Cercanías al límite: una plataforma ciudadana se planta ante el deterioro de la red madrileña y pide a los ayuntamientos que presionen al Gobierno

La paciencia de miles de viajeros habituales de Cercanías Madrid se agotó hace tiempo. Tras años de retrasos, averías, incidencias casi diarias y una sensación creciente de deterioro del servicio, usuarios de distintos perfiles se han organizado en la Plataforma de Usuarios de Cercanías Harto (Pucha), una iniciativa civil que busca convertir el malestar cotidiano de los pasajeros en presión institucional para exigir una respuesta urgente al Ministerio de Transportes.

"No somos de ningún partido político, somos del mundo civil", subraya María Dolores Lóriga, una de las portavoces de la entidad. Conocida como Loli, cuenta que la iniciativa fue surgiendo de forma espontánea a partir de conversaciones de andén, trayectos compartidos y quejas repetidas de viajeros que sufrían los mismos problemas cada día: estudiantes que pierden exámenes, trabajadores que llegan tarde a sus empleos o familias que ven alterada toda su rutina por un tren que no aparece cuando toca o que se detiene sin previo aviso.

Su denuncia va más allá de la incomodidad. En el manifiesto elaborado por la plataforma, los usuarios critican que la red madrileña ha sufrido en los últimos años un “grave deterioro” por la falta reiterada de inversiones “necesarias e imprescindibles” para garantizar tanto el buen funcionamiento del servicio como la seguridad. Una degradación progresiva, apuntan, que afecta directamente a vecinos, trabajadores, autónomos, comerciantes, turistas, estudiantes y empresas, además de proyectar una imagen negativa de la región.

Por encima de todo, la gran preocupación de Pucha es la seguridad. El manifiesto advierte de que en los últimos meses se han producido accidentes y descarrilamientos que ponen en riesgo a los miles de pasajeros y evidencian la urgencia de actuar sobre infraestructuras y material ferroviario. "Algún día va a ocurrir otra desgracia humana", se lamenta esta representante vecinal, en alusión a la reciente tragedia de Adamuz que se cobró 45 vidas.

Frente a esta situación, la estrategia de la plataforma pasa por buscar respaldo político en los municipios de la región. La idea es presentar su manifiesto a todos los alcaldes y alcaldesas de la Comunidad de Madrid para lograr su adhesión y, así, aumentar la presión sobre el Gobierno central. Según la portavoz, la intención es que los consistorios se sumen a una demanda que consideran transversal y que afecta de lleno a la vida diaria de miles de madrileños.

Por el momento, lo han logrado con los regidores de Móstoles, Alcalá de Henares, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, un respaldo con el que la plataforma aspira a ganar visibilidad y convertir una protesta dispersa en una reivindicación con peso institucional. No todos los intentos, sin embargo, han dado fruto, con varias localidades donde se han negado a recibirles o a firmar el documento.

No por ello piensan rendirse, sino que van a seguir insistiendo en que se acometan “con carácter de urgencia” las inversiones necesarias para disponer de una red de Cercanías “segura, puntual y eficiente”. "Al final, somos gente que queremos tirar para adelante y que creemos que el dinero que pagamos de impuestos se debería reinvertir en nosotros", resume Loli, para quien el transporte público, como la sanidad o la educación, son "pilares básicos" de la sociedad que deberían estar garantizados "gobierne quien gobierne".