El Gobierno de Ayuso y las universidades públicas afrontan el segundo asalto por la financiación tras la crisis en la Consejería de Educación

Comienza un nuevo episodio en la pugna entre el Ejecutivo madrileño y las seis universidades públicas de la región: Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Alcalá de Henares y Rey Juan Carlos. El cese del hasta hace dos semanas consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, desembocó en la primera crisis de gobierno de la legislatura que comenzó en 2023 con la primera mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. A la salida de Viciana han seguido las de dos directores generales y tres diputados autonómicos vinculados a Antonio Castillo Algarra, dramaturgo e ideólogo al que se atribuía influencia sobre Ayuso y que también ha acabado dejando su puesto en el patronato del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

Pero más allá de la cascada de destituciones y dimisiones, en el núcleo del asunto está la política universitaria de la Comunidad de Madrid. A Viciana se le atragantó la Ley de Enseñanza Superiores, Ciencia y Universidades, el que había sido uno de los principales si no el principal encargo de Ayuso y que nunca ha pasado de mero borrador, con polémicos aspectos relativos al régimen disciplinario o la autonomía universitaria en los que Viciana tuvo que dar sucesivos pasos atrás. Para tratar de reconducir la situación, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, se incorporó al diálogo con los rectores, que incluso llegaron a viajar a Miami con Ayuso el verano pasado.

El principal asunto sobre la mesa para Sol y rectores es, no obstante, la cuestión de la financiación. Desde el Ejecutivo regional se entiende que hay que superar el actual modelo de transferencias anuales en favor de un sistema plurianual, se piensa en cinco años, que permita a los campus planificar su actividad con más previsión. Los rectores también están en la necesidad de un modelo plurianual. Ayuso ya ha decidido aparcar la aprobación de la Lesuc y ha puesto como tarea a Mercedes Zarzalejo, la sustituta de Viciana, desencallar la cuestión de la financiación. Este mismo lunes Zarzalejo y García se han reunido con los representantes de la Conferencia de Rectores Universitarios de Madrid (Cruma).

Desde el Gobierno regional se ha venido insistiendo en el aumento de las partidas que se destinan a las universidades en los Presupuestos regionales de 2026: un total de 75 millones de euros más que en 2025 para llegar a los 1.239,7 millones de euros. Pero desde las universidades se ve una cantidad insuficiente. Señalan que vienen acumulando una situación de infrafinanciación desde hace más de 15 años, desde la crisis de 2009. En alguna ocasión los rectores han cifrado en 200 millones de euros adicionales la cantidad necesaria. La Complutense ha tenido que solicitar un préstamo de 34 millones de euros a la Comunidad de Madrid. Y la Rey Juan Carlos trabaja para evitarlo. Según el informe sobre el avance del cierre presupuestario de 2025 revelado hace unos días por El País, cerró el año pasado con un déficit de 76 millones de euros.

De momento, los seis rectores mantienen una posición bastante unida y de cautela a la espera de lo que vaya trasladando la Comunidad de Madrid. Otros estamentos de la comunidad universitaria plantean posturas de absoluta confrontación. En los últimos días ha circulado de forma extraoficial la cifra de 1.600 millones de euros como horizonte frente a los 1.239,7 millones de euros del presupuesto de 2026. Las plataformas Por la Pública de las seis universidades madrileñas, que integran a profesores, personal no docente y alumnos, rechazan cualquier cifra por debajo del 1% del PIB regional.

Si los rectores y gobernantes hacen anuncios oficiales que vayan contra "los objetivos mínimos", las Plataformas se reunirán "de urgencia para organizar y convocar las movilizaciones, acciones y huelgas tan intensas como sea necesario hasta que se cumplan los mínimos señalados", afirman en un comunicado hecho público este lunes, en vísperas de la reunión que hoy mismo mantienen con la Cruma.

El 1% del PIB es uno de los conceptos en torno a los que ha venido girando el debate. Se trata del objetivo que apunta como deseable la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), el marco estatal que regula la educación superior. En el caso de la Comunidad de Madrid supondría elevar el presupuesto universitario hasta algo más de 3.000 millones de euros. Desde el Gobierno regional siempre se ha desechado esa meta por "irreal y arbitraria".

La cuestión, en cualquier caso, trasciende la negociación con los rectores y entra también en el centro del tablero político. Ayuso comparece este jueves en la Asamblea de Madrid para dar cuenta del relevo en la Consejería de Educación y una semana después será Zarzalejo la que acuda a la cámara de Vallecas para exponer la que será su actuación hasta 2027, año electoral. En la oposición esperan las dos citas con ganas para denunciar lo que entienden es un sistema que "asfixia" a la universidad pública en beneficio de la privada.

Desde el PSOE madrileño se utilizará el Pleno del jueves en el hemiciclo de Entrevías para pedir al Gobierno regional "capacidad de escucha, capacidad de consensuar y capacidad de financiar, que la tiene". "Lo que hay que ver es si tiene la voluntad política de dar a las universidades, a la educación pública y a la formación profesional todo lo que les ha estado quitando durante décadas”, sentenciaba este lunes su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar.

Igualmente taxativa se mostraba la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. "Vamos a exigir a la Comunidad de Madrid un plan de financiación plurianual universitaria consensuado con las seis universidades públicas madrileñas", aseguraba. "La retirada de la ley infame de universidades no es suficiente, hay que garantizar una financiación digna que nos permita alcanzar una inversión en universidades igual al 1% del PIB madrileño, más del doble de lo que se está destinando actualmente. Y también hay que garantizar una inyección inmediata de 300 millones de euros al año".

Su formación lo solicitará mediante una proposición no de ley que llevará a debate en futuros plenos, tras las comparecencias de Ayuso y Zarzalejo, para extender la pugna en torno a un asunto que consideran central.

La iniciativa plantea obtener esos 300 millones de euros citados de las partidas de créditos centralizados (100 millones de euros) y del fondo de contingencia (los 200 millones restantes), además de trazar en colaboración con las universidades la hoja de ruta hacia una financiación del 1% del PIB “como objetivo de legislatura”.

El aumento de financiación universitaria no puede ir paralelo a una disminución en el plan regional de ciencia e investigación. Sería absurdo que lo que se aumenta por un lado se disminuya por otro”, se lee en el texto. Por eso se reclama también financiar el Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT) con 1.200 millones de euros para el periodo 2026-2030.