Plantaciones urbanas, enganches ilegales y producción 'non-stop': el nuevo mercado de la marihuana que revela la caída de 'La Oficina' de Villaverde

El pasado 4 de febrero, más de 250 efectivos policiales irrumpieron simultáneamente en tres bloques contiguos del barrio de San Cristóbal, en Villaverde (Madrid). Buscaban, porque sabían que la había, marihuana. Y la encontraron: 13 plantaciones con 4.300 plantas en distintas fases de cultivo, además de 30 kilos de cogollos listos para la distribución, armas y dinero en efectivo. Se trata del mayor alijo de esta sustancia jamás incautado en la capital y un claro y crudo ejemplo de la evolución que está experimentando el mercado de la maría en España.

Hasta hace no tanto, las plantaciones se localizaban en fincas remotas o grandes naves en zonas rurales, pretendidamente lejos de las miradas indiscretas. Pero eso está cambiando a marchas forzadas: como tantos otros sectores antes, el de la producción ilícita de cannabis está viviendo su propio éxodo rural hacia los núcleos urbanos. Allí se esconden en los barrios, montando instalaciones de cultivo indoor entremezcladas con casas y bloques de edificios, ocultos a la vista de todos.

'La Oficina', como habían bautizado sus responsables al conjunto de cultivos de Villaverde, es el paradigma de esta nueva forma de operar. En total, eran 16 viviendas okupadas repartidas por los tres inmuebles, "habilitadas ad-hoc" para convertirse en un auténtico centro de producción y manufacturación de marihuana, en palabras de Francisco Podio, inspector de la sección de Cannábicos de la Brigada Central de Estupefacientes de la Comisaría General de Policía Judicial. Cada casa contaba con distintas estancias adaptadas para las plantaciones, con las condiciones de luz, humedad y temperatura necesarias.

Además, los cultivos estaban diversificados para poder producir ciclos cada 3 o 4 meses, de forma que pudiesen sacar producto al mercado durante todo el año. Cada uno de estos ciclos, a un precio medio en la calle de 1.800 euros por kilo, podía suponer alrededor de un millón de euros de ingresos, que al año podrían acercarse a los 6 millones, explica Ramón García García, inspector jefe de la Policía Judicial del distrito de Usera-Villaverde. Detrás de toda esta operativa se encontraba un mismo clan familiar que controlaba la producción, organizaba la distribución y mantenía coaccionados a los vecinos para evitar las delaciones.

La redada del día 4 se saldó con 5 detenidos (tres mujeres y dos hombres), que han ingresado en prisión como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. Durante el operativo también se desconectaron los "enganches" ilegales a la red eléctrica - tarea a cargo de los técnicos de Naturgy- y se intervinieron todos los materiales y equipos instalados para cultivar la droga, como luces, ventiladores o calefactores, cuyo coste los investigadores calculan en unos 300.000 euros.

Una cifra muy elevada que, no obstante, sigue siendo muy rentable en comparación con los beneficios obtenidos con esta producción continua que permiten las plantaciones indoor. Esta es una de las grandes razones del progresivo traslado de los cultivos a las ciudades, aunque no la única. Pesan también otros motivos, como la cercanía a los potenciales consumidores, las facilidades logísticas y la mayor protección legal de la que gozan las viviendas, que dificulta efectuar registros, según expone Podio.

El resultado es "un gravísimo problema en cuanto a lo que es las actividades de cultivo, porque las tenemos focalizadas en los núcleos urbanos", apunta el inspector de la Sección de Cannábicos, cerca de lugares sensibles como colegios o centros de salud, y en otros "entornos sociales" donde generan "enormes problemas de miedo y sensación de inseguridad". En el caso de La Oficina, los propios vecinos de San Cristóbal jugaron un papel clave en la investigación. El "malestar vecinal era acuciante", cuentan los investigadores, y muchos acudían a la comisaría a alertar de la actividad que se llevaba a cabo y de las amenazas que recibían, aunque siempre "sin querer dar la cara por miedo a represalias".

Conscientes de este temor y de que la colaboración vecinal es imprescindible en la lucha contra estas organizaciones y sus negocios. "Gracias a la participación ciudadana, junto a las investigaciones posteriores, hemos podido llevar a cabo esta operación", apunta García. Para ello, la policía cuenta con dos correos electrónicos "completamente anónimos" a través de los que cualquiera pueda informar, antidroga@policia.es e info.bce@policia.es. "Todas las denuncias se investigan", aseguran desde el cuerpo.