Los colegios de abogados madrileños han recibido 210 consultas sobre ocupación e inquiocupación tras el protocolo con Ayuso

El pasado mes de mayo la Comunidad de Madrid firmaba un protocolo con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Madrid para facilitar la asistencia jurídica a víctimas de ocupación e inquiocupación. Lo rubricaban en la Real Casa de Correos la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los entonces decanos de las tres instituciones, Eugenio Ribón, Ángel Llamas y Alberto García respectivamente.

La ocupación, señalaba entonces Ayuso, es un atentado "contra el derecho a la propiedad, la seguridad jurídica y de las propias personas, contra la libertad de empresa y contra el propio derecho a la vivienda" del que responsabilizaba a Pedro Sánchez como "cómplice" por haber desarrollado "las perores leyes de vivienda que se recuerdan".

Nueve meses después los colegios de abogados y procuradores madrileños reportan haber recibido un total de 210 consultas relacionadas con ocupación y con inquiocupación, informan fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha atendido 37 expedientes por esta cuestión; el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, un total de 33, y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, hasta 140. Muchos de ellos son, sobre todo, de carácter consultivo, personas que se dirigen con preguntas como "¿Qué puedo hacer si...?", "¿Cómo me ayudaríais desde el Colegio?".

En virtud del documento firmado se busca facilitar la asistencia jurídica a los propietarios de una vivienda que haya sido ocupada. Si un madrileño se ve ante esta situación, podrá recibir un primer asesoramiento legal por parte de abogados y procuradores colegiados en alguna de las instituciones que han firmado el convenio sobre los pasos a seguir de cara a un proceso judicial. Se trata de facilitar un primer contacto. La asistencia posterior a partir de ese punto no es gratuita salvo para aquellas personas para quienes por situaciones de vulnerabilidad o ser víctimas de determinados delitos esté así reconocida.

Desde el Gobierno regional se pretende hacer bandera de la lucha contra la ocupación y la inquiocupación, un asunto que, más allá del problema para propietarios afectados y en ocasiones para vecinos, permite enarbolar la defensa del derecho a la propiedad y confrontar con el Gobierno. Las medidas contra desahucios de familias vulnerables están en gran medida en el centro de la polémica en torno al rechazo de los decretos del llamado escudo social que se viene visibilizando en semanas recientes y en los últimos días en el Congreso de los Diputados.

En ese ambiente, el Gobierno de Ayuso ha impulsado medidas como la firma del protocolo con abogados y procuradores para facilitar asistencia jurídica, pero también otras como la puesta en marcha del teléfono 112 Ocupación, habilitado en junio de 2022. Desde entonces y hasta el 1 de febrero de 2026, trasladan desde la Consejería de Presidencia, ha atendido 4.846 llamadas y en 53 ocasiones los profesionales han podido evitar la ocupación de una vivienda o desalojar la misma, tras una llamada para iniciar el procedimiento.

También en octubre de 2022 se anunció la bonificación en los contratos del agua de viviendas que se pudiera demostrar que habían sido ocupadas. Al cabo de un año y medio, en mayo de 2024, el número de personas que se habían beneficiado apenas sumaban 15, por un importe total de 7.719 euros. Más recientemente, Ayuso ha avanzado que en el nuevo Reglamento de Vivienda Protegida, actualmente en tramitación y que se espera aprobar en julio, se incluirá la prohibición de que las personas condenadas por ocupación ilegal puedan optar a un inmueble protegido durante los cinco años siguientes.

En el acto de firma del protocolo entre la Comunidad de Madrid y los colegios profesionales, Ayuso llegó a cifrar en más de 9.000 las viviendas ocupadas o inquiocupadas en la región. La cifra contrasta abiertamente con los datos del Ministerio de Interior, los hechos relacionados con la ocupación ilegal de inmuebles recogidos en el Sistema Estadístico de Criminalidad del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sumaron en 2024 un conjunto de 1.451 entre allanamientos (144) y usurpaciones (1.307). Los detenidos e investigados por estos delitos en ese mismo año fueron 847.