Las plataformas Por la Pública recelan del acuerdo de financiación universitaria de Ayuso y los rectores: "Va a haber mucha movilización"

El pasado martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firmó un acuerdo de financiación plurianual con los rectores de las universidades públicas madrileñas en virtud del cual se destinarán a estas instituciones 14.800 millones de euros hasta 2031, a razón de unos 2.465,1 millones de euros anuales de media. Para los rectores suponía un "hito" y un "enorme motivo de satisfacción", en palabras de la máxima responsable de la Universidad Autónoma y actual presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma), Amaya Mendikoetxea. Para Ayuso, un doble éxito político.

Por un lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid podía dar por zanjada la crisis abierta en su Gobierno tras el cese del consejero de Educación Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien en dos años y medio no logró sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) comprometida por Ayuso en su programa electoral de 2023. Tras el cese, el Gobierno regional anunció que aparcaba la Lesuc para centrarse en conseguir sacar adelante un marco de financiación plurianual. Apenas dos semanas después, presentaba ese acuerdo, acelerado en los últimos meses, después de que a las negociaciones se incorporara el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.

Al mismo tiempo, cerraba dos años de tiras y aflojas con los rectores, que denunciaban una infrafinanciación acumulada a lo largo de más de 15 años. El asunto tensa los campus, con numerosas protestas y varias jornadas de huelga, y da munición política no solo a la oposición regional sino incluso al Gobierno central. El propio Pedro Sánchez llegó a referirse a la situación de la Universidad Complutense, que ha tenido que pedir un crédito de 34,5 millones de euros, señalando directamente a Ayuso desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

En Sol se enfatiza que con este acuerdo "a muchos se les cae la pancarta". El sí de los rectores, entienden, desactiva en gran medida las protestas de la oposición y la presidenta madrileña acudió el pasado jueves a la Asamblea regional con el escudo del acuerdo recién firmado para comparecer sobre el cese de Viciana. "Ha alcanzado una tregua provisional con los rectores, pero la paz con los campus no se la ha ganado y no se la va a ganar nunca", le reprochaba entonces la portavoz de Más Madrid en la cámara, Manuela Bergerot.

"Acuerdo engañosísimo"

Desde las plataformas que han mantenido las reivindicaciones frente a lo que consideran una "asfixia" económica de las universidades públicas se recela del pacto firmado con los rectores. "Se trata de un acuerdo hecho para silenciar a la comunidad universitaria y conseguir apoyo mediático y público con vistas a las elecciones del año que viene, pero es engañosísimo", asegura Eva Aladro, catedrática de Teoría de la Información, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, y portavoz de Por la Pública, que integra a colectivos de alumnos, profesores y personal no docente de las seis universidades públicas madrileñas.

Lamentan en Por la Pública el "secretismo" del acuerdo, cuyo contenido íntegro no se ha dado a conocer más allá de la información que ha transmitido la Comunidad de Madrid en un comunicado. Pero incluso sobre lo conocido se plantean dudas. Se critica, por ejemplo, que de los 14.800 millones anunciados, la Comunidad de Madrid aporte un 83%, lo que obliga a las universidades a buscar autofinanciación por importe de unos 2.500 millones de euros en el total del periodo de seis años considerado. Se señala también que ese 83% de aportación incluye las matrículas que pagan los estudiantes, lo que cifran en torno a un 30%. Descontadas ambas cantidades, indican desde Por la Pública, "la subida en términos de porcentaje del PIB es de apenas un 0,1%, pasar del 0,4% del PIB al 0,5%, pero la ley nacional dice que las comunidades tienen que poner el 1% del PIB".

Desde las plataformas se entiende que la postura de la Cruma es "ambigua". Aseguran que lo que los rectores les trasladaron en una reunión el mismo martes, horas después de la firma del documento en la Real Casa de Correos, es que se trataba de una "declaración de intenciones" que desbloqueaba la subida de los presupuestos. Falta por ver qué postura irán tomando los decanos y las propias juntas de cada facultad.

La Losu y el 1% del PIB

Al menos una de ellas ya se ha pronunciado. El miércoles, al día siguiente de la firma, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense hacía pública una carta en la que instaba al rector, Joaquín Goyache, a "reclamar judicialmente a la Comunidad de Madrid por el daño derivado de la falta de financiación". El escrito se había aprobado por la junta de facultad el viernes anterior, pero los motivos para hacerlo público, se argumentaba "no solo se mantienen, sino que se agudizan" tras lo conocido del acuerdo.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid incumple la legislación básica del Estado, que en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) reclama la autonomía económica y financiera de las universidades, mandatando a las Administraciones Públicas a dotarlas 'de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera'", se lee en la carta, suscrita por sindicatos y más de una veintena de grupos de investigación. "En este texto legal se llega a establecer un objetivo de crecimiento de la financiación pública del 1% del PIB para 2030 mediante un plan plurianual".

La cuestión del 1% del PIB es uno de los caballos de batalla en torno a la financiación. Lo que en concreto dice la Losu en su artículo 55.2 es: que Estado, comunidades autónomas y universidades "comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1% del PIB al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado". Desde el Gobierno de Ayuso se argumenta que ese porcentaje o superior puede tener sentido en autonomías donde el peso del sector público en el PIB es elevado, pero que en el caso de la Comunidad de Madrid, el 1% del PIB regional, lo que supondría más de 3.000 millones de euros anuales, constituye una cantidad "aleatoria e irreal".

Entre la comunidad universitaria se asegura que otras facultades estudian suscribir la carta de la de Políticas o elaborar las suyas propias. "Va a haber más", señala Aladro. "En Ciencias de la Información estamos preparando una junta para firmar una carta muy similar, y sé que las facultades se están moviendo. Va a haber movilización, desde la Complutense mucha, porque, además, todo esto no soluciona nuestros problemas del día a día". Como consecuencia del crédito solicitado, la mayor universidad presencial de España ha adoptado un severo plan de ajuste.

Entretanto, las plataformas seguirán manteniendo el pulso. "Vamos a organizar asambleas facultad por facultad en cada universidad, y en un plazo breve tendremos una asamblea interuniversitaria de la que va a salir probablemente una jornada o varios días de huelga, lo tenemos que ver", señala la portavoz de Por la Pública. De momento, el 19 de abril hay convocada una movilización educativa de todas las etapas, desde Infantil a Primaria, Secundaria y Universitaria en la Comunidad de Madrid que secundarán. "Pero luego vamos a hacer las nuestras propias: movilizaciones, huelgas, manifestaciones... Mostrar a la gente que este acuerdo tiene agujeros".