Alcobendas presenta su Oficina Antiocupación para proteger la vivienda privada y erradicar la ocupación ilegal

El Ayuntamiento de Alcobendas ha presentado su nueva Oficina y Protocolo Antiocupación, una herramienta municipal con la que el equipo de Gobierno aspira a consolidar una política de "ocupación ilegal cero" y reforzar la protección de la vivienda privada en el municipio.

La alcaldesa, Rocío García Alcántara, fue tajante en el mensaje que quiso trasladar durante el acto, respaldado por el alcalde de Badalona y referente nacional en esta materia, Xavier García Albiol. "El mensaje es claro para todos los delincuentes y okupas profesionales", afirmó. "En Alcobendas se respeta la propiedad privada y esta oficina refuerza las directrices de firmeza y mano dura trasladadas a la Policía Local a mi llegada a la alcaldía".

La nueva oficina, ubicada en la Base de la Policía Local del Distrito Centro, cuenta con un presupuesto anual de 72.615 euros y está atendida por una psicóloga y una letrada. Ofrecerá asesoramiento preventivo, estrategias de actuación ante posibles casos de allanamiento o usurpación y asistencia psicológica y jurídica gratuita a los propietarios afectados. Además, el protocolo articula la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los juzgados de Alcobendas para agilizar la resolución de los procedimientos dentro del marco legislativo.

216 viviendas recuperadas desde 2023

El balance que maneja el Consistorio es uno de los principales argumentos políticos de la iniciativa. Desde junio de 2023, la Policía Local ha colaborado en la liberación y devolución a sus legítimos propietarios de 216 viviendas ocupadas ilegalmente: 90 en 2023, 83 en 2024 y 43 en 2025. Estas actuaciones suponen, según datos municipales, el 80% de las ocupaciones ilegales registradas en la ciudad.

Entre los desalojos más relevantes figura el mayor de la legislatura, en la calle Francisco Largo Caballero, donde se recuperaron 64 viviendas ocupadas durante una década y cuya situación había derivado, según el Ayuntamiento, en un aumento de la delincuencia y un deterioro de la convivencia. También destacan las intervenciones en la calle Fuego con ocho viviendas ocupadas durante dos años antes de concederse las licencias de primera ocupación, así como en la calle Pablo Picasso, donde se desalojaron nueve inmuebles de IVIMA y SOGEPIMA destinados a alquiler asequible.

Todas estas actuaciones se llevaron a cabo mediante el trabajo coordinado de Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.

El comisario principal jefe de la Policía Local, Antonio Pardo Villamor, enmarca la estrategia en la defensa de la seguridad jurídica: "Proteger la vivienda es cumplir con esa seguridad jurídica. Pretender dar respuesta a aquellos propietarios que tienen una okupación". Según explicó, el tiempo récord para recuperar un inmueble ha sido de ocho días.

Coordinación pública frente a empresas privadas

Durante la presentación, García Alcántara y García Albiol coincidieron en rechazar que la solución pase por la contratación de empresas privadas antiokupación. A su juicio, la respuesta debe provenir de la administración pública. "No es una oficina más, ni de derechas ni de izquierdas, sino para atender a los vecinos del municipio", defendió el alcalde de Badalona. "Se van a sentir acompañadas en un proceso de desokupación y formación".

Albiol recordó que su ciudad puso en marcha una oficina similar en mayo de 2023 "que está dando muy buen resultado” y aseguró que en 2025 se pudieron evitar más del 50% de los casos en su municipio. En su análisis, "la okupación no es una consecuencia de crisis económica, sino que okupar de manera ilegal sale más barato" y sostuvo que "el 80% no son personas vulnerables, son personas conflictivas". También deslizó una crítica al marco normativo vigente: "La ley protege al okupa. Ojalá las oficinas en un futuro no tengan sentido".

Seguridad y convivencia

La Oficina Antiocupación se integra en una estrategia más amplia de seguridad urbana. El Ayuntamiento ha invertido más de ocho millones de euros en esta materia, con la incorporación de 50 nuevos agentes —la mayor oferta pública de empleo de su historia—, la modernización de los centros de comunicaciones que gestionan 357 cámaras de videovigilancia y sistemas OCR, y la renovación de la flota policial.

La alcaldesa defendió que Alcobendas es "un ejemplo de convivencia, con una policía con autoridad y medios materiales y con tolerancia cero con los delincuentes". En esa línea, el Consistorio ha intensificado las inspecciones en locales de ocio nocturno que incumplen la normativa —con sanciones y cierres en el Distrito Centro— y ha reforzado la lucha contra grafitis y pintadas, con más de 100 infracciones resueltas en la vía pública.

La Oficina y el Protocolo Antiocupación se presentan así como una pieza central de esa política de seguridad. Un instrumento municipal que, en palabras de la alcaldesa, busca dejar claro que en Alcobendas la propiedad privada es un principio que el Ayuntamiento está dispuesto a defender con recursos, coordinación institucional y firmeza.