Madrid concentra una de cada cuatro quejas al Defensor del Pueblo: sanidad, vivienda y Cercanías, en el foco

El Defensor del Pueblo recibió en 2025 un total de 8.031 expedientes de quejas de ciudadanos residentes en la Comunidad de Madrid, una cifra que representa el 24% del total. Entre las principales reclamaciones figuran las listas de espera en la sanidad, la falta de transparencia en la adjudicación de vivienda y los retrasos en los servicios de Cercanías, según recoge su informe anual, publicado este martes.

En el ámbito sanitario, la institución recibió varias quejas por la demora en la atención especializada, tanto para consultas como para la realización de pruebas en el servicio sanitario de la Comunidad de Madrid. Entre ellas, destacan los retrasos para ser atendido en el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario La Paz y las demoras en las intervenciones de pacientes con discapacidad intelectual en los servicios de Cirugía Maxilofacial de distintos hospitales.

El informe también recoge reclamaciones por los problemas para conseguir cita en las oficinas de la Seguridad Social y por las “dificultades graves” que encuentran muchos ciudadanos al tramitar sus prestaciones por desempleo en las oficinas del SEPE.

En materia de vivienda, el Defensor del Pueblo fue informado de la falta de transparencia en la información sobre las viviendas adjudicadas dentro del Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, así como de la demora en la concesión del bono de alquiler joven.

A estas quejas se suman las relacionadas con la actividad institucional de algunos ayuntamientos. Algunos vecinos expresaron su disconformidad con determinados usos de las redes sociales u otros canales de comunicación municipales para difundir publicaciones institucionales, al considerar que no ofrecían una “información veraz”.

Uno de los casos citados es el del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, al que el Defensor del Pueblo dirigió recomendaciones por haber difundido en las redes sociales municipales información errónea sobre la gestión del padrón de habitantes.

Además, varios concejales de un grupo municipal del Ayuntamiento de Pinto denunciaron que la revista del consistorio solo publicaba actuaciones de los concejales del equipo de gobierno, una situación similar a la detectada en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

El derecho de acceso a la información municipal por parte del personal eventual al servicio de los grupos municipales también fue objeto de atención por parte de la institución, que remitió una recomendación al Ayuntamiento de Alcobendas.

En cuanto al transporte ferroviario, el informe detalla que, de las casi 208.000 circulaciones de trenes registradas en el primer semestre de 2025 en la Comunidad de Madrid, se suprimió el 2,28 %, mientras que 427 trayectos acumularon retrasos de más de 100 minutos. El Defensor del Pueblo también detectó una escasez de taxis adaptados para personas con movilidad reducida.

Otra parte de las reclamaciones estuvo relacionada con el ruido en la ciudad de Madrid, procedente de locales de hostelería, bares, terrazas, locales de ocio, gimnasios, actividades industriales y servicios públicos, como la recogida de residuos o la maquinaria de limpieza viaria.

Asimismo, la institución recibió quejas por las condiciones de habitabilidad del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, en concreto por la existencia de una plaga de insectos. Aunque la Administración informó de las medidas adoptadas, durante 2025 se produjeron nuevos episodios, por lo que las actuaciones continúan abiertas.

En el ámbito educativo, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid para modificar los criterios de baremación aplicables en el curso 2024-2025 para el acceso a la Formación Profesional, con el objetivo de garantizar el principio de igualdad.