Madrid inicia los trámites para crear el registro de médicos objetores al aborto

La Comunidad de Madrid ha dado inicio a los trámites para la creación del registro de médicos objetores al aborto. La Consejería de Sanidad ha publicado hoy en el Portal de Transparencia el anuncio por el que se abre el trámite de consulta pública del proyecto de orden para la creación de este registro después de que el pasado mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenara al Gobierno de Ayuso iniciar "de inmediato" los trámites para su creación.

Lo hace, tal y como se recoge en la resolución de apertura, "de conformidad con la medida cautelar acordada en el auto nº 60/2026 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". En dicho auto, los magistrados fallaban favor de conceder la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a crear este registro, contemplado en la reforma de 2023 de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Posteriormente, en diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó por unanimidad, con la participación de todas las comunidades autónomas, incluida Madrid, el protocolo para la elaboración de esos registros.

El Ministerio recurrió a la vía judicial porque Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley.

El asunto, de hecho, ha tensado en los últimos meses las ya bastante crispadas relaciones entre el Gobierno de Ayuso y el Ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García, dirigente, a su vez, de Más Madrid, formación que lidera la oposición en la Comunidad de Madrid. El pasado mes de octubre, Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y Madrid, las tres comunidades que aún no habían elaborado ese registro.

Madrid se negó y la presidenta madrileña enarboló personalmente la bandera del rechazo a elaborar lo que en diversas ocasiones ha calificado calificó de "listas negras". El protocolo para la elaboración de esos registros se aprobó por unanimidad en diciembre de 2024 en el Consejo Interterritorial con la participación de todas las comunidades autónomas, incluida Madrid.

A pesar de ello, Ayuso insistió en el rechazo. El momento de mayor crispación se vivió en un Pleno en la Asamblea regional. "No voy a hacer una lista negra de médicos nunca", aseguraba. "Nunca", repetía. Y en el fragor del intercambio afirmaba: "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar".

Sus palabras sirvieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para entrar de lleno en la polémica y asegurar que Ayuso instaba a "volver a los viajes clandestinos a Londres". El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tuvo que intervenir para fijar su posición respecto al aborto. "Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", escribió el líder de los populares en la red social X.

Tras la publicación del auto, el Gobierno madrileño anunció que recurriría la medida cautelar e insistió en que, no obstante, lo que había hecho el TSJM es pronunciarse sobre la cautelar, pero no sobre el fondo del asunto. Con la apertura del periodo de consulta pública durante 30 días se podrán hacer aportaciones a través del Portal de Transparencia. De esta forma, el Gobierno regional da respuesta al requerimiento del TSJM, que en su auto instaba a "iniciar de inmediato los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia", pero ello no supone la creación inmediata del registro.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado, no obstante, la noticia en la red social X. "Ganamos. Del 'váyanse a otro lado a abortar' a iniciar los trámites para cumplir la ley. Han tenido que pasar meses, un recurso judicial y un auto del TSJM. Pero hoy Madrid deja de ser la excepción y empieza a garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública", ha escrito.