Madrid abre un nuevo frente por la inseguridad con Arganda como "ejemplo de la desidia del Gobierno"

Financiación, migrantes, objetores de conciencia del aborto, vivienda... casi cualquier ámbito es terreno abonado para el choque político entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. También la seguridad. No es un frente inédito, pero esta semana el PP madrileño ha recrudecido el ataque contra la gestión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que operan en la Comunidad, dependientes de la Delegación del Gobierno.

El epicentro de esta nuevo cruce de reproches es Arganda del Rey. Este martes El Mundo publicaba un artículo en la que el Ayuntamiento de la localidad denuncia que durante 23 días seguidos no ha habido patrullas de Guardia Civil disponibles en la ciudad por falta de efectivos. Esta situación quedó reflejada, por ejemplo, en un incidente ocurrido en la A-3, donde tras una colisión leve entre dos conductores que terminaron peleándose, la Benemérita no pudo acudir y tuvo que intervenir la Policía Local.

Según el alcalde argandeño, Alberto Escribano, la falta de medios está obligando a la Policía local a asumir funciones que no le corresponden, incluso con horas extra, además de afectar a asuntos sensibles como hurtos, accidentes o violencia de género. Por ello, cuenta el diario, el Consistorio está preparando una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para pedir explicaciones tanto por la falta de agentes como por la situación del nuevo cuartel ya terminado.

Ante estas críticas, de las que se hicieron eco otros medios, la Delegación del Gobierno sacó ayer un comunicado negando rotundamente la falta de medios. "No ha existido ninguna situación de abandono, ni mucho menos puede sostenerse seriamente que Arganda del Rey haya estado 23 días sin servicio", reza la nota, que añade que como mucho ha podido haber “momentos puntuales de coincidencia con otras actuaciones o necesidad de apoyo por parte de Policía Local”.

"Lo verdaderamente grave es que se utilice de forma partidista al Instituto Armado para fabricar una polémica política contra el Gobierno”, reprocha el escrito, en el que la entidad dirigida por Martín acusa al regidor de Arganda de "filtrar una noticia falsa" con motivo de la visita al municipio del secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, en vez de convocar una Junta Local de Seguridad.

Falsa o no, el susodicho no dudó ayer en recoger el guante. Durante su recorrido por la ciudad, Serrano afirmó que Arganda es "el ejemplo de la desidia y la dejadez" del Gobierno y su delegado ante "un tema tan importante como es la seguridad". Según el número 2 de los populares, no se trata de un problema exclusivo del municipio, sino que en toda la Comunidad "faltan en torno a 1.000 policías y guardias civiles", con otros ejemplos como Valdemoro, donde de 105 asignados, "solo hay 70 policías"; o El Molar, donde "de los 21 que aparecen solo hay 14".

En la misma línea, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, también se sumó este martes a las críticas a la gestión de la seguridad en la región asegurando que se trata de “una denuncia que vienen realizando todos los alcaldes, sean del signo político que sean”. Según el portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, existe “un auténtico caos en la política de interior” que depende de la Delegación del Gobierno, porque “faltan medios” y “faltan plantillas por cubrir, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional”.

Para más inri, la Comunidad también ha exigido al Gobierno central una revisión en profundidad de los criterios empleados para evaluar el nivel de riesgo de las víctimas de violencia de género dentro del sistema VioGén, tras constatar que tres de las últimas cuatro mujeres asesinadas en la región figuraban en el nivel de riesgo bajo.

“Hemos pedido que se revisen los protocolos que determinan la situación de las mujeres víctimas de violencia que están en el ámbito de Viogén, dado que están resultando completamente ineficaces. No está funcionando y, por eso, le pedimos también al Gobierno central que lo revise por completo”, apuntó ayer García Martín tras una reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género.