Almeida considera que la sentencia que anula la multa a un piso turístico confirma que la norma actual es "más restrictiva"

Parecía que la sentencia judicial conocida este martes que anula una multa impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un piso turístico, debido a una incorrecta tipificación de la infracción, podía suponer un quebradero de cabeza para el Gobierno municipal al abrir la puerta a la revisión de otras sanciones basadas en el mismo criterio. No obstante, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha logrado darle la vuelta a la situación, al menos, temporalmente, al afirmar que la resolución lo que hace en realidad es confirmar que el Plan Reside es una norma "más gravosa" y "más restrictiva" que la anterior de Manuela Carmena.

"Llevamos seis años escuchando que las viviendas turísticas de uso legal son una selva propociada por este equipo de Gobierno, que nuestra normativa es un fracaso", ha replicado Almeida a preguntas de la prensa tras conocerse el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM); sin embargo, lo que dice el tribunal es que "como nuestra normativa es más gravosa y más restrictiva que la del equipo de Gobierno anterior, no podemos sancionar unos hechos unos hechos del año 2018 con la normativa del año 2023", ha afirmado.

La sentencia de la Sala, que estima el recurso de apelación interpuesto por la propiedad del inmueble, sostiene que en su multa el Consistorio califica como "uso urbanísticamente incompatible" una actividad que, conforme al planeamiento vigente, constituye un uso compatible sujeto a condiciones de implantación. Según el escrito, la ausencia de un acceso independiente a la vivienda, como exige el Plan Reside, no transforma el uso en incompatible con la ordenación urbanística, por lo que la actuación municipal supone una extensión indebida del tipo sancionador.

Para Almeida, el TSJM no cuestiona el endurecimiento normativo, sino su aplicación al expediente: no se puede sancionar con una norma posterior más desfavorable unos hechos anteriores. "Dicho de otra manera, si hubiéramos aplicado la normativa del año 2018, la sanción hubiera sido más baja", ha afirmado el regidor popular, para quien este auto es "un desmentido judicial" de la izquierda. "Me tendrán que explicar entonces el Partido Socialista y Más Madrid si, de acuerdo a esta sentencia, pueden seguir manteniendo que su normativa era mejor que la de este equipo de Gobierno para la proliferación de viviendas turísticas de su ilegal", ha lanzado Almeida.

Sobre los próximos pasos a seguir, el alcalde ha señalado que serán los servicios jurídicos municipales quienes determinen si el Ayuntamiento recurre al Tribunal Supremo. Almeida ha subrayado que esa decisión debe ser “técnica” y no “política”, y ha ironizado con que la izquierda probablemente no le pedirá que recurra, ya que la resolución supone “un varapalo completo” a la normativa anterior que defienden los dos grupos de la izquierda.

Estos han ofrecido su propia interpretación de los hechos. Para la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, la anulación de la multa pone de manifiesto la "falta de rigor" y la "improvisación" del Ejecutivo de Almeida en la gestión de los pisos turísticos. Según Maroto, la única herramienta que realmente está poniendo coto a los negocios ilegales sigue siendo la ventanilla única digital impulsada por el Gobierno central. Para Lucía Lois, de Más Madrid, la sentencia "constata que el alcalde hace poco y lo hace mal, poniendo multas que no puede poner". La edil de la oposición considera que las sanciones de Almeida "no son más que propaganda sin solidez jurídica", lo cual "alimenta la impunidad" de las viviendas de uso turístico ilegales en la capital.

También se ha pronunciado sobre la cuestión el abogado de la parte recurrente, Javier Flores, quien en declaraciones a distintos medios durante la mañana ha asegurado que el escrito sienta un precedente que abre la veda para que otras sanciones impuestas bajo este mismo criterio sean revisadas y, en su caso, anuladas. Extremo que han confirmado a este periódico fuentes jurídicas, que señalan que la resolución "va a funcionar como 'sentencia cabecera', al ser la primera", y que la Sección Segunda del tribunal ya está tramitando varios casos equivalentes.