Vox aprieta a Ayuso con la inmigración en pleno debate sobre la regularización planteada por Sánchez

En pleno debate acerca del proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno en acuerdo con Podemos, con el PP a escala nacional y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en particular, pronunciándose en abierto rechazo de la medida, Vox da una nueva vuelta tuerca en su presión al PP en Madrid y a Ayuso, especialmente, en torno al debate migratorio. "Es muy sorprendente que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya salido escandalizada a comentar este tema. Hay que tener la cara muy dura después de que su partido haya votado a favor de estas regularizaciones y de presumir ella misma hace unos meses de que van a venir un millón de personas más a nuestra región", espetaba ayer la portavoz de la formación de ultraderecha en la Asamblea regional, Isabel Pérez Moñino, tras la junta de portavoces de los lunes.

Era previsible que lo hiciera. El partido de Abascal ha hecho pivotar sobre el discurso que vincula inseguridad y migración buena parte de su estrategia. La primera pregunta de control a la presidenta que formulará Moñino en el nuevo periodo de sesiones de la cámara regional, que arranca este jueves, será precisamente acerca del acuerdo marco de 37 millones de euros anuales que la Comunidad de Madrid acaba de sacar a licitación para la atención residencial de menores que llegan a la región sin acompañamiento familiar. La portavoz de Vox, que en abril ya acudió al pleno de la Asamblea con una camiseta con el lema "Menas a su país", volverá a aprovechar la pregunta para pedir el cierre de los centros de menores no acompañados.

Pero, además, el partido utilizará la sesión del jueves en Entrevías para trasladar presión a los populares a través de la votación de una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno regional a que exija al Gobierno central a que incorpore en los balances trimestrales de criminalidad el lugar de origen de los presuntos infractores. Se escuda la formación en que cuerpos autonómicos como la Ertzaintza ya lo hacen o han anunciado que lo harán, en el caso de los Mossos d'Esquadra y lo justifica en la "necesidad de transparencia".

En la formación insisten en que se trata de que se publique no tanto "la nacionalidad" como "el origen" del presunto infractor. "Una cosa es la nacionalidad, que se puede adquirir, y otra cosa es el origen, el país de nacimiento", señalaba este lunes Moñino. "Nosotros hablamos del origen, de dónde ha nacido esa persona, y es lo que vamos a exigir que Marlaska publique en sus balances de criminalidad, los porcentajes de población de origen extranjero que está cometiendo delitos en nuestra región".

Endurecimiento del discurso desde hace meses

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha expresado sus dudas sobre lo que plantea Vox. "Muchas veces, cuando proponen algo, o no es de la competencia de la administración a la que se dirige o es ilegal o no se puede hacer por algunas otras razones. No sé exactamente lo que quieren pedir. Si lo detallan, pues podremos valorarlo adecuadamente". Pero más allá de esta proposición no de ley concreta, en el tanteo entre los dos partidos está la cuestión en torno a la firmeza del PP en materia migratoria.

El endurecimiento del discurso del PP madrileño es palpable desde hace meses, ya antes de que Alberto Núñez Feijóo tratara de fijar la posición del partido en septiembre en lo que se dio en conocer como Declaración de Murcia, abogando por postulados como la expulsión de extranjeros en situación irregular que delincan o los visados por puntos. Tanto desde el partido en Madrid como desde Sol se viene denunciando lo que se define como “caos migratorio” de la política del Gobierno central y se ha sido beligerante, incluso en los tribunales, con el traslado de menores desde Canarias y Ceuta. Alcaldesas populares como Judith Piquet, de Alcalá de Henares, o Paloma Tejero, de Pozuelo de Alarcón, han exigido el cierre de los centros de acogida dependientes del Gobierno en sus respectivas localidades.

En Vox, de hecho, ironizan con que si cobraran derechos de autor por sus propuestas en materia de inmigración duplicarían sus sueldos. La propia Ayuso ha venido elevando el tono. Este fin de semana alertaba en unas jornadas del PP de Madrid contra “la islamización de Europa sin límite” entre aplausos de los asistentes. Y ha sido, una vez más, la voz más adelantada de su partido en criticar el proceso de regularización de migrantes planteado por el Gobierno. "Lo que el Gobierno de Sánchez y Podemos quieren son inmigrantes pobres, no inmigrantes", señalaba este lunes en una entrevista en televisión.

Entretanto, mantiene ese acercamiento a la comunidad latina plasmado en acciones como la celebración del Festival de la Hispanidad o la expresión que tanto le gusta repetir de que en Madrid “caben todos los acentos del español”. Una frase que Vox emplea contra ella cada vez que puede.

En el trasfondo emerge el pulso en torno a una parte del electorado. En el PP madrileño se asume que el efecto del ascenso de Vox no será tan pronunciado en la región como en otros territorios. El secretario general del partido en la región, Alfonso Serrano, aseguraba este lunes en una entrevista en La Razón que las encuestas les dicen que si hoy hubiera elecciones, tendrían unos resultados iguales o mejores que en 2023, no solo a nivel autonómico sino también municipal, donde sí mantienen pactos con Vox en plazas relevantes.

La formación de Abascal, por su parte, se ha lanzado a tratar de crecer en el cinturón sur de Madrid con un discurso particularmente dirigido contra Ayuso en el que se juega también la baza migratoria. “Más Parla y menos Miami”, repite Moñino a modo de eslogan.