POLÍTICA
Shakira, repatriación de menores, seguridad...: Delegación del Gobierno y Comunidad y Ayuntamiento de Madrid elevan su choque político a un año de las elecciones
La relación institucional no ha dejado de deteriorarse entre ataques mutuos desde la llegada a la Delegación hace tres años de Francisco Martín, a quien el PP madrileño acusa de ser nombrado para hacer oposición a Ayuso y Almeida

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. / Marcos Villaoslada - EFE

Ya casi de lo más leve de lo que se acusan es de mentir. "Incompetente", "comisario político del sanchismo", "peón de Sánchez", "necesitado de polémicas"..., son algunos de los calificativos que desde las instituciones madrileñas se profieren contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien, por su parte, no deja de entrar al choque y acusa a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de ejercer de "ariete trumpista" en Madrid o de decir "chorradas", "barbaridades", "un disparate diario". Diaria es, desde luego, la confrontación, que esta semana, a un año de la teórica fecha para las elecciones autonómicas de 2027, ha elevado el tono a cuenta de la serie de 11 conciertos que la cantante colombiana Shakira dará en septiembre en Madrid.
Martín envió el pasado martes una carta al Ayuntamiento de Madrid solicitando que no autorice la celebración de esos conciertos. Alega motivos de seguridad y de movilidad. El recinto donde los promotores levantarán el Estadio Shakira, el Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde y colindante con el término municipal de Getafe, es, ha asegurado, "una ratonera" junto a una autovía como la M-45. La respuesta del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, fue que Martín solo busca "torpedear" cualquier evento.
Desde la Comunidad reaccionaron varios consejeros, que acusaron al delegado de "boicotear" los conciertos, e incluso Ayuso, entró en la polémica, aunque ella disparó por elevación directamente contra Pedro Sánchez. "Están para hacer el mal. El Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado al choque con todo y necesita que nada funcione, especialmente en esta región. Necesitan apagar nuestra luz", señaló el miércoles desde Morata de Tajuña, donde se celebró el Consejo de Gobierno.
La polémica en torno al Iberdrola Music no es nueva. Ya desde que en julio de 2023 la salida del concierto del británico Harry Styles fuera caótica viene emergiendo cada año, sobre todo según se acerca el verano y el recinto acoge el festival Mad Cool. En las últimas ediciones se ha reducido el aforo y tomado alguna medida más, pero año tras año, Martín reclama una reunión con representantes de los Ayuntamientos de Madrid y Getafe y de la Comunidad de Madrid, y llega el cruce de reproches. Este año se añaden los conciertos de Shakira, pero son solo un asunto más entre los que tensan la relación entre instituciones.
Una relación que no ha dejado de deteriorarse desde la llegada de Martín a la Delegación del Gobierno, de la que este sábado se cumplen justamente tres años. Prácticamente desde el principio, el delegado dejó claro que no venía a hacer amigos. No llevaba tres meses en el cargo cuando en un desayuno informativo aseguraba que "Bildu ha hecho más por los españoles que lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera", por su apoyo a algunas de las medidas sociales del Gobierno. El PP exigió ese mismo día su dimisión.
Martín llegaba al Palacio de Borghetto, donde tiene su sede la Delegación, en la calle Miguel Ángel, desde la Secretaría General de Presidencia. Allí se había desempeñado durante casi dos años a las órdenes del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Desde entonces, tanto desde Sol como desde Cibeles se ha insistido en transmitir el mensaje de que había sido nombrado para hacer oposición.
"En la relación entre la Delegación y el Gobierno autonómico la negativa a la colaboración siempre tiene una misma y única dirección", afirman, en cambio, fuentes de la representación gubernamental en Madrid. "Da igual la materia o la gravedad, la posición de Ayuso siempre se concreta en rechazar el trabajo conjunto y en buscar el ruido a cualquier precio". Algo que enmarcan en una estrategia política con la confrontación con el Gobierno de España "como único proyecto".
El choque de declaraciones por cualquier asunto, de vivienda a seguridad, de violencia de género al modelo turístico, es permanente. Un enfrentamiento que ha terminado permeando lo institucional. El delegado del Gobierno ha dejado de ser invitado a los actos que el Ayuntamiento de Madrid organiza por San Isidro o, muy significadamente, a los que la Comunidad de Madrid celebra por el Dos de Mayo. Tampoco ha sido convocado este año al tradicional acto de homenaje a la Constitución que se celebra en la Real Casa de Correos. En 2024, ante la invitación a acudir pero el veto a que interviniera, a diferencia de años anteriores, la Delegación organizó su propio acto, algo que se ha repetido este año.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en presencia del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, en el Homenaje a la Constitución de 2024. / Marta Fernández Jara - Europa Press
Entre los últimos rifirrafes, más allá del de Shakira, está el surgido en torno a la repatriación de menores migrantes. El pasado mes de abril la Comunidad de Madrid dio una vuelta de tuerca en su pugna con le Gobierno central en torno al traslado de menores migrantes no acompañados desde comunidades en situación de contingencia migratoria, singularmente Canarias, Ceuta y Melilla, y empezó a solicitar la "reagrupación familiar" de menores bajo su tutela que muestran lo que la Comisión de Protección de Menores, órgano dependiente de la propia Comunidad, entiende que es imposibilidad para la adaptación. Desde entonces son más de 90 los expedientes que ha remitido a la Delegación del Gobierno, institución que, según la ley, tiene que decidir si procede o no la repatriación de un menor.
Madrid ya ha amenazado con llevar a los tribunales al delegado por no iniciar la tramitación de esos expedientes, pero Martín se ha ratificado en su negativa. "En realidad se trata de expedientes de expulsión", replicaba esta misma semana. "Que no jueguen con la inteligencia de los madrileños, que no insulten a la gente cuando hablan. ¿Qué reagrupación familiar, si son gente que ha salido huyendo de situaciones imposibles? La ley lo que determina es que prima el interés superior del menor y no vamos a participar de ningún expediente que no tenga garantías suficientes para el menor. No vamos a iniciar el procedimiento para su expulsión, que es lo que está buscando la señora Díaz Ayuso, la expulsión de las personas que le molestan, y le molestan no sabemos bien por qué".
La seguridad es el otro asunto con el que desde el PP madrileño se viene percutiendo con insistencia contra el delegado, un aspecto sobre el que se insiste porque afecta al núcleo de sus competencias. Se agita la cifra de 1.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que faltan en la Comunidad de Madrid. "Reto al delegado del Gobierno a que haga públicos todos los datos de las Relaciones de Puestos de Trabajo de las comisarías y comandancias de la Comunidad de Madrid y al lado el número de efectivos reales asignados", proclamaba hace unos días el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, durante una visita a Arganda del Rey.
"La Comunidad de Madrid está en mínimos históricos de criminalidad con un máximo histórico de efectivos policiales", respondía el representante del Ejecutivo en la región como parte de la interminable partida de ping-pong. "Lo que le pido al Partido Popular de la Comunidad de Madrid es que deje de instrumentalizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que trabajen con responsabilidad y no en buscar confrontaciones alrededor de polémicas tan vacías y tan obscenas".
En el horizonte está la visita a Madrid del papa León XIV. Martín ha convocado a Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Conferencia Episcopal a una reunión este martes para empezar a abordar el dispositivo de seguridad. De momento, desde el Ayuntamiento se ha confirmado que se acudirá a ese encuentro. Lo hizo el viernes la vicealcaldesa, Inma Sanz. Se trata de huir de polémicas en una cuestión de dimensión internacional para la ciudad que las administraciones local y regional buscan que sea un éxito.
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