Madrid avanza en la elaboración de la ley que busca acortar los trámites a cinco minutos mediante el uso de la IA

Con la simplificación normativa y la agilización burocrática como una de las cuestiones de las que quiere hacer enseña la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aspira a reducir a cinco minutos de media los trámites digitales con la administración. Para ello se cuenta con el impulso de la inteligencia artificial. Y ese es uno de los objetivos de la norma en la que ya está trabajando la Consejería de Digitalización, de momento en fase de anteproyecto de ley.

El calendario con que se trabaja es que la futura Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (Ladia) se pueda remitir a la Asamblea antes de verano, previsiblemente a finales de mayo o principios de junio, según ha confirmado recientemente el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde. Entre los fines que persigue la norma están no solo mejorar la relación de los ciudadanos con los canales digitales de la administración, sino también fomentar el uso responsable y seguro de la inteligencia artificial, así como establecer el régimen jurídico de uso dentro de la propia administración.

En ese esfuerzo por acelerar procesos "vimos que era necesario implementar la administración digital en todo y una herramienta como la IA va muy acorde con lo que queremos hacer", explica López Valverde. "La Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial se configura como una norma para impulsar de forma efectiva y diferenciada la propia administración digital de la Comunidad de Madrid y asegurar que la inteligencia artificial está al servicio de la comunidad, sea fiable, explicable y sobre todo transparente y centrada en las personas".

Entre los debes con que nace esta ley está la simplificación de procedimientos. Ahí es donde se enmarca ese objetivo de dejar en cinco minutos el tiempo de realización de un trámite con la administración. Y para ello un elemento importante es la reutilización del dato entre distintas consejerías y organismos de la Comunidad de Madrid y la creación de un archivo electrónico único. "Los datos tienen que ser interoperables, tiene que haber un gobierno de datos comunicado, y es con la compartición de datos como mejorará la calidad de los servicios públicos, salvaguardando los derechos de los ciudadanos", informa el consejero. Ese será uno de los aspectos que habrá de regular la ley y que, unido a la implementación de tecnologías emergentes, como asistentes de IA, acercará ese objetivo de los cinco minutos.

En ese sentido, se potenciará la automatización de tareas como el pre-rellenado de datos en formularios, la detección de errores o la generación automática de borradores. López-Valverde pone el ejemplo de la solicitud de becas, el trámite por impacto y por volumen más importante de cuantos se hacen y el que más avanzado está en la administración digital regional. "Lo primero que hicimos fue, conjuntamente con la Consejería de Educación, simplificar las bases, que eran muy complejas", relata.

"Posteriormente, ¿qué hicimos? Si yo tengo los datos del ciudadano, y el ciudadano me da autorización para utilizarlos, yo los voy a pre-rellenar. No tengo que pedirle su nombre, DNI, teléfono, estado civil... Eso ya se precarga todo. Ahora el siguiente paso es guiar al ciudadano a través de un asistente que le va diciendo: 'Cumples esto, te falta esto otro'", prosigue el consejero. En definitiva, el futuro texto avanza El texto avanza hacia unos servicios públicos "proactivos" que se adelanten a las necesidades del usuario, con avisos sobre ayudas o subvenciones que coincidan con su perfil.

Modelo de gobernanza

López-Valverde insiste en que, no obstante, los procesos siempre estarán sometidos a supervisión humana y en que el desarrollo de la administración digital que impulsará la nueva ley no supondrá la supresión de la atención presencial en las oficinas de atención al ciudadano y las oficinas móviles o telefónica en el 012. Asimismo, señala que el uso de estos datos está "securizado". "El acceso está controlado, sabemos quién accede a qué y cómo tiene que acceder", puntualiza.

La futura normativa también contemplará aspectos como el de velar por la propiedad intelectual. En este y otros sentidos, sin embargo, la ley regional no establecerá su propio régimen sancionador ante usos indebidos de la inteligencia artificial, sino que aplicará el que contemple la Ley de Buen Uso y Gobernanza de la IA estatal, también en desarrollo. Además, se armonizará con el Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial, en vigor desde 2024.

Sí contemplará la Ladia, no obstante, apuntalar una suerte de modelo de gobierno de la IA en la región basado en tres patas: la ya en marcha Oficina Técnica de Impulso de la IA, un Consejo para la IA, que se encargará de impulsar la inteligencia artificial en la Comunidad de Madrid e informar sobre la ejecución y evaluación de la Estrategia de IA regional, así como sobre propuestas de políticas públicas en materia de IA, y un tercer órgano, calificado de "muy importante" por López-Valverde, que será el Comité de Ética en IA.

Este comité tendrá por objeto velar por que el uso de esta tecnología sea responsable y analizar el impacto de los algoritmos. Entre sus funciones estará emitir dictámenes y recomendaciones no vinculantes sobre los sistemas de IA de alto impacto desplegados por la administración autonómica. En cuanto a su composición, el consejero de Digitalización madrileño apunta que aún no está definida, pero que la idea es similar a la de los comités de ética que ya existen en ámbitos como el sanitario. Se piensa en especialistas en Derecho, personas que conozcan bien el mundo de las nuevas tecnologías y la IA y responsables de las distintas consejerías del Gobierno madrileño.