Ayuso, sobre el proceso de regularización impulsado por el Gobierno: "Es una trampa que puede alterar el censo electoral"

"Burla a la ley", "homenaje a la impunidad", "trampa electoralista sin ningún rigor...", "cortoplacista", "politiqueo barato", "fanatismo", "ilegalidad", "ocurrencia"... La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido contundente contra el proceso de regularización de migrantes anunciado ayer por el Gobierno. La dirigente regional ha llegado a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de promoverlo como una forma de compra de votos.

"Esto es sencillamente una trampa para provocar que puede alterar el censo electoral", ha asegurado Ayuso al término del Consejo de Gobierno, hoy celebrado en San Sebastián de los Reyes, con presencia de la alcaldesa de la localidad, la también popular Lucía Fernández. La presidenta madrileña se ha referido así al proceso de regularización de migrantes acordado por el Gobierno con Podemos por el que se calcula que medio millón de personas podrán acceder a una autorización de residencia.

Ayer su consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, lo había calificado de "una medida más de la política temeraria migratoria" del Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, la disposición se ha anunciado para desviar la "atención" de la tragedia de Adamuz y el caso ferroviario" y de espaldas a la Unión Europea, el Congreso de los Diputados y las comunidades autónomas.

El proceso se dirige a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en el país en el momento de presentar la solicitud siempre que no cuenten con antecedentes penales. Para acreditar la estancia se contempla admitir cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

Ayuso ha reprochado que el acuerdo para diseñar esta medida no haya pasado por el Congreso de los Diputados y ha criticado la falta de rigor en una cuestión, que, afirma, "no se vincula al mercado de trabajo" y que va a crear "graves dificultades" para gestionar algunos servicios públicos. "El Gobierno va dando las cifras a vuela pluma", ha mantenido en referencia a un informe de Funcas que eleva el número de población extranjera en situación irregular hasta 840.000 personas frente al medio millón de potenciales beneficiarios de la medida que se ha venido manejando.

A su entender, el proceso es "profundamente injusto" con las personas que ya llevan tiempo en España "cumpliendo las leyes, sabiendo esperar y trabajando" y va también contra la labor de policías y de jueces. Con todo, su principal objeción es lo que tiene que ver con los fines electoralistas que le atribuye. "Tenemos a un Gobierno que pretende comprar a las víctimas de los trenes, a los jubilados, a los okupas, a los inquiokupas y a la inmigración ilegal", ha asegurado.

Indulto al fiscal general del Estado

"Es una trampa política para provocar y una auténtica cortina de humo, algo que nos parece profundamente irresponsable", ha zanjado, antes de proclamar que es un proceso "lleno de mentiras". "Estas personas", ha añadido, "no carecen de derechos básicos. Estamos en España y, por tanto, aquí se les atiende. No estamos a favor de las regularizaciones masivas como ha planteado el Gobierno, tampoco de las expulsiones masivas, porque nada exaltado lleva a ningún buen puerto. La demagogia debilita al Estado de Derecho y solo sirve para exaltar".

En los mismos términos de "burla a la ley" y "homenaje a la impunidad" se ha referido Ayuso al inicio de trámites por parte del Gobierno para pedir el indulto para el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos en relación con el proceso que se sigue contra el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

"Nuestro país se encuentra en una situación inédita al tener a la cabeza del Gobierno de la nación a un presidente que abiertamente se ha situado por encima de la ley", ha declarado solemnemente. "Con su esperada pretensión de indultar al fiscal general del Estado, está mandando un mensaje al Supremo y a todos: nadie está a salvo de nosotros y quien lo intente será aniquilado".

"Plataforma de frustrados"

En el transcurso de la rueda de prensa, Ayuso también ha sido preguntada por la declaración el pasado lunes en los juzgados de Carlos Mur, director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus, quien señaló que los protocolos de no derivación de las residencias debían haber estado vinculados a su medicalización, algo que no ocurrió, y que él se limitó a revisarlos, firmarlos y enviárselos a la entonces viceconsejera de Sanidad y hoy consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

"Considero que la plataforma de frustrados de la izquierda madrileña y los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo llevan 193 procesos judiciales perdidos en un país donde han muerto más de 120.000 personas y por lo que el Gobierno nunca dio explicaciones ni nunca trabajó realmente como hicimos las comunidades autónomas", ha afirmado.

La respuesta ha sido duramente criticada desde la oposición madrileña de izquierdas. "Hay que ser mala persona para llamar 'plataforma de frustrados' a quienes perdieron un ser querido en las residencias y exigen saber por qué no se les atendió en un hospital. Esa falta de humanidad le pasará factura, no tengáis ninguna duda", ha escrito en la red social X el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, entiende que es la respuesta de una Ayuso "acorralada" por la declaración de Mur. "Prefiere que se hable de sus insultos que de su responsabilidad política por los protocolos de la vergüenza", ha indicado en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación. "La declaración judicial de Carlos Mur señala a los responsables políticos de dejar morir a 7.291 hombres y mujeres sin asistencia hospitalaria, sin medicación para el dolor. Los protocolos de la vergüenza existieron, tuvieron responsables políticos y sin ninguna duda la responsable última se llama Isabel Díaz Ayuso".