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VIOLENCIA EN PRISIÓN

Una nueva agresión a un funcionario reabre la preocupación por la violencia en las cárceles de Madrid tras 70 casos en 2025

Según CSIF, este nuevo caso evidencia el "grave problema de la violencia estructural" que sufren los funcionarios de prisiones de la región

La cárcel de Soto del Real en una imagen de archivo.

La cárcel de Soto del Real en una imagen de archivo. / Wikimedia Commons

Héctor González

Héctor González

Madrid

Una nueva agresión a funcionarios en la prisión de Soto del Real ha vuelto a poner el foco sobre la violencia en los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid. Según denunció este lunes CSIF Prisiones Madrid, un interno protagonizó en los últimos días un episodio violento en el que un trabajador recibió un puñetazo en la cara, mientras que otro sufrió una torcedura de muñeca cuando intervenía para reducir al agresor y devolver la normalidad al módulo.

Para el sindicato, este nuevo episodio "vuelve a evidenciar el grave problema de la violencia estructural" que sufren los funcionarios de prisiones en su día a día. Especialmente en el presidio de Soto, que en 2025 volvió a ser el centro con más agresiones de la región, con 25 incidentes registrados

En el conjunto de la región, CSIF cifra en 70 las agresiones a funcionarios de prisiones contabilizadas el año pasado, una cifra muy similar a las 73 de 2024 y que, según denuncia la entidad en una nota, confirma que no se trata de hechos aislados, sino de un problema “estructural y cronificado”.

Tras Soto del Real, los centros con más agresiones fueron Estremera, con 16, y Valdemoro y Aranjuez, con 10 cada uno. Según CSIF, esta situación responde a una combinación de factores, entre ellos la falta de personal, la insuficiencia de medios materiales de seguridad, el aumento de internos conflictivos y el incremento de reclusos con patologías mentales, agravado por el deterioro de la sanidad penitenciaria y la falta de médicos.

Ante este escenario, el sindicato reclama al Ministerio del Interior la adopción urgente de medidas para frenar la escalada de violencia en prisión. Entre sus principales exigencias figuran un refuerzo inmediato de las plantillas, más medios de protección y seguridad, una mejora urgente de la sanidad penitenciaria, la aplicación rigurosa de la normativa para garantizar el orden en los centros y el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

Asimismo, la entidad sindical también traslada su apoyo a los dos trabajadores agredidos y advierte de que esta continuada violencia en las cárceles “no puede normalizarse ni seguir siendo invisibilizada”.