Un juzgado investiga a la alcaldesa de El Boalo por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos a familiares

La alcaldesa de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Soledad Ávila Ribada, está siendo investigada por el Juzgado de Instancia e Instrucción número 6 de Colmenar Viejo por la presunta adjudicación irregular de contratos menores a familiares directos durante su etapa como concejala de Educación y tercera teniente de alcalde.

La investigación judicial se inició a raíz de una denuncia presentada en octubre de 2025 por el portavoz municipal del Partido Popular, Sergio Yunquera, quien acusa de un presunto delito de prevaricación a la actual regidora, que se presentó por el PSOE antes de ser expulsada del partido. Según Yunquera, el Ayuntamiento habría abonado facturas a varios familiares directos de Ávila Ribada (tres hermanos, una cuñada y dos sobrinos) por un importe total de unos 135.000 euros entre 2015 y 2023. El edil sostiene que esos pagos se realizaron sin contrato formal y sin la fiscalización de la Intervención municipal de El Boalo.

Tras la denuncia, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Colmenar Viejo abrió diligencias previas. En una resolución fechada el 6 de marzo de 2026, el juzgado acordó reprogramar las declaraciones de dos peritos y de la interventora municipal, inicialmente previstas para mediados de mayo, que finalmente se celebrarán el 6 de mayo a las 10:30 horas a petición del Ministerio Fiscal. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han precisado que Ávila Ribada será formalmente investigada cuando sea citada a declarar en calidad de tal.

El origen del caso se remonta a una auditoría externa encargada por Yunquera tras acceder a la alcaldía en 2023 gracias a un acuerdo con Vox y Somos Pueblo. El informe analizó expedientes y contratos municipales y, posteriormente, la interventora elaboró un documento en el que detectó unas 220 facturas que consideró "irregulares" por incumplir la Ley de Contratos del Sector Público.

Según el portavoz popular, la funcionaria concluyó que las facturas carecían de contrato o de los mecanismos de control económico obligatorios y que, pese a las advertencias de los técnicos municipales sobre estas anomalías, fueron firmadas por la entonces concejala de Educación. Además, el secretario del Ayuntamiento elaboró otro informe en el que apreciaba posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, lo que motivó la presentación de la denuncia ante los tribunales. La documentación recopilada por la interventora también fue remitida al Tribunal de Cuentas para su análisis financiero.

Yunquera sostiene asimismo que la moción de censura que desalojó a su Ejecutivo el 12 de noviembre de 2025, impulsada por Ávila Ribada junto a BCM en Común y un concejal no adscrito procedente de Vox, respondió a "una maniobra política para protegerse desde el Ayuntamiento y evitar que el procedimiento siguiera su curso". Tras esa moción de censura, el PSOE de Madrid solicitó en diciembre de 2025 la expulsión de Ávila Ribada del partido. Según fuentes socialistas, Ferraz cerró el expediente confirmando su expulsión, por lo que la actual alcaldesa ya no es militante socialista.