Madrid estudia vías legales contra el Gobierno por negar la repatriación de 86 menores no acompañados de difícil integración

La Comunidad de Madrid considera emprender acciones legales contra el Gobierno por la negativa a repatriar a 86 menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la administración regional cuyo retorno se había solicitado tras el análisis de la Comisión de Protección de Menores, órgano dependiente de la propia Comunidad, atendiendo al "interés superior del menor". "Si la Delegación del Gobierno continúa incumpliendo sus obligaciones legales, adoptaremos todas las medidas necesarias dentro de nuestras competencias y actuaremos en consecuencia para exigir las responsabilidades que correspondan", señala la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, en una carta remitida hoy mismo al delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Desde la Comunidad se argumenta que las circunstancias "especialmente graves" que rodean a estos menores en cuestión aconsejan su retorno. "Su conflictividad en España, sus alteraciones de conducta, la deriva delictiva en la que se encuentran o el consumo de drogas les abocan, de continuar en nuestro país, a una vida de marginalidad y graves riesgos para su presente y su futuro", asegura la consejera madrileña, quien también afirma que se compromete la seguridad "de sus compañeros, de los profesionales que les atienden y del conjunto de los ciudadanos".

Señala asimismo Dávila que la normativa de extranjería atribuye a la Delegación del Gobierno la responsabilidad de tramitar los procedimientos. "Resulta profundamente preocupante que, pese a conocer la situación de estos menores, la Delegación del Gobierno no haya actuado con la diligencia que exige la ley", añade. En una comunicación del pasado mes de diciembre, la Delegación le había asegurado a la consejera madrileña que había solicitado los informes preceptivos a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para valorar la repatriación. Dávila acusa a Martín de "incompetencia" y "dejación de funciones" por no haber recabado esos informes y tramitado los expedientes alegando que se hacía en defensa del interés superior del menor. Es a la Delegación a al que corresponde decidir sobre la repatriación.

"Su Gobierno demuestra, una vez más, que no actúa guiado por el interés superior del menor sino por el interés superior de Sánchez y por cálculos políticos que nada tienen que ver con la protección de ningún menor", prosigue la carta. "La realidad es que su decisión abandona a estos menores a su suerte y evidencia una preocupante incapacidad para cumplir con las obligaciones que le impone la ley".

La consejera madrileña hace responsable a Martín, "a los ministros competentes y al propio presidente del Gobierno" de las consecuencias que se deriven de la situación. "Le aseguro que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no permanecerá inmóvil. Por este motivo, le hago constar que si la Delegación del Gobierno continúa incumpliendo sus obligaciones legales, adoptaremos todas las medidas necesarias dentro de nuestras competencias y actuaremos en consecuencia para exigir las responsabilidades que correspondan", concluye Dávila.

En declaraciones posteriores a la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, la responsable de Asuntos Sociales se ha referido al asunto y ha insistido en que se contempla la vía judicial para que la Delegación del Gobierno active los expedientes de repatriación de estos menores, algunos de los cuales, ha dicho, han sido detenidos y luego vueltos a ser puestos a disposición del sistema de protección.

Un sistema de protección, ha mantenido, que está "en riesgo" por las actuaciones del Ejecutivo. "Sánchez, con esta política migratoria temeraria de traslados disimulados y después de traslados forzosos de menores, incluso en contra de su propia voluntad, nos quiere hablar de un interés superior del menor que en realidad no existe. Lo está haciendo por un tema meramente político. Curiosamente, traslada a menores a la Comunidad de Madrid cuando no lo hace a Cataluña o al País Vasco", ha asegurado.

El asunto viene siendo fuente de enfrentamiento entre administraciones desde hace un año, cuando el Gobierno regional solicitó la repatriación de los primeros cuatro menores de los 86 expedientes ahora rechazados. Desde el Gobierno de Ayuso se mantienen además distintos recursos judiciales ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo contra el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. Además, ambas administraciones han polemizado en torno a la situación de más de un centenar de menores solicitantes de asilo atendidos en la red de acogida regional después de que el Tribunal Supremo estableciera que había de garantizarse su acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.