La Comunidad de Madrid anuncia un acuerdo con los rectores de las universidades públicas para un nuevo modelo de financiación plurianual

La Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual. Así lo han trasladado esta mañana fuentes del Gobierno regional. El acuerdo será firmado este mediodía en la Real casa de Correos, momento en que se desvelarán los términos del mismo. El anuncio llega tras la reunión que mantuvieron ayer por la tarde la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) y los consejeros de Presidencia, Miguel Ángel García, y Educación, Mercedes Zarzalejo.

El asunto venía tensando desde hace meses la relación entre el gobierno de Ayuso y las universidades, que denuncian una infrafinanciación acumulada de 15 años. La cuestión estuvo en el centro del cese del hasta hace dos semanas consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana que ocasionó la primera crisis de gobierno en el Ejecutivo de Ayuso en la legislatura de su mayoría absoluta.

Tras dos años y medio al frente de la política educativa madrileña Viciana no pudo sacar adelante uno de los proyectos de más peso de Ayuso para esta legislatura, la aprobación de una Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades (Lesuc). El proyecto nunca pasó de la fase de borrador, con fuerte cuestionamiento de la comunidad universitaria y sucesivas rectificaciones que no llegaron a limar las diferencias.

Dos días después de anunciar el cese de Viciana y su sustitución por la hasta entonces viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo, el Gobierno de Ayuso comunicaba que aparcaba de momento la elaboración y tramitación de la Lesuc y que se centraría en alcanzar un modelo de financiación plurianual para las seis universidades públicas madrileñas.

La cuestión presupuestaria viene siendo la principal preocupación de los rectores madrileños en los últimos años, que aseguran venir soportando una situación de infrafinanciación acumulada desde la crisis de 2009. La situación es especialmente preocupante en la Universidad Complutense, obligada a pedir un crédito a la propia Comunidad de Madrid de 34,5 millones de euros y a presentar un duro plan de ajuste. La Universidad Rey Juan Carlos lleva meses trabajando con la Comunidad de Madrid para evitar tener que pedir un crédito similar. Según el informe sobre el avance del cierre presupuestario de 2025 revelado hace unos días por El País, cerró el año pasado con un déficit de 76 millones de euros.

Entre los detalles del acuerdo, que se conocerán a partir del mediodía de hoy, será importante ver las cantidades pero también cómo se articula el sistema. El modelo por el que ha venido abogando Ayuso hasta ahora ha sido el de fundamentar esa financiación, a un periodo de cinco años, en tres pilares: un primer componente básico, para hacer frente a las necesidades de los campus; uno segundo específico, en función de necesidades particulares que cada universidad pueda tener, y una tercera fuente de financiación vinculada a la consecución de objetivos. La definición de esos objetivos entre la Comunidad y los órganos de gobierno de las universidades ha venido siendo uno de los aspectos bajo escrutinio.

La Comunidad también ha venido manejando la idea de que las universidades busquen más fórmulas de autofinanciación. Viciana llegó a trasladar que una proporción de 70% de recursos aportados desde los presupuestos regionales y un 30% captados por las propias universidades resultaba razonable.

En cuanto al incremento en las cantidades, estos días ha circulado extraoficialmente un horizonte para llegar a 1.600 millones de euros anuales frente a los 1.239,7 millones de euros contemplados en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para este 2026. En una reciente entrevista con la agencia Europa Press, la rectora de la Universidad Autónoma y actual presidenta de la Cruma, Amaya Mendikoetxea, señalaba como "una buena referencia" un aumento de unos 500 millones de euros anuales, hasta los 1.700 millones de euros.

La cifra quedaría lejos todavía, no obstante, del 1% del PIB regional que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), de ámbito estatal, señala como deseable y que las plataformas Por la Pública de las seis universidades madrileñas, que integran a estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, exigen negociar a los rectores. Esta tarde representantes de las plataformas y de la Cruma se reúnen en la Universidad Autónoma.