El limbo de las 2.000 casas ilegales en Mejorada del Campo, a nueve kilómetros de Madrid: "Pagamos impuestos pero no tenemos servicios"

"Esto es como Berlín con el Muro". José Antonio Teyssiere, policía jubilado, señala quejumbroso la entrada a la urbanización El Tallar por la que paradójicamente se llama calle Paraíso. En apariencia es de todo menos eso. El camino está asfaltado a pedazos, hay un charco que parece un lago, no hay farolas y donde debería haber aceras hay vegetación nacida de forma salvaje. Al otro lado, está la zona consolidada, con sus calles asfaltadas, sus aceras, sus alcantarillas, sus cubos de basura y sus imponentes adosados que se venden por 450.000 euros.

A este lado, "ya lo ves tú, nuestra urbanización...", un asentamiento irregular que junto a Villaflores y El Balcón conforma las urbanizaciones ilegales más grandes de todo Madrid. Hasta 2.000 viviendas tiene contabilizadas en esta zona del municipio de Mejorada del Campo, a apenas nueve kilómetros de la capital, la Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. En la entrada a una de ellas, Villaflores, tienen incluso guardia de seguridad en una zona vigilada con barreras.

Los promotores se esfumaron

El asentamiento se inició a principios de los años 80, cuando unos promotores que a posteriori se esfumaron parcelaron terrenos rústicos y vendieron las parcelas de forma individual. Se comercializaban desde dos millones de pesetas para uso "como huerto urbano" y se garantizaba el suministro de agua. Se dejaba incluso pagar en "cómodos plazos". Entre los compradores había de todo, sobre todo empleados de clase media que, con lo poco ahorrado, tenían así su terreno de esparcimiento a un tiro de piedra de su barrio, en algunos casos con un chamizo para guardar sillas y aperos.

"Nosotros recibimos las calles como están ahora mismo y nosotros hemos ido reparándolas", precisa el presidente de la asociación de vecinos de El Tallar

"La gente se venía a hacer la paella los domingos", recuerda José Antonio, que preside la asociación de vecinos de El Tallar y que insiste en que todo tenía apariencia de legalidad: "El ayuntamiento de entonces se propuso liderar el proyecto. Basándose en una disposición del Ministerio de Agricultura se permitía transformar las fincas de secano en regadío si accedías al agua. Aquí había dos ríos, que siguen estando, el Jarama y el Henares, y así se autorizó. Nosotros recibimos las calles como están ahora mismo y nosotros hemos ido reparándolas", precisa el presidente de la asociación de vecinos, que señala que el consistorio, cuando se dio cuenta del éxito, "cambió de opinión" y "paralizó" el procedimiento de consolidación del terreno.

Los dueños denunciaron a los promotores, la justicia les dio la razón -"nos reconoció que habíamos sido víctima de una estafa, no somos los estafadores, aunque algunos nos quieran ver así"-, pero esos estafadores "desaparecieron". Desde entonces, la presión de los precios de Madrid hizo que muchos propietarios se vinieran aquí a vivir definitivamente. Y empezaron las reparcelaciones. De una finca salían tres o cuatro. Del chamizo se pasó a la casa de ladrillo, las 'mobil home' o en algunos casos imponentes chalets.

"La Administración se tapaba los ojos", dice José Antonio. Y aquello se convirtió en un carajal urbanístico que hace pocos años ha llegado a los despachos de la Fiscalía, que está investigando las nuevas construcciones que se desarrollan mientras sus dueños cruzan los dedos para que no les pillen: seis años después de la finalización de una construcción en suelo no urbanizable el delito prescribe en Madrid y no se puede derribar. "La gente tiene tanta hambre por un techo que esto no se puede parar", defiende José Antonio. Hay quien ha colocado incluso contenedores marítimos en su finca y los alquila a familias.

