El Gobierno de Ayuso recurrirá la decisión de la Justicia que le ordena iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto

Nuevo episodio en el enfrentamiento que el Gobierno y la Comunidad de Madrid mantienen a cuenta de la creación de una lista de profesionales sanitarios que se oponen a practicar abortos por motivos de conciencia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al Gobierno de Ayuso que inicie "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo. Desde el Ejecutivo regional ya se ha asegurado, no obstante, que se recurrirá el fallo.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto.

El tribunal especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente. El Ministerio recurrió a la vía judicial porque Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley.

El asunto, de hecho, ha tensado en los últimos meses las ya bastante crispadas relaciones entre el Gobierno de Ayuso y el Ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García, dirigente, a su vez, de Más Madrid, formación que lidera la oposición en la Comunidad de Madrid. El pasado mes de octubre, Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y Madrid, las tres comunidades que aún no habían elaborado ese registro conforme a lo que establece la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, reformada en 2023.

Madrid se negó y la presidenta madrileña enarboló personalmente la bandera del rechazo a elaborar lo que en diversas ocasiones ha calificado calificó de "listas negras". El protocolo para la elaboración de esos registros se aprobó por unanimidad en diciembre de 2024 en el Consejo Interterritorial con la participación de todas las comunidades autónomas, incluida Madrid.

A pesar de ello, Ayuso insistió en el rechazo. El momento de mayor crispación se vivió en un Pleno en la Asamblea regional. "No voy a hacer una lista negra de médicos nunca", aseguraba. "Nunca", repetía. Y en el fragor del intercambio afirmaba: "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar".

Sus palabras sirvieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para entrar de lleno en la polémica y asegurar que Ayuso instaba a "volver a los viajes clandestinos a Londres". El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tuvo que intervenir para fijar su posición respecto al aborto. "Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", escribió el líder de los populares en la red social X.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado el fallo del TSJM. "Victoria judicial por el derecho al aborto", ha señalado en redes sociales. "La Justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a Ayuso a garantizar el aborto en la sanidad pública. Era la única comunidad que se negaba, derivando el 99% a la privada. Se acabó".

"El registro no es ninguna lista negra", ha señalado García en declaraciones posteriores, "es una herramienta básica para poder organizar el sistema sanitario y garantizar un derecho reconocido por ley que pueda ejercerse de verdad". La ministra ha calificado la decisión del TSJM de "paso importante" frente a quienes quieren "mandar a las mujeres décadas atrás por su fanatismo ideológico". "Esta victoria judicial es un aviso a los reaccionarios", ha zanjado.

Desde la Comunidad de Madrid, en cambio, no se da por terminada la pugna. La presidenta madrileña, de viaje institucional en Nueva York, no se ha pronunciado todavía, pero fuentes de la Consejería de Sanidad trasladan que no ha cambiado nada. "El TSJ solo acepta la medida cautelar e insta a iniciar los trámites, pero no entra aún en el fondo del asunto", afirman.

La resolución no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, previa interposición de recurso de reposición ante la propia Sala. "Recurriremos en reposición la cautelar, toda vez que la Comunidad de Madrid ya está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo", apuntan desde el departamento que dirige Fátima Matute. Cuando todos los profesionales de un determinado servicio ejercen la objeción de conciencia, se ha argumentado desde la Comunidad de Madrid, las pacientes son derivadas a centros autorizados que pueden prestar el servicio.