Impulso a las causas contra González Amador: el juez despeja el camino al juicio mientras PSOE y Más Madrid reclaman celeridad a la UCO

El juez de la plaza de Instrucción número 19 de Madrid ha acordado dar plazo a la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y a la de sus socios también procesados para que presenten escrito de defensa de cara al juicio que se abrió contra ellos el pasado 22 de septiembre por delitos contra la Hacienda Pública, delito contable, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.

Se trata de un trámite necesario para que el juez Antonio Viejo pueda remitir por fin todo el expediente de este asunto a un juez de lo Penal, si bien como ya adelantó este diario la situación de colapso en estos órganos puede retrasar la fijación de la vista y su resolución hasta el año 2027.

El retraso en dictarse esta reclamación a las defensas contribuía a la paralización de una causa que acelera ahora su llegada a juicio. En la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO se da un plazo de diez días a los abogados de los empresarios para que presenten escrito frente a las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Madrid y la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid. Agrega que si concluido dicho plazo los escritos no se presentan "se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir" las defensas de acuerdo con lo previsto en la ley.

Las acusaciones populares habían presentado la semana pasada sendos escritos de impulso procesal en las dos causas pendientes contra la pareja de Díaz Ayuso: en la de fraude que ya se va a llevar a juicio pero también en la pieza separada en la que se investigan posibles delitos de corrupción atribuidos al empresario en su actividad particular, en concreto por sus relaciones con la sociedad de servicios sanitarios Quirón.

Con respecto a la primera, el escrito que firma el abogado Alberto Cachinero advertía de que la falta de presentación de escritos de las defensas estaba produciendo "una gran dilación al procedimiento en su tramitación", por lo que solicitaba al juez que adoptara las resoluciones que correspondieran "para la correcta continuación del procedimiento".

Fuentes jurídicas señalan que el juzgado ahora a cargo de Viejo arrastraba cierto retraso tras la jubilación el pasado verano de Inmaculada Iglesias, la jueza que inició la primera causa por fraude y después abrió pieza separada contra el novio de Ayuso por posibles delitos de corrupción. En el ínterin el juzgado estuvo a cargo de Carmen Rodríguez-Medel, que fue la que abrió juicio oral por el primero de estos asuntos añadiendo el de pertenencia a grupo criminal que introdujeron las acusaciones populares.

Sospecha de soborno

En cuanto a la causa por presunta corrupción, la jueza Iglesias reclamó un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a finales del pasado mes de junio, pero este análisis aún no ha llegado al juzgado. El informe se pidió tras escuchar la declaración como investigado en delitos de corrupción en los negocios y administración desleal del propio González Amador y también la de la testigo Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención SL, Fernando Camino.

En esta pieza se analiza la operación por la que González Amador le ofreció a Carrasco en diciembre de 2020 comprarle la empresa Círculo Belleza SL., dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética, por un total 499.836 euros, una cantidad que según la Fiscalía y las propias acusaciones populares es sospechosa de constituir un soborno a cambio de que se le pudieran facilitar negocios con Quirón.

Las acusaciones populares también recuerdan al juez Viejo que a finales de julio solicitaron varias diligencias de investigación sobre este asunto en un escrito "que no ha sido proveído, estando en la actualidad también pendiente de cumplimentación el informe de la UCO acordado por Auto de 27 de junio de 2025", según inciden ante el juez.

¿Identidad falsa?

Con respecto a este informe pendiente de la Guardia Civil, PSOE y Más Madrid apuntan que han podido conocer a través de una información publicada por elDiario.es que González Amador "operaba en el grupo Quirón con una identidad que no era la suya (Alberto Burnet González) vinculada al número de teléfono que el mismo ha venido usando", un dato que según trasladan al juez Viejo en su escrito "debería ser puesto en conocimiento de dicho cuerpo de seguridad para que sea tenido en cuenta y se indague al respecto del mismo en la elaboración de su informe".

En cuanto a las nuevas diligencias que se solicitaron en esta pieza separada, la jueza Iglesias señaló a principios del pasado mes de junio que en la declaración que prestó González Amador por este asunto "trató de justificar el precio que abonó por la compra que llevó a cabo, como Administrador único y en representación de Maxwell Cremona S.L." de las participaciones de la empresa de Gloria Carrasco, cuya denominación cambió entonces de Círculo de Belleza a Masterman& Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering.

La defensa del empresario aportó por su parte prueba documental con el fin de acreditar los ingresos con origen en Quirón Prevención SLU en 2019, 2020 y 2021 y en cuanto a la adquisición de Círculo de Belleza "varios bloques de documentos, entre ellos la firma de una adenda al contrato de compraventa de participaciones "en el que se fijaban los compromisos de las prestaciones accesorias de asesoramiento y no competencia de doña Gloria Carrasco", detallaba la jueza en uno de sus autos.

Por otro lado, la instructora también aludía al expediente de la Agencia Tributaria que concluyó que hasta el 11 de septiembre de 2020 los socios de Círculo de Belleza SL. eran Gloria Carrasco con un 60% de participaciones, su esposo Fernando Camino un 20% y el hermano de éste Antonio, con el 20%, restante. Según los datos de Hacienda, en un principio la mujer adquirió las participaciones de su esposo y cuñado abonando 8.000 euros a cada uno de ellos. Es decir, por un precio considerablemente inferior al que tuvieron tres meses después, cuando al ser adquiridas por González Amador experimentaron un incremento superior al 1.000%.