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EDUCACIÓN

Las universidades públicas de Madrid se plantan: no aceptarán acuerdos de financiación por debajo del 1% del PIB regional

La negociación se reabre el 3 de marzo tras el cese del exconsejero Emilio Viciana y la paralización de la ley autonómica de universidades

Varios activistas en una concentración convocada por la Coordinadora de las Plataformas en defensa de las 6 universidades públicas madrileñas el pasado mes de diciembre.

Varios activistas en una concentración convocada por la Coordinadora de las Plataformas en defensa de las 6 universidades públicas madrileñas el pasado mes de diciembre. / SERGIO PÉREZ / EFE

Madrid

Las Plataformas por las Universidades Públicas de Madrid mantendrán el próximo 3 de marzo una reunión con los seis rectores de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) para trasladarles una posición clara: no respaldarán ningún acuerdo de financiación plurianual que no se acerque al 1% del PIB regional.

El encuentro se celebrará en un contexto de transición política en la Consejería de Educación, tras el cese de Emilio Viciana, impulsor de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), una norma que provocó un amplio rechazo en la comunidad universitaria y dio lugar a huelgas y movilizaciones. La negociación de un nuevo plan de financiación a varios años vuelve ahora a la mesa.

Reivindicación de legitimidad y presión a los rectores

Antes de la cita con Cruma -a la que acudirá un representante de cada universidad pública madrileña- las plataformas han acordado reivindicar su legitimidad como interlocutores. Recuerdan que fueron los “espacios donde se organizaron las movilizaciones masivas” que contribuyeron a frenar la tramitación de la futura ley autonómica.

“Queremos que nos escuchen y motivar a los rectores para que no acepten una financiación que no se acerque al 1% del PIB, tal y como prevé la LOSU”, ha señalado una profesora de la Coordinadora Interuniversitaria, que agrupa a las plataformas ‘Por la Pública’ de la Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Carlos III y Politécnica.

La referencia es la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que fija el horizonte del 1% del PIB como objetivo de inversión pública en educación universitaria.

Una financiación por debajo del 0,5%

Según la Coordinadora, la financiación autonómica actual “no llega al 0,5% del PIB” y, además, se ha reducido desde 2019 en un 7% en relación con el PIB de la Comunidad de Madrid. Subrayan que, pese a ser la región con mayor renta del país, el gasto por estudiante es un 20% inferior al de otras comunidades.

Las plataformas estiman que cada universidad necesitaría al menos 100 millones de euros adicionales al año para garantizar su viabilidad. “Con menos no se saca a las universidades del apuro”, advierten, aludiendo a la situación financiera de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos, cuyos déficits -afirman- no podrán corregirse sin margen para crecer, modernizarse o implantar nuevas titulaciones.

Amenaza de nuevas movilizaciones

Las plataformas rechazan de plano “más recortes o infrafinanciación”, que a su juicio favorecen el trasvase de alumnado hacia las universidades privadas. También se muestran contrarias al modelo de financiación por objetivos que plantea el Ejecutivo regional. “La consejería fijará los objetivos y, si no se cumplen, no aportará los fondos”, critican.

Ya en enero anunciaron que retomarían las movilizaciones si no se garantiza una financiación “suficiente y estable”. Ahora reiteran que recurrirán “al activismo y a la huelga si es preciso”.

Tras la reunión con la Cruma, las Plataformas por las Universidades Públicas de Madrid tienen previsto hacer pública una declaración para valorar el resultado del encuentro y fijar los próximos pasos en el conflicto.