Ayuso apacigua a los rectores y desactiva uno de sus frentes de erosión con el acuerdo de financiación de las universidades madrileñas

Presentado por la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) y rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, como "un verdadero hito" o un "enorme motivo de satisfacción", el acuerdo de financiación plurianual suscrito entre los responsables de las universidades madrileñas y la Comunidad de Madrid, rubricado con ellos por la propia presidenta regional, viene a desactivar uno de los frentes de desgaste de Isabel Díaz Ayuso en esta legislatura. La oposición y las asociaciones de docentes y estudiantes siguen mostrando rechazo, pero la dirigente madrileña podrá presentarse este jueves en la Asamblea de Madrid con un documento que desencalla cerca de dos años de tensa relación.

El acuerdo pone sobre la mesa casi 14.800 millones de euros desde 2026 hasta 2031, de los que la Comunidad aportará el 83%, unos 12.294,6 millones de euros. El incremento de fondos regionales en el último de estos ejercicios respecto al actual será de 549 millones de euros. Es una cuantía notable que ha complacido a los rectores y que se ha alcanzado apenas dos semanas después del cese del anterior consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, después de casi dos años sin avances. Fue en abril de 2024 cuando los rectores plantearon en un acto conjunto una situación de "creciente desequilibrio entre ingresos y gastos" que ponía "en serio peligro" la sostenibilidad del sistema.

Este martes, en la firma del acuerdo en la Sala Canalejas, espacio noble de la Real Casa de Correos, los rectores y la presidenta regional escenificaban entendimiento. Mendikoetxea llegaba a agradecer la "sensibilidad" de Ayuso y su "interés personal" en que las universidades cuenten con una financiación "suficiente, equitativa y estable". La presidenta madrileña se anota así un triunfo en un terreno que tenía complicado, a falta de ver cómo es recibido el acuerdo por los demás estamentos de la comunidad universitaria.

El acuerdo supone también un respaldo para su nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias y diputada en la Asamblea de Madrid, donde destacó por su acerada intervención en la llamada comisión Begoña que investigaba el presunto trato de favor de la Universidad Complutense a la esposa del presidente del Gobierno, llegó a la viceconsejería de Universidades el pasado octubre para dar impulso a un departamento en el que el consejero, Emilio Viciana, no terminaba de sacar adelante el proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc).

Hace dos semanas, de manera sorpresiva, Ayuso destituyó a Viciana y puso en su lugar a Zarzalejo. La aprobación de la Lesuc quedaba aparcada. El encargo principal de Zarzalejo era sacar adelante un modelo de financiación plurianual pactado con los rectores, lo que se ha plasmado 15 días después. Aunque en la consecución del entendimiento muchos miran, sobre todo, a Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, portavoz del Gobierno regional y número dos de facto, aunque no existe la figura del vicepresidente, en el gabinete regional.

García ya se incorporó a las negociaciones con los rectores cuando Viciana era consejero para encarrilarlas. Mendikoetxea destacaba ayer su "cintura" y su capacidad para tener presentes todas las complejidades de un acuerdo que busca dar satisfacción a necesidades diferentes de los distintos campus. Su papel ha sido clave también para coordinar a otras consejerías, singularmente la de Hacienda, ante un mandato claro de cerrar el acuerdo.

La negociación se ha acelerado en los últimos meses, transmiten fuentes conocedoras del proceso, y particularmente en las últimas semanas. Hasta el pasado fin de semana han sido numerosas las llamadas y cruces de mensajes. Y aunque el acuerdo llegó ya maduro a la reunión de dos horas que los rectores mantuvieron con Zarzalejo y García en la tarde del pasado lunes, incluso después de ese encuentro se estuvieron cerrando flecos.

El rechazo de Por la Pública

Los rectores tienen ahora por delante el reto de convencer de las bondades del acuerdo en sus respectivas universidades. Por el momento, las plataformas Por la Pública de las seis universidades madrileñas, que integran a profesores, personal no docente y alumnos, ya han mostrado su rechazo al acuerdo. Critican que no tiene en cuenta la inflación en los próximos seis años, que la aportación del 83% de la Comunidad de Madrid incluye no solo las transferencias hechas desde el Gobierno regional vía presupuestos sino también los ingresos por matrículas, lo que el Gobierno regional ha presentado como "capítulo III de precios públicos", y que la cifra aún queda lejos del 1% del PIB que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), de ámbito estatal, considera deseable.

En el caso de la Comunidad de Madrid ese 1% superaría los 3.000 millones de euros. Los últimos presupuestos de la Comunidad de Madrid, de 2026, destinaban a las universidades públicas 1.239,7 millones de euros. Los 549 millones adicionales que se alcanzarán en 2031 elevarían la suma a unos 1.788 millones de euros.

Desde la izquierda madrileña, que ha hecho bandera de la protesta contra la infrafinanciación de las universidades, se insiste también en esa necesidad de llegar al 1% del PIB. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, opina que el acuerdo "pospone la amenaza de asfixia financiera", pero no es una solución estructural. Mar Espinar, portavoz socialista, manifestaba ayer que el acuerdo no resuelve, "ni de lejos", el "boquete" que tienen las universidades. Pero la foto de Ayuso con los rectores y la firma del acuerdo dan a la presidenta madrileña un escudo simbólico contra esas críticas a apenas unas horas de tener que explicar en la Asamblea los cambios en la Consejería de Educación.