La Comunidad de Madrid responde a la regularización de migrantes: "Es otra medida de la política temeraria migratoria del Gobierno de Sánchez"

La política migratoria del Gobierno vuelve a situarse en el centro de la polémica tras el acuerdo con Podemos para sacar adelante una regularización de medio millón de migrantes que llegaron al país hasta 2025. Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha cargado este martes contra dicho pacto al calificarlo como "una medida más de la política temeraria migratoria" del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, ha sostenido que la iniciatica busca desviar "la atención" y no hablar "de la tragedia de Adamuz y del caos ferroviario" de los últimos días.

En declaraciones a los medios en la visita el Centro de Rehabilitación de la Fundación Inclusive de Pinto, Dávila, ha criticado que se trata de una medida "que afecta a muchas personas", pero que, el Gobierno decide "en solitario, sin contar con los socios europeos y de espaldas al Congreso". A su juicio, se trata de una iniciativa adoptada por Sánchez "de la mano de Podemos" sin haber cumplido la orden del Tribunal Supremo de atender a los menores solicitantes de asilo.

La consejera también ha reprochado al Ejecutivo central la falta de información a las comunidades autónomas, al asegurar que el Gobierno "lleva años actuando de manera oculta", con traslados de personas "de forma silenciosa como paquetes", sin comunicar su impacto territorial.

"Salir de la clandestinidad administrativa"

Por su parte, Más Madrid ha celebrado el anuncio del Gobierno y lo ha calificado de "reparación" por parte de una sociedad que se ha "aprovechado de la vulnerabilidad de cientos de miles de personas para pagar menos, explotar laboralmente, negar la atención médica y convertirlos en personas sin derechos".

Así lo ha planeado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación valorando el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Podemos que permitirá solicitar esta regularización entre principios de abril y el 30 de junio. "El Gobierno ha dado un paso decisivo para la vida de 500.000 personas que tenían su vida paralizada y que van a dejar de ser tratadas como ciudadanos de segunda gracias al trabajo de los colectivos que han peleado tantísimo por esta iniciativa legislativa popular", ha defendido Bergerot, quien ha afirmado que "medio millón de personas van a salir de la clandestinidad administrativa".

Asimismo, ha afirmado que aquellos que critican la medida son "los mismos que se ponen de perfil" ante las actuaciones del servicio migratorio de Estados Unidos por orden de su presidente, Donald Trump. Ha afirmado que ellos "llevan años beneficiándose de esa explotación" y "señalando a los de abajo". "Y frente al ruido que intenta hacer la extrema derecha hay que decir algo muy claro. Ninguna persona es ilegal y ningún derecho se negocia", ha apostillado.