El PSOE pide la retirada del anteproyecto de Ley del Suelo de Ayuso por "invadir competencias de los ayuntamientos" y no garantizar vivienda protegida

Finalizado el periodo de presentación de alegaciones al anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), la norma que vendrá a modificar la actual Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el PSOE madrileño ha solicitado su retirada. Lo hace, entre sus dos principales motivos, porque entiende que supone "un grave retroceso en materia de vivienda pública", en palabras de la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y una "invasión de competencias absoluta a los ayuntamientos", según el diputado regional de la formación Javier Guardiola.

La futura ley LIDER persigue principalmente una aceleración de los trámites para trazar y modificar los planes generales de ordenación urbana, una nueva reordenación del suelo y un impulso a la flexibilización en el uso de esos suelos. "Más suelo, más vivienda, más agilidad burocrática y, por tanto, más oportunidades", resumía a modo de eslogan la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, hace unos meses cuando anunciaba los primeros pasos para la elaboración de la norma.

Desde el PSOE se ve, en cambio, un texto que debilita el control urbanístico, que no garantiza de manera suficiente la incorporación de vivienda protegida y que vulnera la autonomía local. "Nuestro objetivo es reordenar el suelo, pero reordenar el suelo para habilitar vivienda asequible, y eso no va a cumplirlo esta ley", ha señalado Guardiola.

La formación ha presentado un escrito de nueve folios con alegaciones al anteproyecto de la LIDER, entre los que apuntan objeciones a las modificaciones que el texto propone para acelerar los trámites urbanísticos. En el momento de trazar las líneas maestras del anteproyecto desde el Gobierno regional se argumentaba que, bajo la legislación actual, la elaboración y aprobación de planes generales de urbanismo viene a extenderse entre 10 y 12 años y se buscaba acortar a entre cuatro y seis años este periodo. Entre los instrumentos contemplados están la unificación de procedimientos y la eliminación de duplicidades, la incorporación de herramientas como los planes ejecutivos, que concentran procesos ahora tramitados por separado o la homogeneización de plazos de los informes sectoriales.

Vivienda protegida

"La simplificación del sistema de instrumentos de planeamiento [...], si bien puede contribuir a facilitar la tramitación urbanística, puede también tener efectos indirectos sobre la calidad del planeamiento, derivando en una menor profundidad en los análisis técnicos y ambientales y reduciendo los espacios de participación ciudadana", se lee en el escrito de alegaciones del PSOE, que reclama "garantías reforzadas de participación, evaluación ambiental y control técnico, que no están debidamente contempladas". "Dicen que es una Ley del Suelo pero es una ley de privatización del suelo, lo llaman LIDER pero no lidera nada, simplemente es la ley del pelotazo de Ayuso", afirma Guardiola.

El texto, mantienen los socialistas, introduce elementos como las actuaciones de dotación que permiten incrementar edificabilidad, densidad o cambios de uso en suelos urbanizados sin necesidad de recurrir a instrumentos de planeamiento, que evalúan el impacto global sobre la ciudad. El nuevo modelo, se aduce, permite autorizar intervenciones "aparentemente aisladas" que, en conjunto, pueden alterar "significativamente" el equilibrio urbano.

Entre las principales objeciones del PSOE está el papel que queda a la vivienda protegida. "El régimen de actuaciones urbanísticas del anteproyecto no introduce mecanismos suficientes para garantizar la incorporación de vivienda protegida en los procesos de transformación urbana", aseguran. En concreto llaman la atención sobre el hecho de que no se regulen las reservas de vivienda protegida, como sí hacen la Ley 9/95 de Política Territorial, Suelo y Urbanismo o la Ley 9/2001 del Suelo, de la Comunidad de Madrid. "Se corre el riesgo de una evaluación a la baja de la reserva de vivienda protegida en los grandes desarrollos pendientes", refleja el texto de alegaciones.

"El cómputo de los estándares legalmente establecidos para vivienda protegida se efectuará considerando la totalidad del término municipal", reza el anteproyecto. "La determinación de su ubicación corresponderá al Plan Estratégico Municipal". Además, señala que serán de aplicación "las exenciones relativas a la reserva de vivienda protegida previstas en la legislación estatal".

Posible inconstitucionalidad

El otro gran argumento del PSOE contra el anteproyecto tiene que ver con las competencias de los ayuntamientos. Según la interpretación que hacen los socialistas, el artículo que regula la titularidad de las competencias urbanísticas otorga a la Comunidad de Madrid el control y coordinación de actuaciones que requieran autoridad, lo que deja sin contenido las potestades urbanísticas municipales.

Por otra parte, el artículo 83 del anteproyecto atribuye al alcalde ("alcaldía", debería decir en aplicación de la perspectiva de género, alega también el PSOE) la aprobación inicial de las ordenanzas urbanísticas municipales, una cuestión, mantienen, que según la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local compete al Pleno del Ayuntamiento. "Esto podría suponer la inconstitucionalidad de la futura Ley", señalan los socialistas.

Asimismo, el anteproyecto faculta a la Comunidad de Madrid a suspender cualquier instrumento de ordenación urbanística que afecte al interés regional. "Una clara invasión de las competencias y autonomía municipales, sin un organismo activo de concertación de la acción territorial", sostienen los socialistas.