Madrid registró 31 procesados por delitos de corrupción en 2025, la mayoría por prevaricación y revelación de secretos

En 2025, los jueces españoles acordaron la apertura de juicio oral o el procesamiento por delitos de corrupción de 114 personas físicas y 13 jurídicas, lo que supone un incremento de seis respecto al año anterior, según los datos del repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De ese total, 31 personas fueron encausadas en la Comunidad de Madrid.

A lo largo del año, los órganos judiciales finalizaron 25 procedimientos relacionados con corrupción. En ellos se dictaron autos de apertura de juicio o procesamiento contra las 114 personas físicas mencionadas y también contra 13 personas jurídicas, una cifra que en este último caso es 25 inferior a la registrada el año previo. Asimismo, se emitieron 71 sentencias en causas por corrupción, de las cuales 52 resultaron total o parcialmente condenatorias, lo que equivale al 73,23 % del total.

El repositorio del CGPJ recoge información sobre delitos de corrupción cometidos por funcionarios, cargos públicos y responsables políticos en el ejercicio de sus funciones, siempre que impliquen un perjuicio para los fondos públicos.

Prevaricación, cohecho o fraudes

Estos delitos están tipificados en el Código Penal e incluyen, entre otros, la prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico, la prevaricación administrativa, la infidelidad en la custodia de documentos y la revelación de secretos. También abarcan el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, los fraudes y exacciones ilegales, así como las negociaciones prohibidas a funcionarios, los abusos en el ejercicio de su cargo y la corrupción en los negocios.

Por territorios, de los 25 procedimientos cuya fase de instrucción concluyó en 2025, siete correspondieron a órganos judiciales de Andalucía y otros siete a Murcia. Les siguieron la Comunidad Valenciana, con tres casos; la Audiencia Nacional y Castilla-La Mancha, con dos cada una; y, con un procedimiento, la Comunidad de Madrid, Canarias, Cantabria y Extremadura.

En cuanto a las 127 personas acusadas —sumando tanto físicas como jurídicas—, 31 fueron encausadas en órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. A continuación se situaron Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 27 en cada caso; Cantabria, con 14; Extremadura, con 12; Murcia, con 11; y, con cifras menores, la Audiencia Nacional y Castilla-La Mancha, con dos cada una, y Canarias, con una.