Madrid prepara una nueva Ley del Suelo para recortar trámites, acelerar planes y dar más flexibilidad al urbanismo

La Comunidad de Madrid ha presentado esta semana el anteproyecto de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), el nuevo marco normativo con el que el Ejecutivo autonómico pretende dar un giro al urbanismo regional y dejar atrás una legislación aprobada a comienzos de los 2000, que considera alejada de la realidad actual.

El texto, actualmente en tramitación, busca sustituir un sistema que puede prolongar durante más de una década la aprobación de desarrollos urbanísticos, según defendió el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García, en la última comisión del área celebrada esta semana en la Asamblea de Madrid.

Para el Gobierno regional, la reforma responde a la necesidad de adaptar la normativa a una comunidad en crecimiento, en la que el contexto "no tiene nada que ver" entre el momento en que se diseña un planeamiento urbano y el de su ejecución. La intención es acelerar y simplificar el crecimiento urbano mediante la unificación de procedimientos y la eliminación de duplicidades.

Planes más rápidos e informes con plazos homogéneos

Entre los principales cambios figura la incorporación de herramientas más ágiles, como los planes ejecutivos, que permitirán concentrar en un único proceso fases que ahora se tramitan por separado.

A esta simplificación se suma la homogeneización de los plazos de los informes sectoriales, uno de los elementos que, según la Comunidad, genera actualmente cuellos de botella en la tramitación urbanística.

Nueva clasificación del suelo

Otro de los ejes de la futura ley será la reorganización del suelo. El Ejecutivo madrileño propone una clasificación más sencilla, basada en tres grandes categorías: suelo urbano, suelo rural protegido y suelo rural no protegido.

Con este esquema, la Comunidad busca evitar que grandes bolsas de terreno queden bloqueadas durante años. El anteproyecto también apuesta por una mayor flexibilidad en los usos del suelo para facilitar la adaptación a nuevas necesidades económicas y sociales sin tener que modificar de forma constante el planeamiento general.

Más suelo y más oferta de vivienda

La reforma llega en un contexto marcado por el crecimiento demográfico de la región, que avanza hacia los 7 millones de habitantes, y por la presión sobre el mercado de la vivienda.

En este escenario, la Comunidad de Madrid quiere agilizar trámites y activar suelo para incrementar la oferta y responder a la demanda. Entre las medidas incluidas figuran además la regeneración de barrios degradados mediante actuaciones más amplias, la regularización de urbanizaciones en situación irregular y la adaptación de la normativa a la realidad de los municipios más pequeños, con herramientas específicas para facilitar su desarrollo.

Seguridad jurídica y colaboración público-privada

La futura ley refuerza también la colaboración público-privada en la gestión urbanística y persigue, según el Ejecutivo autonómico, mejorar la seguridad jurídica en un ámbito marcado por la complejidad normativa y la judicialización.

En este punto, Rafael García subrayó que uno de los objetivos es "evitar la especulación y la protección del suelo como un bien finito".

Más allá de los aspectos técnicos, el Gobierno regional plantea la norma como una herramienta para planificar el crecimiento a largo plazo, con una visión "integral" del territorio que integre infraestructuras, medio ambiente y desarrollo urbano de forma "transversal".

El viceconsejero incidió además en que el crecimiento no es incompatible con la protección ambiental y defendió un modelo basado en mantener un "equilibrio" entre ambos elementos, en una comunidad donde más del 50% del territorio cuenta con algún tipo de protección.