La gestión de las residencias en la pandemia resurge como arma de la oposición contra Ayuso

Es, junto con el proceso judicial contra su pareja, Alberto González Amador, uno de los asuntos más espinosos con que tiene que lidiar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de covid y la muerte de numerosos residentes que no fueron derivados a hospitales aquellas semanas continúa cinco años después siendo un foco de desgaste para el Gobierno regional. Y esta semana la declaración de un ex alto cargo en una de las causas abiertas en los tribunales por el asunto ha vuelto a dar armas a la oposición, que ha activado iniciativas parlamentarias, se ha movido en el frente judicial y ha cargado contra la presidenta regional después de que esta tildara de "plataforma de frustrados de la izquierda madrileña" a la asociación 7.291 Verdad y Justicia, que pleitea por que se investigue la actuación del Ejecutivo autonómico.

El pasado lunes, el exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, declaraba como investigado ante la juez que investiga una de las causas abiertas, en concreto por una muerte en una residencia de Valdebernardo. En su declaración, por videoconferencia desde Andorra, donde actualmente ejerce, Mur aseguraba que los llamados "protocolos de la vergüenza" para limitar la derivación hospitalaria de residentes enfermos tenían sentido en tanto en cuanto las residencias estuvieran medicalizadas. Además, negaba ser su autor y decía que se limitó a firmarlos y remitirlos a la entonces viceconsejera de Sanidad y hoy consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

Tres días después, el diario El País publicaba un correo enviado por el propio Mur el 20 de marzo de 2020 en el que se aludía a la situación en otra residencia, la de Montehermoso. "Si no avanzáis en la contratación de médicos no vamos a poder tratar allí según el modelo de residencia medicalizada que tenemos [...] Tras hablar con jefes de urgencias, de geriatría y SUMMA 112 modificaremos ahora los criterios de traslado con un objetivo claro: vamos a tener que sacar más casos de los previstos de las residencias", escribe. En el correo estaban en copia los entonces consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y Asuntos Sociales, Alberto Reyero.

"La declaración de Mur marca un poco un antes y un después en el sentido de que se admite de forma expresa que en esos envíos de correos electrónicos estaba en copia la viceconsejera de Sanidad, y luego hemos sabido, por la información de El País, que al parecer también el consejero de Sanidad", señala Alejandra Jacinto, abogada de 7291 Verdad y Justicia. "Y también es relevante el hecho de incidir en que los protocolos tenían sentido, según él, en tanto en cuanto las residencias fueran medicalizadas, y estas no se medicalizaron o no se medicalizaron lo suficiente", añade.

Desde el Gobierno regional se insiste, sin embargo, en que las residencias fueron "sanitarizadas" y que se siguieron criterios técnicos. "En la Comunidad de Madrid se actuó durante la pandemia bajo criterios médicos, y esos criterios médicos fueron avalados por las sociedades médicas y también por 142 archivos en el ámbito judicial, lo que indica que en Madrid se peleó por cada vida", señalaba el martes Dávila.

Dos días después era el portavoz del Ejecutivo de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, quien salía al paso de las informaciones. "Aquí se sanitarizaron no solamente las residencias; también hoteles, para poder atender a los pacientes leves", aseguraba, además de recordar que la Comunidad "abrió un hospital de campaña en Ifema", construyó "en apenas tres meses" el Hospital Enfermera Isabel Zendal, impulsó "vacunaciones masivas" y repartió mascarillas "a toda la población".

Comparecencias en la Asamblea

A pesar de ello, la oposición regional de izquierdas ha puesto en marcha diferentes medidas en varios frentes. Desde el PSOE-M ha solicitado en las causas en las que está personado que se incorporen a la instrucción los correos entre altos cargos de la Comunidad que participaron en los protocolos. Su secretario general, Óscar López, ha acusado a Ayuso esta semana de "perseguir e insultar a las víctimas". Y la portavoz de la formación en la Asamblea regional, Mar Espinar, se refería también a ello y reclamaba "verdad, reparación y justicia para las familias". "Y sobre todo, también esperamos aprender, porque lo que ocurrió en esas residencias públicas no puede volver a pasar".

"La verdad sobre la muerte de esos 7.291 hombres y mujeres está saliendo a la luz y los responsables, la presidenta y su ahora consejera Ana Dávila, tendrán que asumir responsabilidades", trasladan fuentes del partido.

Entretanto, en Más Madrid se ha pedido la comparecencia de Dávila en la Asamblea para que informe "sobre las medidas que aplicó el Gobierno de la Comunidad de Madrid para medicalizar las residencias", además de registrar hasta cuatro preguntas sobre la cuestión también dirigidas a la consejera para su respuesta oral en el Pleno. "Hasta ahora todo lo que preguntábamos sobre periodos legislativos anteriores nos lo bloqueaban en la Mesa, pero entendemos que, a raíz de la última sentencia del Tribunal Constitucional, ahora se deberían poder permitir", detalla su diputada Diana Paredes. Este mes el órgano de garantías dictaminó contra la decisión de la Mesa de la Asamblea de inadmitir diversas iniciativas tanto de Más Madrid como del PSOE.

También el PSOE ha solicitado la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Dávila, aunque no para hablar de la gestión de las residencias en el covid, sino por la utilización de remanentes de tesorería de la Agencia Madrileña de Atención Social, el organismo del que dependen las residencias, para financiar gastos derivados de la libre elección sanitaria en favor de la Fundación Jiménez Díaz, del grupo Quirón.

"Yo creo que están nerviosos", opina Paredes en referencia al Gobierno regional. "La declaración de Mur hace recaer la responsabilidad en dos personas importantes del Gobierno de Ayuso y en cierta medida, sus palabras del otro día, esos insultos, son un síntoma de ese nerviosismo".

Desde Sol, por el contrario, se trata de proyectar públicamente tranquilidad. El portavoz del Ejecutivo madrileño, García Martín, insistía el jueves en que se afrontó la pandemia "con eficacia y con eficiencia" dados "los medios disponibles", y siempre dejando las "decisiones sanitarias" en manos de "los técnicos". Y recalcaba la cifra de más de 140 archivos judiciales de denuncias relacionadas con muertes en las residencias hasta la fecha.

"Lo que ocurre es que esos archivos son de denuncias previas interpuestas por familiares por delitos como homicidio imprudente y omisión del deber de socorro", replica Jacinto. "Las que se están siguiendo ahora tiene que ver con el delito de discriminación en la prestación de asistencia sanitaria. Y pensamos que esas tienen más recorrido, porque pensamos que lo que se produjo, el tipo penal que se ajusta a lo que pasó, es el delito de discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria".