Almeida tacha de "coladero en materia de seguridad" la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada hoy por el Consejo de Ministros es "un coladero en materia de seguridad" y una "profundísima irresponsabilidad".

"No hay nada de humanitario en esta medida", ha aseverado Almeida en declaraciones a los medios durante un acto en Usera, donde ha resaltado que la medida es una "grandísima chapuza" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no estar preocupado por los inmigrantes ilegales.

En palabras del alcalde de la capital, la medida obedece a la voluntad de Sánchez de "amarrar" el apoyo de Podemos durante lo que resta de legislatura. "Esto no es un acuerdo con ayuntamientos, con comunidades o con grandes partidos. Es un acuerdo con un partido extraparlamentario que sobrevive con cuatro diputados", ha señalado.

Asimismo, Almeida ha rechazado que su posición sea racista y ha asegurado que sus afirmaciones se basan, en parte, en lo relativo a la acreditación de antecedentes penales de los beneficiarios.

El primer edil ha afeado al Gobierno que, en sus palabras, no haya "explicado absolutamente nada del proceso de regularización" a los ayuntamientos. "No nos ha dicho cómo puede afectar a la ciudad de Madrid, no nos ha dicho si nos van a echar una mano por la carga en el ámbito de los servicios públicos", ha dicho.

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha subrayado que la regularizacion es "completamente irregular e innecesaria", y ha avisado de que no conseguirá "tapar" la causa judicial contra Begoña Gómez.

"Ni diez regularizaciones masivas van a conseguir tapar un nuevo escándalo inédito en nuestra democracia: que la mujer del presidente del Gobierno esté pentaprocesada por valerse de la posición de su marido", ha aseverado.

Serrano ha incidido en que la medida va a generar problemas de convivencia, tensionar los servicios públicos y actuar como un "llamamiento a nuevas irregularidades en nuevos procesos de inmigración".

"La Comunidad de Madrid va a pedir la suspensión cautelar de esta medida", ha avanzado Serrano, quien ha señalado que el Gobierno pretende "retorcer" el censo y "derivar los debates de lo que realmente es importante".