Pese a que un enorme cartel advierte a la entrada del camino de que no se puede construir, se siguen levantando casas y revendiendo. "Se llegan a vender terrenos de 700 m2 por 300.000 euros", se sorprenden los vecinos, que pagan al Ayuntamiento de Mejorada el IBI [rústico, más reducido] y el impuesto de basuras. Dos puntos de cuatro contenedores -uno de cada color- están en la entrada y salida de El Tallar.

"Pagamos nuestros impuestos, votamos en las elecciones, todo está registrado en el Registro de la propiedad, y no tenemos ni un servicio", protesta Felipe

"Pagamos nuestros impuestos, votamos en las elecciones, todo está registrado en el Registro de la propiedad, y no tenemos ni un servicio", protesta Felipe, otro vecino del barrio mientras recorremos la parcela comunitaria donde tienen los generadores que dan energía a las casas y a las pocas farolas que hay colocadas. Utilizan gasóleo. "La guerra de Irán nos está haciendo polvo", apostillan ambos. Muchos vecinos tienen también placas solares. "El día del apagón, el único sitio donde había luz era aquí. Yo vivo aquí porque tengo calidad de vida", presume Felipe.

Generadores de gasóleo suministran electricidad a El Tallar: "La guerra de Irán nos está haciendo polvo"

Las tres urbanizaciones tienen un acuerdo con el Canal de Isabel II para el suministro del agua, y cada parcela tiene su contador para calcular cuánto debe pagar, al igual que ocurre con la energía. La urbanización tiene su propio equipo de operarios de mantenimiento y para el saneamiento cada propietario hace de su capa un sayo: de la fosa séptica al pozo ciego [más contaminante].

"Nosotros a lo mejor en mantenimiento nos hemos gastado entre 120.000 y 150.000 euros al año", precisa Juan Mañosa, presidente de otra de las urbanizaciones, El Balcón, que asegura que cada vecino paga de comunidad unos 40 euros mensuales, y que tienen problemas con la presión del abastecimiento del agua cada dos por tres. "En verano, la piscina municipal se lleva mucha presión". Según explica, recientemente han encargado un estudio medioambiental "para legalizar la urbanización, pero se pasan la pelota del ayuntamiento a la Comunidad".

Al filo de la vía del AVE

El Seprona de la Guardia Civil ha intensificado los controles en Mejorada, sobre todo en El Balcón, donde ya hay casas al filo de la trinchera de la vía del AVE. Hace dos años abrió expediente a 70 personas por delitos contra la ordenación del territorio tras detectar 68 viviendas ilegales en terreno no urbanizable protegido. "Cada día tenemos más multas y más expedientes", lamenta Kremena Mateve, otra vecina de este barrio, pegado a un vertedero.

Desde las asociaciones se pide que se solucione ya su problema y se legalicen las casas, asumiendo ellos mismos los costes de la urbanización, las obras para las acometidas y para la red de saneamiento. "Aquí los políticos solo se pasan cuando son las elecciones", lamentan.

Los vecinos piden que se legalicen las casas, asumiendo ellos los costes que eso acarree

Un portavoz del Ayuntamiento de Mejorada explica a El Periódico, del mismo grupo editorial que EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que ellos solo cumplen la legislación: "Nosotros podemos dar los servicios que nos permite la ley porque si no estaríamos violándola". De hecho, un alcalde y un concejal de Urbanismo fueron condenados por prevaricación omisiva por una sentencia de derribo de 12 viviendas que no ejecutaron. Es por eso que los camiones de basura ni entran: son caminos privados.

Desde el consistorio, gobernado por el PSOE, se muestran comprensivos y afirman que es "un problema urbanístico que ha pasado a ser un problema social y hay que darle solución" lo más pronto posible "dentro de la legalidad". Por ello, han pedido a la Comunidad de Madrid "una ley especial, 'ad hoc', en la línea de la de la Cañada Real", que dé salida legal a las urbanizaciones, aunque admiten que el hecho de que muchas casas estén ya lindando con el vertedero de residuos especiales hace difícil su regulación.