mercado del alquiler, concentrando toda la información en el Ministerio", lo que se traduce, asegura en "menos transparencia, menos pluralidad y más riesgo de manipulación".

Mayor edificabilidad

Al tiempo que rechaza el plan de Sánchez, la Comunidad de Madrid avanza en su Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida. El Consejo de Gobierno aprobará mañana un texto que, entre otras medidas, prevé la construcción de hasta 18.000 nuevos pisos en los próximos cuatro años sin consumir nuevo suelo, informan fuentes regionales.

La norma permitirá que en las parcelas destinadas a vivienda protegida se pueda aumentar tanto la edificabilidad (el número de metros en los que se puede construir) como la densidad (el número de viviendas por terreno edificable) sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, de manera que se pueda agilizar todo el proceso.

En concreto se permitirán aumentos del 20% de la edificabilidad y del 30% de la densidad, lo que eleva los porcentajes que se consideraban cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adelantó esta iniciativa, el pasado mes de noviembre. Entonces se hablaba de elevar la edificabilidad un 10% y la densidad un 20% para generar unas 15.000 nuevas viviendas protegidas. La estimación ahora es poder llegar a las 18.000 nuevas casas.

La medida va en la línea de otras flexibilizaciones en el uso del suelo para permitir la construcción de vivienda. La más significada en este sentido fue la normativa que desde 2024 permite convertir oficinas o suelo destinado a oficinas en viviendas de alquiler asequible durante al menos 15 años y que, según fuentes del Gobierno regional, ha permitido ya incorporar 8.000 casas en toda la región y beneficiado a unas 20.000 personas.

También se dio el visto bueno para la construcción de vivienda protegida en parcelas de titularidad privada, cambiando el uso de suelo para este tipo de casas en suelo destinado a edificar alojamientos hoteleros.