"Una antesala burocrática": así se atasca el divorcio en Madrid por la obligación de mediar antes de ir a juicio

Separarse nunca es fácil. Menos aún cuando hay hijos, tensión entre las partes y decisiones urgentes por tomar sobre la custodia, la pensión o incluso quién se queda en la vivienda familiar. Y, desde hace un año, en Madrid y en el resto de España, muchas parejas que quieren divorciarse por la vía contenciosa se están encontrando con un paso añadido antes de poder llegar al juzgado: demostrar que antes han intentado negociar.

Sobre el papel, la idea parecía razonable, obligar a las parejas que se quieren divorciar a intentar llegar un acuerdo antes de acudir en el juzgado. Implantada hace un año, el objetivo de esta medida era fomentar los acuerdos, evitar juicios innecesarios y quitar presión a unos tribunales ya de por sí muy saturados. Pero en la práctica, según denuncian abogadas especializadas en derecho de familia, el resultado está siendo muy distinto al pretendido: más esperas, más confusión y más sensación de estar atrapados en una fase previa que no siempre sirve para resolver nada.

Eso es lo que están viendo en la capital Carolina Llamas y Verónica Bermejo, del despacho Llamas&Bermejo. Ambas coinciden en que, al menos por ahora, esta negociación obligatoria está funcionando más como un trámite añadido que como una vía real para cerrar acuerdos. “Antes ya se negociaba”, viene a resumir Bermejo. Es decir, las parejas que podían pactar ya lo intentaban con sus abogados antes de ir a juicio. El problema aparece en los casos en los que no hay entendimiento posible: ahí, este paso previo no arregla el conflicto, sino que lo alarga.

Y ese retraso no es menor. Según explica Llamas, en los juzgados de familia de Madrid lo que se está notando de verdad es “una gran confusión y desesperanza”, tanto entre quienes acuden a la justicia como entre los propios profesionales. Según esta experta, las demandas tardan más en admitirse y eso acaba perjudicando directamente a las familias.

Las dos letradas ponen el foco especialmente en los casos con menores. Porque cuando una ruptura es conflictiva, hay cuestiones que no pueden esperar demasiado: quién se queda con los hijos, cómo se organizan las visitas o qué pensión se fija. Si todo eso se retrasa por tener que pasar antes por un intento formal de acuerdo que no va a ninguna parte, las consecuencias negativas las sufren sobre todo los niños.

Además, no todas las familias parten del mismo sitio. Llamas advierte de que este nuevo filtro golpea con más fuerza a quienes tienen menos recursos. La razón es sencilla: ese intento previo de negociación puede suponer un gasto añadido y no siempre está cubierto, incluso en casos de personas con abogado de oficio. Es decir, hay familias que tienen que pagar un paso más antes de poder llevar su caso ante un juez, aunque desde el principio esté claro que no habrá acuerdo.

A todo esto se suma otro cambio reciente en la justicia madrileña, la reorganización de los juzgados. También sobre el papel, el nuevo modelo pretendía ordenar mejor el trabajo. Pero, una vez más, Bermejo cree que, en la práctica, este alivio no se está notando. Según sostiene, no se han creado más juzgados, que sería lo que realmente ayudaría a desatascar la situación, sino que básicamente se ha cambiado la estructura y el nombre de los órganos judiciales.

Por todo ello, la impresión entre quienes pisan a diario los juzgados de familia de Madrid es bastante unánime. El cambio que de verdad se está notando no es que haya más acuerdos ni menos conflictos, sino que ahora hay una barrera más antes de llegar al juzgado. Una barrera que, según estas expertas, está haciendo el proceso más lento, más caro y más frustrante para muchas familias. Y eso, en una ruptura, rara vez ayuda.