Bustinduy niega una deuda con Madrid por la financiación de la dependencia: "El 50% es un compromiso político"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, tras el Consejo de Ministros, ha respondido a la exigencia de reunión planteada por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, por la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, después de que esta cifrara en 3.000 millones de euros lo que el Gobierno "debe" a la región por no cofinanciar al menos el 50% del coste efectivo. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha asegurado que atenderá la solicitud "como a todas las consejerías" y ha defendido que el objetivo compartido es sacar adelante la reforma del sistema y mejorar su financiación.

No obstante, Bustinduy ha rechazado que exista una "deuda" en términos legales y ha subrayado que el 50% de aportación estatal es "un compromiso político" incluido en el acuerdo de coalición para esta legislatura. En su réplica, ha destacado el incremento de los fondos de la Administración General del Estado desde 2020 -más de un 160% hasta superar los 3.600 millones de euros este año- y ha añadido que a esa cifra se suman cerca de 3.000 millones de euros de fondos europeos destinados a transformar el modelo de cuidados. Con todo, el ministro ha reiterado su disposición a mantener la conversación con la Comunidad de Madrid y ha expresado su deseo de que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia salga adelante por unanimidad.

La carta de la Comunidad

Ayer el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pidió por carta al ministro Derechos Sociales una reunión inmediata para resolver la deuda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene con la Comunidad de Madrid en materia de dependencia y que alcanza ya los 3.000 millones de euros. En la reunión "urgente", la consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, quiere abordar la situación de la financiación del sistema de dependencia, y en particular "el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de España de su obligación de cofinanciar, al menos al 50%".

En la carta, la consejera explicaba que en el caso de la Comunidad, la aportación real del Estado en 2024 se situó en apenas el 27,5% del coste del sistema, casi dos puntos menos que el año anterior y las previsiones de 2025 se sitúan en un porcentaje similar, pese al compromiso de llegar al 50%. "Este incumplimiento ha generado ya una deuda acumulada cercana a los 3.000 millones de euros en 2025. Un agujero que crece más de un millón de euros cada día que pasa", advirtió.