La Complutense celebrará un referéndum el 16 de abril sobre el plan financiero que implica "duros recortes"

La Plataforma Universidad Complutense de Madrid por la Pública ha anunciado la celebración de una consulta el próximo jueves 16 de abril dirigida a toda la comunidad universitaria, con el objetivo de recabar su opinión sobre el plan económico-financiero recientemente aprobado por la institución.

La votación se llevará a cabo en distintos puntos estratégicos de facultades y campus, en respuesta a lo que los organizadores califican como un programa de “duros recortes”. Según explican en un comunicado, estas medidas implican la eliminación de plazas docentes, la reducción de estudios de máster y grupos de grado, así como recortes en becas, ayudas a la investigación y otras inversiones vinculadas a la actividad universitaria.

De forma paralela, las seis plataformas que agrupan a las universidades públicas madrileñas han preparado una semana de acciones reivindicativas que incluirán pasacalles, actividades informativas en las aulas y asambleas. Estas movilizaciones desembocarán el domingo 19 de abril en una manifestación en defensa de la educación pública en la Comunidad de Madrid, abierta a todos los niveles educativos.

Desde la Plataforma por la Pública advierten además de que el plan de la Complutense podría marcar el camino para otras universidades de la región. En este sentido, recuerdan que la medida llega tras el acuerdo de financiación plurianual firmado el pasado mes de marzo entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las seis universidades públicas madrileñas.

El colectivo sostiene que dicho pacto, suscrito por los rectores, conlleva en la práctica nuevos ajustes presupuestarios. A su juicio, lo que se presentó como un acuerdo “histórico” es en realidad una decisión que compromete el futuro del sistema universitario público en Madrid.

Las plataformas convocantes manifiestan así su rechazo tanto a los recortes como a la falta de financiación suficiente. Entre sus principales reivindicaciones, reclaman que se destine al menos el 1% del PIB regional a la educación superior y denuncian que la deuda acumulada de la Administración autonómica con las universidades supera actualmente los 1.170 millones de euros, una cantidad que, aseguran, lleva más de una década sin abonarse para garantizar una financiación estructural estable.