Madrid gestionará 135.000 solicitudes de regularización extraordinaria de inmigrantes: se calcula que 90.000 serán aprobadas

Apenas quedan un par de días para que se abra el plazo para que las personas migrantes que ya residen en España pidan la regularización administrativa de su situación, y las comunidades ya se preparan para recibir un aluvión de solicitudes. Ante la falta todavía de datos en firme, un informe de la Fundación Ciudadanía Global ha calculado una estimación del número de peticiones que recibirá cada región, en una lista que lidera Cataluña y en la que la Comunidad de Madrid aparece en la segunda posición.

Según los datos del citado estudio, basados en los cálculos de población proceden del Instituto Nacional de Estadística, 135.000 inmigrantes solicitarán la regularización de su situación en la Comunidad de Madrid. Además, también calcula que de ese montante, alrededor 90.000 acabarán siendo aprobadas. Cataluña estaría justo por encima (200.000 y 135.000) y Andalucía completaría el top-3 (90.000 y 60.000).

"Tenemos que tener en cuenta que de todas las personas de situación irregular no todas son potencialmente beneficiarias, solo las que hayan entrado antes del 31 de diciembre de 2025. Como el flujo de personas que entran en situación irregular cada año están en torno a las 250.000 personas al año, es fácil estimar que en torno a 100.000 de las que han entrado desde el 31 de diciembre se quedarían fuera", advierten desde la Fundación Ciudadanía Global.

La solicitud se podrá cursar desde este próximo jueves, y entre las condiciones que deben cumplir los inmigrantes que la pidan estarán las siguientes: estar en España desde antes de 2026, ser mayor de edad, no tener otra autorización de estancia o residencia vigente, haber permanecido de forma ininterrumpida en España los cinco meses anteriores a la solicitud y carecer de antecedentes penales.

Rechazo de PP y Vox

El Gobierno ha defendido este proceso "como un acto de justicia" y una forma de "reconocer derechos a quienes ya están aportando, mientras que la oposición ha cargado duramente contra la norma. De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha encontrado un nuevo frente de batalla contra el Gobierno central en estos procedimientos de regularizaciones y nacionalizaciones "masivas" que está impulsando el Ejecutivo. Ayuso ha sembrado dudas, en este caso sobre la limpieza de los procesos electorales: no solo buscan "reventar" los servicios públicos, como ya ha asegurado en diversas ocasiones, sino que también van a alterar los censos. Dichos procedimientos ha asegurado, "inflaría los censos en la Comunidad de Madrid directamente en un 10%. En la Comunidad de Madrid hablaríamos de la alteración del reparto de hasta 10 escaños en las elecciones autonómicas", dijo la presidenta madrileña en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrado hoy excepcionalmente en el Ayuntamiento del municipio de Tres Cantos.

Según las cuentas que se hacen en Sol, la regularización de migrantes anunciada este año por el Gobierno, que se extendería a extranjeros que puedan acreditar cinco meses de residencia en el país, permitiría obtener la residencia no al medio millón anunciado inicialmente sino a hasta 850.000. A ello se sumarían en las estimaciones de Ayuso las nacionalizaciones al amparo de la que ha calificado como "mal llamada Ley de Memoria Democrática" y que ha cifrado en más de dos millones. "Ya hay un más de un millón de personas que han solicitado este trámite", ha subrayado. "Calculamos que más de medio millón de personas, más de 500,000 personas de manera directa vendrían a los censos de la comunidad de Madrid por elección o por omisión".

Hace unos días, la Comunidad de Madrid manifestó que desconoce cómo será la inserción laboral de las personas migrantes que serán regularizadas próximamente y cargó contra la "falta de transparencia" del Gobierno de España sobre este asunto. "No podemos dimensionar lo que viene porque desconocemos los pasos que va a dar el Gobierno. En consecuencia, yo creo que no pinta del todo bien", expresó la directora general del Servicio Público de Empleo, Belén García, en la comisión de Economía y Empleo. Fue la diputada de Vox Ana Cuartero la que ha pedido conocer el impacto que tendrá la "regularización masiva de 500.000 migrantes" en la región, así como los efectos que tendrá en el mercado de trabajo.

Recurso

Hay que recordar que un nuevo movimiento judicial contra el Gobierno, la Comunidad de Madrid anunció que recurrirá el decreto de regularización de inmigrantes planteado por el Ejecutivo central, que fue aprobado por el Consejo de Ministros este martes. Así lo anunció la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el último Pleno de la Asamblea de Madrid.

"Estoy en contra del abuso del sistema sanitario, estoy en contra del desorden y la ilegalidad, estoy en contra de regularizar sin control, y encima a personas con antecedentes penales, estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventar los servicios públicos y por eso otra vez este Gobierno va a recurrir este real decreto", afirmó Ayuso en respuesta a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, durante la sesión de control.

La portavoz de la formación de ultraderecha había formulado su pregunta en torno a la asistencia sanitaria universal, por lo que en un principio han surgido dudas en torno a si Ayuso se refería a otra norma, el real decreto por el que se regula la atención sanitaria a personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal.

Fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid aclararon posteriormente que se trataba del decreto de regularización. Entre los motivos, señalaron, que afecta "gravemente" a la prestación de los servicios públicos "sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios". Además, aseguraron, amenaza la seguridad nacional y contraviene normativa de la Unión Europea.

"No vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad. Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, frenar ese disparate, pero lo que tenemos que seguir haciendo es reclamar orden y ley a este gobierno y no permitir ni los asentamientos ilegales, también el reparto ilegal de menores, todo lo que está intentando hacer el gobierno de Pedro Sánchez, que es promover la inmigración irregular para multiplicar el desorden", añadió Ayuso.