Ayuso reclama a Bolaños al menos 73 jueces más para la Comunidad de Madrid en 2026

"Totalmente insuficientes". El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la sazón consejero de Justicia, Miguel Ángel García Martín, ha sido tajante hoy al valorar el real decreto de creación de plazas judiciales para 2026 y adecuación de la planta judicial en tramitación por parte del Ministerio que encabeza Félix Bolaños. La Comunidad de Madrid ha presentado hoy mismo sus alegaciones contra el texto, ha confirmado García al término del Consejo de Gobierno semanal del Ejecutivo autonómico, alegaciones que apuntan en cuatro direcciones.

La primera tiene que ver con la insuficiencia del número de plazas previstas, hasta 69, para un total de 500 en todo el país. Según el Gobierno central, esa ampliación de 69 plazas supone el mayor incremento en la historia, un incremento de un 8,8% respecto a la planta judicial existente en la Comunidad de Madrid y más de la suma de todas las que se han creado en los últimos 10 años.

El Ejecutivo de Ayuso, por el contrario, ve que ese número "no se corresponde con la carga real que tienen los juzgados en la región" en palabras de García Martín, que ha señalado a la necesidad de 142 plazas, es decir 73 más. "El proyecto se aparta de manera injustificada de lo que pide el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hablaba de 142 plazas necesarias solo en este año" ha insistido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local madrileño, quien ha afirmado también que el propio Consejo General del Poder Judicial apunta a la necesidad de 3.670 plazas en toda España para el próximo decenio.

No es, no obstante, el único pero que la Comunidad de Madrid ha elevado contra el proyecto legislativo. García Martín ha criticado que carece de memoria económica y, por tanto, de lo que ha calificado de una presupuestación "suficiente y detallada y, lo más importante, verificable" para financiar esas plazas y el proceso de creación.

Asimismo, ha lamentado que no concrete una fecha efectiva de entrada en funcionamiento, lo que dificulta, ha dicho, a las comunidades autónomas con las competencias de justicia transferidas, "poder planificar los medios materiales y tecnológicos de forma adecuada".

Pero ha sido especialmente crítico con el hecho de que no establezca "de forma clara" que el acceso a esas plazas se realice exclusivamente mediante oposición. "Ya son demasiadas las veces en las que el ministro Bolaño está tratando de meter las manos en el poder judicial, silenciar a aquellos jueces que le son incómodos y ahora lo que pretende es meter por la puerta de atrás a otros jueces que ellos consideren que puedan ser más afines a sus propios intereses", ha señalado en referencia a la reforma en el acceso a la carrera judicial promovida desde el Gobierno que abre la puerta al acceso por la vía del llamado cuarto turno.