Madrid estima en 260 millones el coste para las arcas regionales de las medidas anticrisis del Gobierno: "Bienvenidas pero insuficientes"

Entre 260 y 270 millones de euros. Esa es la cantidad que el Gobierno de la Comunidad de Madrid estima que dejará de recibir como consecuencia de las bajadas en el IVA y en los impuestos energéticos hasta el 30 de junio contempladas en el real decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán aprobado por el Ejecutivo central y convalidado la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

La cifra la trasladaba este lunes la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, quien hacía notar que las comunidades autónomas pagarán el 58% del coste de esas medidas, en el sentido de que parte sustancial de lo recaudado con los impuestos rebajados es dinero que reciben las autonomías para financiar los servicios públicos. "Las comunidades autónomas ya estamos haciendo un esfuerzo con un presupuesto que está destinado a todos los servicios públicos sobre los que tenemos competencias", señalaba cuando se le preguntaba si contemplaba una deflactación en el tramo autonómico del IRPF. "Nosotros ya hemos deflactado dos veces el IRPF, es el Estado quien tiene que deflactar el IRPF, y seguimos instando al Gobierno central a que haga esa deflactación".

El decreto contempla la rebaja del 21% al 10% del IVA de los carburantes, de la luz y del gas, así como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del Impuesto sobre Hidrocarburos o la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. En el caso del IVA de los carburantes, el 50% se cede a las comunidades autónomas. El Impuesto Especial de Hidrocarburos está cedido a las autonomías en un 58% en su tipo general. Y las comunidades autónomas ingresan el 100% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, tal y como afirmaba la propia Albert.

De ahí saldría ese cálculo de entre 260 y 270 millones de euros que asumiría Madrid de las medidas anticrisis. La consejera madrileña adelantaba, además, que Sol no contempla por el momento ayudas directas a los sectores económicos a priori más afectados. "Esto es una guerra de alcance internacional y las medidas tienen que ser a nivel central", zanjaba, si bien aseguraba que se está en contacto con los agentes económicos madrileños para seguir la evolución y ver posibles necesidades.

No hay todavía una cifra del impacto global que esta crisis está teniendo en la economía regional, pero con una inflación al 3,3% según se conoció el viernes y el precio del petróleo disparado, con un incremento del barril de Brent de un 60% en el último mes, las afecciones ya se están notando. "No tenemos estimaciones hechas y, además, como es una crisis que está abierta todavía, desgraciadamente y con independencia de lo que dure el conflicto, parece que las consecuencias se van a alargar bastante", asegura el presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid CEIM, Miguel Garrido. "Pero lo que sí sabemos es que está teniendo ya efectos en muchos sectores".

Al afectar a la energía, argumenta, el impacto es bastante transversal, de la agricultura y la ganadería, a la logística, el transporte, la industria electrointensiva o el turismo. La Confederación Española de Transporte de Mercancías de Madrid (CETREM-Madrid) calculaba el pasado miércoles unos sobrecostes para el sector de 70 millones de euros por el incremento en el precio de los carburantes. Las medidas planteadas, que además de las rebajas impositivas contemplan ayudas directas para el sector de 20 céntimos por litro de combustible son, entienden, "insuficientes".

Desde CEIM se apunta también a medidas aparejadas a las ayudas contempladas en el decreto que "complican la gestión de las empresas". Apunta en este sentido Garrido a la prohibición de despedir a las empresas que se acojan a las ayudas o a la "exigencia de nuevas regulaciones o acortar los plazos de las mismas". El real decreto acorta de 24 a 12 meses la obligatoriedad de que las empresas dispongan planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno.

Frente a ello, el presidente de la patronal madrileña reclama, principalmente dos cuestiones. En primer lugar, la rebaja del IRPF. "La mejor herramienta que tiene el Estado es la fiscalidad", asegura. "Creemos que hay que ser más agresivos y la medida que más afectaría al conjunto de la sociedad es la deflactación del IRPF. Es inexplicable que no se haya llevado a cabo después de tantos años de incrementos de la inflación y creemos que sería el momento oportuno para llevarlo a cabo. Además de un acto de justicia sería une alivio enorme para las personas y para las empresas".

La otra es decretar la ampliación de la vigencia de las centrales nucleares. "España tiene la enorme fortuna de contar con una red de energía renovable que facilita un precio muy competitivo, pero tiene que ir complementada con unas energías de respaldo y la más estable, sostenible y barata es la energía nuclear", enfatiza en un episodio de crisis energética.

Impacto en el campo

Entre los sectores afectados, también se encuentra la agricultura. Con una aportación del 3,7% al PIB regional, su peso económico es menor que el de otros, pero el golpe es doble. Por un lado, la subida de los carburantes, que en el caso del gasóleo agrícola ha sido de hasta 65 céntimos por litro. Por otro, la de los fertilizantes, cuyo precio es particularmente sensible a esta crisis. "Para los abonos se necesita mucho nitrogenado y el nitrogenado nosotros la gran mayoría lo traemos de Oriente Próximo", relata Francisco José García, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja, en Madrid. De unos costes en abono en torno a los 115 euros por hectárea han pasado en unas semanas a unos 165 euros, en un momento en que en los cultivos de cereal y leguminosas, unas 150.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid, se está en plena campaña de abonado.

El golpe al sector se prevé duro. Y las ayudas, en palabras de García, "bienvenidas pero insuficientes". El responsable de Asaja Madrid lamenta, además, que no están bien diseñadas. "Esos 20 céntimos por litro no significa que cada vez que yo vaya a repostar me descuenten 20 céntimos por litro", explica. “Están calculados sobre la media diaria de todo el consumo del año pasado y multiplicado por los 101 días entre la fecha de entrada en vigor del decreto y el 30 de junio, que es el periodo de vigencia de esas ayudas. Pero ahora estamos levantando el barbecho para la próxima siembra, en plena campaña de abonado, y es cuando más combustible se consume, mucho más del promedio anual". El importe de la ayuda, unos 820 euros para una explotación media de unas 150 hectáreas y un consumo de 15.000 litros de gasóleo anual, no responde, por tanto, a 20 céntimos por litro de consumo de combustible en este momento de la campaña.

García reclama, así, que se tope el precio o los beneficios del gasóleo agrícola. "El sector primario, por desgracia, no pone precio a lo que compra ni pone precio a lo que vende, siempre somos moneda de cambio, por lo tanto, en algo tendrían que tener en consideración al sector. Al final desaparecerá y con él perderemos nuestra soberanía alimentaria".