El inicio de la regularización de migrantes pone en pie de guerra a Madrid, que denuncia "precipitación" y ganas de "colapsarlo todo"

Las quejas venían de hace tiempo, pero se han vuelto más airadas este lunes con el inicio del plazo para solicitar cita presencial para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Mientras se acumulaban las colas en las varias oficinas de Migraciones, Extranjería, la Seguridad Social y Correos habilitadas para tal fin, las distintas administraciones madrileñas salieron en tromba a criticar el decreto aprobado por el Gobierno central.

Las palabras más gruesas han venido desde la Comunidad de Madrid. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, calificó ayer por la mañana la regularización como un "auténtica barbaridad", acusando a Moncloa de querer "colapsarlo todo". Para el portavoz del Ejecutivo regional, el proceso es un "caos" que da "pábulos a las mafias y a todos aquellos que trafican con personas", convirtiendo a España en un "paraíso" para la inmigración irregular.

El objetivo detrás de todo esto, según García Martín, es "colapsarlo todo". Según el portavoz regional, el Gobierno, que "vive en un colapso permanente en aquellas competencias que gestiona", como se ha podido ver con "energía", en referencia al apagón del pasado abril, o "Cercanías", cuyo servicio acumula constantes incidencias y quejas de los usarios, quiere ahora provocar lo mismo en "servicios de competencia local y autonómica".

La crítica sobre el colapso se repitió también desde la capital. El delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento, José Fernández, cargó contra el decreto señalando que se había aprobado “sin escuchar a las otras administraciones públicas implicadas”. La medida se ha adoptado de forma “precipitada” y “quizá buscando el colapso”, lamentó el delegado, según quien ya se están dejando sentir sus efectos en la red municipal: “Hace una semana teníamos 1.500 peticiones de citas a lo largo del día. Una semana después, cuando el decreto entra en vigor, pasamos a 4.000 y al día siguiente, 5.500”.

No solo eso, sino que la regularización también puede repercutir negativamente en otros servicios esenciales del Área, como la teleasistencia o la ayuda a domilicio, lamentó el delegado. “Tenemos que atender a lo que siempre teníamos más el colapso que ha generado el Gobierno de España”, afirmó Fernández, antes de reclamar que se retire el decreto y se rehaga de "forma consensuada" con las administraciones afectadas.

Sea como fuere, el Consistorio cumplirá con la ley, pero únicamente expedirá certificados de vulnerabilidad en los casos en los que exista un conocimiento previo de la situación del solicitante. “Emitiremos el certificado cuando exista antecedentes y tengamos una intervención social”, señaló, descartando "certificar aquello que no podamos acreditar”. En este sentido, el titular de Políticas Sociales apuntó que los solicitantes “tendrán todo el derecho a entrar”, pero que podría darse el caso de que hayan pedido cita y finalmente no obtengan el certificado si no consta esa intervención previa.

Y también desde la Federación de Municipios de Madrid (FMM). Su presidenta, Judith Piquet, se sumó a la advertencia sobre el “colapso” que están sufriendo los servicios municipales de la región por culpa de este proceso regulatorio. En una carta remitida ayer a la Delegación del Gobierno en Madrid, Piquet expresa su "preocupación por la situación límite a la que las políticas migratorias del Gobierno" están llevando a muchos Ayuntamientos de todo el país, incluyendo los madrileños a los que representa.

Sin querer entrar a valorar la "oportunidad" de la medida, la regidora popular denuncia en la misiva que el decreto ha sido "aprobado de forma totalmente unilateral y que no ha contado ni con los ayuntamientos ni con las comunidades autónomas", a cuyos servicios está añadiendo una carga administrativa extra sin compensación. "En el texto aprobado no se contempla ningún apoyo económico, de personal ni ningún tipo de dotación adicional para los ayuntamientos a pesar de la gran carga de trabajo que supone para nosotros hacerle el trabajo al Gobierno", censura el escrito.

Pueden acogerse a la medida quienes estén en España antes del 1 de enero, incluidos solicitantes de asilo, siempre que acrediten al menos cinco meses de estancia continuada y carezcan de antecedentes penales. Para ello deberán presentar documentación que pruebe su permanencia en el país, entre otros requisitos. Los beneficiarios obtendrán un permiso de residencia y trabajo de un año, con posibilidad de acceder después a una autorización más estable o solicitar una prórroga.

A falta de datos oficiales, un informe de la Fundación Ciudadanía Global ha calculado una estimación del número de peticiones que recibirá cada región basándose en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con este, hasta 135.000 migrantes solicitarán la regularización de su situación legal en la Comunidad de Madrid, de los cuales alrededor de 90.000 acabarán siendo aprobadas.