Izquierda y derecha afean a Almeida la falta vivienda pública y la expulsión de vecinos

Vivienda es una palabra que se repite mucho en Cibeles, aunque sin terminar de concretarse en medidas eficaces para paliar el que es desde hace un tiempo uno de los mayores problemas de los madrileños. Es, grosso modo, lo que le han afeado izquierda y derecha al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida durante el Pleno municipal que se está celebrando este martes.

La veda la ha abierto el PSOE por boca de su portavoz de Urbanismo, Antonio Giraldo. En el turno de preguntas, el concejal socialista ha vuelto a cargar contra el Plan Reside del Ayuntamiento, al que ha catalogado como "una alfombra roja a la expulsión de los vecinos de sus viviendas". Para ilustrar su crítica, Giraldo ha puesto sobre la mesa los casos de varias familias "amenazadas para que dejen sus casas", como los tres edificios propiedad de la Casa Alba junto al Palacio de Liria o el de Valverde 42, que van a ser transformado en inmuebles turísticos.

Una conversión que con la normativa anterior estaba "taxativamente prohibida", pero que con la llegada del Plan Reside han quedado "desprotegidos", ha apuntado el edil. "Es insoportable e indecente que un Ayuntamiento que se dice cuidar a sus ciudadanos sea el precursor de la expulsión de sus viviendas", ha lamentado Giraldo, antes de prometer que su grupo municipal "va a hacer todo lo posible en los tribunales para frenar y detener este saqueo".

En su réplica, el titular de Urbanismo, Borja Carabante, ha asegurado que lo que está expulsando a los madrileños de sus casas es "la sectaria Ley de Vivienda que está incrementando la vivienda de uso turístico y frenando el mercado de alquiler". El Plan Reside "precisamente lo que viene es a proteger a los vecinos” y “a generar una oferta de vivienda asequible" en la ciudad, ha defendido el delegado. Un Carabante para quien "es muy difícil decir que esta es una ciudad para ricos, para fondos buitres, cuando una de cada dos viviendas protegidas se construyen en nuestra región"; así como "explicar que estamos expulsando a los madrileños", cuando la capital "ha crecido en 250.000 habitantes desde el año 2022".

Poco después de este primer intercambio, ha subido al estrado Javier Ortega Smith para confrontar a Almeida por sus medidas en materia de vivienda pública. El portavoz de Vox le ha recordado al alcalde su compromiso electoral de construir 27.000 pisos protegidos durante el mandato, de los que, por el momento, solo se han terminado y entregado unos 4.000. Apenas un 15% de lo prometido, por lo que por lo que “es evidente, no va a poder cumplir” ese objetivo, ha recriminado Ortega Smith, cuya receta para solucionar este problema pasa por más suelo, rebaja fiscal y “seguridad jurídica” frente a la ocupación.

En respuesta, Almeida ha puesto en duda el interés real de Vox y de su portavoz en la cuestión de la vivienda, cuando su programa electoral le dedican apenas "tres líneas" pese a ser “el principal problema” de la capital. Es decir, "trataba igual el problema de la vivienda en Madrid que en Illán de Vacas (Toledo), que es el municipio más pequeño de España", ha ironizado el edil madrileño. También ha cuestionado que esta sea la "primera vez" que Ortega Smith le pregunta por el tema, así como que la formación no presentase enmiendas a los presupuestos municipales de vivienda para 2026.

Por lo que respecta al quid de la cuestión - la construcción de las casi 30.000 viviendas prometidas-, Almeida ha garantizado que su equipo de Gobierno va a "cumplir" con el programa, argumentando que "nunca en Madrid ha sido tan fácil, tan rápido, ni ha habido tanto suelo finalista para poder construir viviendas. Y nunca Madrid ha alcanzado las 10.000 viviendas de parque público de vivienda".

Desde Casa Alba también han querido entrar al debate político sobre la presunta expulsión de los vecinos. Según ha explicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, aseguran que en los tres edificios de su propiedad se está dialogando de manera "individualizada y transparente" con los inquilinos, negando las acusaciones de "amenazas", además de respetar los contratos "escrupulosamente". Además, la Casa Alba reitera su voluntad de que la rehabilitación de edificios se lleve "con la máxima sensibilidad y respeto".