El Ministerio de Inclusión rechaza prorrogar contratos de alquiler a 28 familias en viviendas públicas de Madrid

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rechazado conceder la prórroga extraordinaria de dos años en los contratos de alquiler, prevista en el Real Decreto 8/2026, a un total de 28 familias que residen en viviendas públicas ubicadas en barrios madrileños como Argüelles, Pacífico, Lavapiés y Ventas.

Según la notificación remitida a los inquilinos, la Tesorería General de la Seguridad Social, titular de los inmuebles, justifica su decisión en que los contratos firmados en enero de 2012 con la ya desaparecida Sociedad Pública del Alquiler han quedado extinguidos tras agotar todas las prórrogas legales contempladas. El organismo sostiene además que dichos contratos no pueden acogerse a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, dado que la relación contractual inicial concluyó en enero de 2017.

No obstante, la Administración reconoce que la permanencia de los residentes en las viviendas sin requerimiento de desalojo por parte de la propiedad ha dado lugar a una situación de “tácita reconducción”, figura recogida en los artículos 1.566 y 1.581 del Código Civil. Desde el departamento encabezado por la ministra Elma Saiz se subraya que el vínculo actual se rige por el Código Civil, lo que deja fuera la aplicación de la normativa de arrendamientos urbanos y, con ello, de las medidas de carácter social asociadas.

Ley de Vivienda

En esta línea, la Subdirección General de Gestión del Patrimonio concluye que no corresponde aplicar la prórroga solicitada, al considerar que el Real Decreto 8/2026 se limita a contratos de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Frente a esta decisión, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha manifestado su “sorpresa e incredulidad”, al entender que una medida impulsada por el Gobierno central queda excluida precisamente en viviendas de titularidad estatal.

La organización, que agrupa a varias de las familias afectadas, denuncia además la falta de interlocución con los ministerios implicados, asegurando que no se ha producido ningún encuentro para aclarar el futuro de los inmuebles ni posibles desalojos. El colectivo vecinal considera que esta actuación vulnera la Ley de Vivienda, que obliga a las administraciones a preservar y ampliar el parque público residencial.

Asimismo, vinculan la negativa a una posible estrategia de privatización de edificios situados en áreas céntricas de Madrid. El sindicato también critica que la Tesorería General de la Seguridad Social mantenga alrededor de 800 viviendas vacías en todo el país mientras promueve el desahucio de familias que llevan décadas residiendo en ellas.

Ante este escenario, las familias afectadas preparan acciones legales en la jurisdicción contencioso-administrativa con el objetivo de que estos inmuebles pasen a formar parte de un parque público de alquiler estable, al tiempo que reiteran su intención de no abandonar sus hogares. Por último, reclaman la apertura urgente de una negociación colectiva que permita alcanzar una solución habitacional adecuada para todas las personas afectadas por procesos de desahucio.